La prestación de 200 euros al mes por hijo que prepara el Gobierno: qué se sabe hoy y cuándo podría llegar
Una propuesta impulsada por un dato fácil de entender: España encabeza la tasa de pobreza infantil de toda la Unión Europea
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La cifra lleva meses circulando en el debate político español y ha generado una avalancha de búsquedas en internet que supera cualquier otra ayuda social del año. Pero conviene ir al principio y decir lo que es: la prestación universal por crianza de 200 euros al mes por hijo menor de 18 años es una propuesta del Gobierno que a día de hoy no está aprobada, no está publicada en el BOE y no hay un plazo oficial de solicitud habilitado. Lo que sí existe es un contexto que explica por qué esta medida ha dejado de ser una quimera política para convertirse en el eje de un debate urgente.
El diagnóstico que lo justifica
España encabeza la tasa de pobreza infantil de toda la Unión Europea. El 29,2% de niños, niñas y adolescentes está en pobreza en el año 2024, es decir, 9,5 puntos más que entre la población general y 0,3 más que el año anterior. El 34,6%, más de un tercio del total de menores, está en riesgo de pobreza o exclusión social.
Los datos de Eurostat publicados en mayo de 2026 confirman la misma tendencia con cifras del año anterior: España volvió a registrar en 2025 la tasa de pobreza infantil más elevada de la Unión Europea con un 28,4% y se sitúa 8,8 puntos por encima de la media.
La prestación universal por crianza requiere de un alto grado de compromiso político y de una inversión significativa, pero supondría a medio plazo una reducción significativa de la pobreza infantil de al menos un 11,2% (3,6 puntos). El coste de no actuar también implica un gasto muy amplio para la sociedad, que el estudio "El coste de la pobreza infantil en España" estima hasta el 5,1% del PIB, lo que equivale a 63.000 millones de euros anuales.
Qué contempla la propuesta
El 10 de febrero de 2026, el Consejo de Ministros incluyó en la revisión de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 el compromiso de avanzar hacia una prestación por crianza bajo criterios de universalidad. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, la ha definido públicamente como una "deuda democrática" con las familias. La llamada Prestación Universal por Crianza sería de 200 euros mensuales por cada hijo menor de 18 años, tendría carácter universal, sin depender del nivel de ingresos y sería no contributiva, por lo que no se exige haber cotizado. Además, sería compatible con otras ayudas existentes.
Los trámites necesarios serían mínimos, y lo único que tendría que hacer la persona que solicite la prestación es acreditar que reside en el país y tiene a su cargo menores de edad. Un certificado de empadronamiento y la presentación del libro de familia son trámites básicos con los que esto se conseguiría.
Su impacto presupuestario no es menor. Según datos del Instituto Nacional de Estadística correspondientes a enero de 2025, en España había 7.960.945 personas menores de edad. Si la prestación llegase a todas estas personas, por un valor de 200 euros mensuales, su puesta en marcha tendría un coste de 19.106 millones de euros al año.
El escollo: los Presupuestos y la posición de Hacienda
La propuesta tiene un obstáculo político de primer orden. La intención del Gobierno es intentar activarla en 2026, pero dependerá de los apoyos parlamentarios. Los Presupuestos Generales del Estado continúan prorrogados desde 2023, y la mayoría parlamentaria necesaria no está garantizada.
La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha mantenido una posición prudente, ya que antes de modificar o crear nuevas prestaciones considera necesario evaluar el impacto real de las ya existentes, y ha señalado que, si hubiera que rediseñar el sistema de apoyo a la infancia, quizá sería necesario refundir varias ayudas actuales en una sola.
En cualquier caso, los expertos estiman que la aprobación formal no llegaría antes del primer trimestre de 2027, supeditada a la aprobación de nuevos Presupuestos Generales del Estado.
Lo que existe mientras tanto
La ayuda por hijo a cargo, regulada por la Seguridad Social, mantiene en 2026 una cuantía de 588 euros anuales por cada hijo menor de 18 años, que supone unos 49 euros mensuales, para hogares con ingresos bajos, con un límite general de 15.356 euros anuales. Esta ayuda selectiva, condicionada y cubre solo un segmento de las familias que la prestación universal pretende alcanzar. La diferencia entre ambas medidas es el espacio político donde se libra ahora mismo el debate más relevante sobre el futuro de la política familiar en España.