Algunas ciudades empiezan a subvencionar la retirada de amianto en viviendas antiguas
Se estima que en España quedan entre 10 y 15 millones de toneladas de este material instaladas en cubiertas, canalizaciones, aislamientos y depósitos
Ayudas de hasta varios miles de euros para quienes conviertan locales vacíos en viviendas
En los baldíos suburbios de la España construida entre los años sesenta y noventa hay todavía un compañero silencioso al que muchos vecinos ni siquiera identifican como amenaza. Hablamos de esa placa ondulada de fibrocemento con amianto. Una uralita en la caseta del jardín, un depósito de agua en el patio interior, una bajante gris de una casa de tres plantas del extrarradio, un tejadillo en el garaje comunitario.
El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo estima que en España quedan entre 10 y 15 millones de toneladas de este material instaladas en cubiertas, canalizaciones, aislamientos y depósitos. El tiempo que pasa desde la exposición a la aparición de la enfermedad es de 20 a 50 años, lo que explica por qué seguimos registrando cada año en torno a 2000 nuevos casos de mesotelioma, el cáncer asociado a la inhalación de sus fibras.
La cuestión ha pasado, sin embargo, de ser un problema abstracto de salud pública a convertirse en una obligación con calendario. La Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados obligó a todos los ayuntamientos españoles a elaborar un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto en el plazo de un año desde su entrada en vigor, y a planificar su retirada priorizando los edificios más peligrosos y las poblaciones más vulnerables.
La fecha límite para desamiantar todos los emplazamientos públicos de mayor riesgo es el 31 de diciembre de 2028. En ese marco, decenas de ayuntamientos y comunidades autónomas han empezado a activar líneas de subvención específicas para acelerar la retirada.
Cataluña: el modelo más generoso y rápido
La Agencia de Residuos de Cataluña (ARC) mantiene desde hace varios años una convocatoria anual que, para su edición de 2026, abrió el plazo de solicitud el 18 de junio y lo mantuvo hasta el 2 de julio.
La cuantía máxima alcanza los 30.000 euros por inmueble y puede llegar a cubrir el 100% del coste de la retirada, con la salvedad de que la subvención se limita a la retirada, el transporte y la gestión final del residuo por parte de una empresa inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto. los materiales de sustitución, es decir, la nueva cubierta y las nuevas bajantes, corren por cuenta del propietario. Hay que tener en cuenta que esta ayuda se agota habitualmente en los primeros días de convocatoria.
Madrid, Navarra, Extremadura: convocatorias abiertas
Fuera de Cataluña, el mapa se compone de piezas irregulares pero cada vez más numerosas.
- El Ayuntamiento de Madrid gestiona a través del Plan Rehabilita ayudas de hasta el 90% del coste, con un tope de 12.000 euros por vivienda, en edificios residenciales de más de 30 años con Informe de Evaluación de Edificios favorable con convocatorias todavía abiertas este 2026.
- Navarra dispone de una convocatoria específica con las mismas condiciones de cobertura del 90% y un tope de 20.000 euros.
- Extremadura ha aprobado para este año el Decreto 49/2025 con una dotación de 200.000 euros orientada a cubiertas con amianto con líneas de vida incluidas.
- Castilla-La Mancha permite subvencionar hasta el 80 % del coste cuando la retirada se combina con una mejora energética significativa del edificio.
Los ayuntamientos que han asumido su parte
La capa municipal, más discreta pero especialmente relevante para los propietarios individuales, ha empezado a moverse con particular intensidad en ciudades industriales con parque residencial construido entre los años cincuenta y ochenta. Así, municipios catalanes como Badalona, L'Hospitalet, Terrassa o Sabadell disponen de líneas propias de ayuda para vecinos que aborden la retirada.
Algunos ayuntamientos, tanto en Cataluña como en el resto del país, han añadido, además, bonificaciones en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles para quienes desamianten voluntariamente su vivienda. No se trata de una subvención directa, pero reduce el coste efectivo de la operación durante los años siguientes.
Y es que, el coste de retirar el amianto no es baladí. Una cubierta de fibrocemento de 100 metros cuadrados cuesta retirarla entre 2.500 y 6.000 euros sin subvención. Con las ayudas activas, este importe puede reducirse a menos de la mitad, y en Cataluña llega a ser cero si se solicita a tiempo.