Dinero para pagar el psicólogo: las comunidades que ya subvencionan la salud mental y cuánto ofrecen
El código postal continúa condicionando el acceso efectivo a un derecho que las estrategias sanitarias europeas consideran ya de primer orden
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Que una sesión de terapia cueste entre 50 y 80 euros y que la alternativa en la sanidad pública tenga una lista de espera para la primera consulta que puede demorarse meses, ha hecho que atender a nuestra salud mental sea ya un gasto importante en los presupuestos de muchos hogares.
Frente a este desembolso silencioso y continuado, capaz de drenar la economía doméstica de quien padece ansiedad, depresión o duelo prolongado, el mapa fiscal español ofrece una respuesta desigual, con tan solo tres comunidades autónomas que contemplan hoy una devolución parcial de lo abonado al psicólogo cuando llega la campaña de la Renta. Fuera de ese perímetro, el bolsillo del contribuyente carga con el coste íntegro.
El Estado, conviene subrayarlo, no habilita ninguna deducción general en el tramo estatal del IRPF por acudir a terapia. La cobertura pública se articula, en cambio, mediante un refuerzo presupuestario del Sistema Nacional de Salud, en un reparto que excluye a Navarra y País Vasco por su régimen foral, y asigna las mayores partidas a Andalucía, Cataluña y Madrid. Es un esfuerzo estructural, no un cheque para el ciudadano.
Comunitat Valenciana: con casilla específica
Es el territorio pionero. La Generalitat ha diseñado una subcategoría fiscal expresamente dedicada a la salud mental, algo que ninguna otra autonomía ha replicado. Se contempla una deducción del 30% de las cantidades satisfechas en gastos "relacionados con la atención a personas afectados por cualquier patología relacionada con la salud mental", con un límite máximo de 150 euros por contribuyente.
Dicha deducción exige factura, pago trazable por medios bancarios, informe facultativo que justifique el tratamiento y prestador inscrito en el Registro Oficial de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios o en el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios.
El umbral de renta se ha ampliado de forma retroactiva desde el 1 de enero de 2025 que eleva los niveles de renta para acogerse a las deducciones, pasando de 32.000 a 60.000 euros en las rentas individuales y de 48.000 a 78.000 euros en las rentas conjuntas. Entre 54.000 y 60.000 euros (individual) o entre 72.000 y 78.000 (conjunta), el tope se reduce mediante una fórmula proporcional recogida en el propio manual de la AEAT.
Cantabria: un 10% para gastos sanitarios
En territorio cántabro no existe una partida etiquetada como "salud mental", pero la deducción autonómica por gastos de enfermedad admite honorarios de psicólogos con condición sanitaria acreditada. La Agencia Tributaria fija el 10 por 100 de los gastos y honorarios profesionales abonados durante el año por la prestación de servicios sanitarios por motivo de enfermedad, salud dental, embarazo y nacimiento de hijos, accidentes e invalidez, con topes de 500 euros en tributación individual y 700 en conjunta, ampliables en 100 euros adicionales cuando el contribuyente acredite discapacidad igual o superior al 65 por ciento.
El techo de renta cántabro es más restrictivo, y la suma de las bases liquidables, minorada en el mínimo personal y familiar, debe permanecer por debajo de 22.946 euros en tributación individual o de 31.485 en conjunta. Los pagos en metálico quedan expresamente excluidos.
Canarias: el 12% con techo de 500 euros
El archipiélago ofrece el porcentaje más alto entre las tres deducciones sanitarias que amparan la atención psicológica. La AEAT recoge el 12 por 100 de los gastos y honorarios profesionales abonados durante el periodo impositivo por la prestación de servicios realizada por quienes tengan la condición de profesionales médicos o sanitarios, excepto farmacéuticos, por motivo de la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades. El límite anual es de 500 euros (individual) y 700 (conjunta), con un incremento de 100 euros para mayores de 65 años o para quienes acrediten discapacidad reconocida a partir del 65 por ciento.
Los umbrales de base imponible fijados por Canarias son 46.455 euros (individual) y 61.770 (conjunta); superados esos límites, la deducción se reduce drásticamente a 150 euros por contribuyente. La aplicación queda condicionada a la declaración del NIF del prestador y de la cantidad anual abonada.
Para las catorce comunidades restantes, la terapia sigue siendo un gasto fiscalmente inerte. Ni Madrid, ni Andalucía, ni Cataluña contemplan una devolución individual en el IRPF por acudir a consulta psicológica. La disparidad territorial evidencia hasta qué punto el código postal continúa condicionando el acceso efectivo a un derecho que las estrategias sanitarias europeas consideran ya de primer orden.