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Más de cuatro millones de trabajadores podrían verse afectados por más de 631 000 expedientes de regulación temporal del empleo, ERTE, a nivel nacional en abril. Es la estimación que hace un estudio de la EAE Business School, llamado 'La crisis del COVID-19 y su impacto económico', elaborado por el profesor y analista económico, Juan Carlos Higueras.
El estudio analiza la repercusión económica de la actual crisis sanitaria y cómo gestionarla para una recuperación y reactivación de la economía. En él, se recoge que la vuelta a una situación precrisis será en el segundo trimestre de 2021 o, la posibilidad más optimista, a partir del cuarto trimestre de 2020 con la cercanía de la campaña navideña, siempre que no haya un nuevo brote.
El informe, de las medidas planteadas para reactivar la economía, destaca la aplicación de un plan Marshall similar al que puso en marcha EEUU tras la Segunda Guerra Mundial. ECOFIN ha acordado suspender temporalmente las normas de convergencia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento por el que los países no deben tener una deuda sobre PIB superior al 60%, ni un déficit público superior al 3%, por lo que se espera que aumenten de dichos ratios en todos los países como consecuencia de las necesidades presupuestarias que habrá en breve, los elevados desequilibrios de las cuentas públicas que llegarán y que deberán ser financiados mediante aumentos en la deuda pública.
Higueras, autor del estudio, advierte que para aplicar estas ayudas deben diseñarse medidas de estímulo nacional que “sean fruto del consenso de todas las fuerzas políticas, eliminando cualquier sesgo ideológico que ponga en peligro la recuperación”.
El mecanismo “más viable y relevante” para conseguir la ayuda europea, sin renunciar a cualquier otro, según el profesor, es el Mecanismo Europeo de Estabilidad, MEDE, conocido popularmente como Fondo de Rescate, donde España podría conseguir rápidamente al menos 25 000 millones de euros (2% PIB), flexibilizando los requisitos de supervisión. "Por sí solo es insuficiente. Se necesitan activar otros paquetes de estímulos aprobados a través del Banco Europeo de Inversiones, los fondos para hacer frente al desempleo en Europa y además, diseñar nuevos vehículos para financiar la recuperación”, señala Higueras.
“Estas inyecciones de liquidez de Europa,además, nos ayudan a evitar que la posible subida en nuestra prima de riesgo dificulte el acceso al mercado de deuda pública. Además del riesgo, hay que destacar que los inversores están buscando refugio en los bonos norteamericanos, en el oro y en el dólar, lo que obligaría a aumentar la rentabilidad de nuevas emisiones de deuda pública como también le ocurrirá a países como Italia o Francia, con el coste financiero que conlleva. Debemos ir todos juntos de la mano bajo el paraguas de la zona euro”, aconseja.
"Es muy importante que dichos fondos sean aplicados con transparencia a esta crisis y no utilizados para otras medidas de gasto público ajenas a las derivadas de la pandemia, así no alimentaremos sospechas entre los socios europeos que nos vigilan con atención, pues somos uno de los países con la etiqueta de no cumplir con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento desde hace años. Es una buena oportunidad para demostrar nuestra eficiencia en la gestión del gasto y alineamiento con las políticas fiscales europeas”, precisa el autor del estudio.
España, Italia, Francia, Portugal e incluso la Comisión Europea, y otros como Alemania, Países Bajos, Austria y los países nórdicos (en especial Suecia), los conocidos como los “países austeros”, están a favor de la reactivación sin condicionantes. Sostienen que este fondo de rescate “sólo sea utilizado como la última bala en caso de extrema necesidad y, además, bajo el cumplimiento de unas condiciones y requisitos más estrictos”.
El estudio también trata la vía de los eurobonos, rebautizados como coronabonos, títulos de deuda de estabilidad europea respaldados por todos los países de la zona euro que permiten mutualizar la deuda pública y el riesgo soberano de todos los países que se financian en el mercado bajo un único paraguas europeo.
"La puesta en marcha de este tipo de títulos -coronabonos- sería un primer gran paso hacia la fase final de construcción y unidad europea que conllevaría el desarrollo de instituciones supranacionales como un tesoro público europeo y la integración fiscal de los países", señala el analista económico. "Sin embargo, no todos los países están dispuestos a perder su soberanía fiscal en favor de Europa, ya que es la única herramienta de política económica (una vez perdida la monetaria) de que disponen los gobiernos para poder tomar las decisiones y elaborar los presupuestos de cada país sin depender de nadie”, añade el estudio.
Otra de las medidas tomadas por las empresas en estos días de confinamiento han sido los ERTE. “Es muy probable que durante el mes de abril aumenten bastante más las solicitudes de suspensión temporal de empleo. Aunque los datos oficiales van cambiando a diario y algunos de ellos no se conocen con exactitud, se puede realizar una estimación en base a los datos disponibles en los primeros días del mes", señala Higueras.
Según estas estimaciones del estudio, se podría alcanzar a final de abril un total cercano a los 4 190 000 trabajadores afectados por más de 631 000 expedientes de regulación temporal de empleo a nivel nacional, llegando a los 4 300 000 trabajadores en el peor escenario.
Por regiones, Andalucía, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, Canarias, Baleares y País Vasco estarían entre las más afectadas. Igualmente, según Higueras, es posible que un 20% de estos trabajadores pasen a engrosar las listas de paro dentro de unos meses.
“España es el único país del entorno que no está aplicando estímulos fiscales para hacer frente a la crisis estableciendo exenciones, bajadas de impuestos y cuotas sociales”, critica el profesor. Solo hay un número limitado de casos con aplazamientos sin coste hasta el 20 de mayo, insuficiente según los expertos, pues obligará a muchos autónomos que no tienen al tener paralizada su actividad. Lo mismo ocurre con la campaña de la Renta 2019 que ha comenzado en medio del confinamiento.
Esta estrategia difiere de la de otros países como Alemania, Francia, Italia, Estados Unidos, Austria, China, Australia, Indonesia, Rusia, Nueva Zelanda, Bélgica, Rumanía, Lituania, Portugal, Noruega o Grecia, tal y como se recoge en el estudio. "El Gobierno no está dispuesto a renunciar a ningún ingreso. Hay riesgo de asfixiar a la economía, fomentar la economía sumergida y reducir la recaudación de impuestos, consiguiendo el efecto contrario”, advierte el profesor.
Higueras sugiere que es muy posible que el proceso de reanudación de la actividad económica se realice a diferentes velocidades, en tres fases: junio-agosto, septiembre-octubre y noviembre-diciembre, dependiendo del tipo de actividad. Por ello, actividades relacionadas con el turismo, ocio, cultura, restauración y comercio serán las más afectadas pues se reactivarían durante el 4º trimestre de 2020.
El analista, además, remarca que todas las medidas deben articularse sobre el eje de la liquidez en sentido amplio para así tener un objetivo común y evitar un efecto “dominó”. El objetivo es proteger el tejido empresarial y social mediante el empleo para que las familias tengan suficiente renta disponible que estimule la demanda y las empresas tengan incentivos para invertir, evitando que una crisis de liquidez a corto plazo se transforme en crisis de solvencia a largo plazo para toda la economía, incluidas las arcas públicas.