El Ministerio de Consumo investigará a las empresas que publicitan en España productos o servicios procedentes de territorios palestinos ocupados

Jenifer Moreno 30 SEP 2025 - 12:26h.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 investigará a las empresas que publicitan en España servicios prestados o productos procedentes de territorios palestinos ocupados por Israel, en base al decreto aprobado por el Gobierno hace una semana.

La medida se ampara en el Real Decreto ley 10/2025 aprobado el 23 de septiembre por el Gobierno de España para adoptar medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina, asegura en un comunicado el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. En concreto, recuerda que el artículo 4 de dicho Real Decreto-ley prohíbe expresamente la publicidad de bienes y servicios procedentes de estos territorios ocupados, con el objetivo de limitar la posibilidad de desarrollar ese negocio.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 cree que mantener servicios prestados o productos procedentes de territorios palestinos ocupados por Israel contribuye a “perpetuar los esfuerzos coloniales y el genocidio”. Como consecuencia, tal y como adelantó el ministro de esta cartera, Pablo Bustinduy, en julio durante la presentación del acto ‘Alianzas y acciones ante el genocidio en Palestina’, Consumo va “poner todos los recursos que sean necesarios” para garantizar “que ninguna empresa que opere en España tenga sus cuentas de resultados manchadas con la sangre del pueblo palestino” y que, de ser así en el presente, abandonen “toda operación vinculada a la ocupación israelí, ya sea directa o indirectamente”.

El informe de la ONU y las empresas que operan en territorios ocupados

En este sentido, el departamento que dirige Bustinduy, menciona en su comunicado el informe publicado en julio por Francesca Albanese, la representante de Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, titulado ‘De la economía de la ocupación a la economía del genocidio’. Dicho documento asegura que hay empresas que se están beneficiando económicamente de la ocupación ilegal de estos territorios.

Además de este informe, la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó el viernes una ampliación del listado de empresas que operan en asentamientos ilegales israelíes en la Cisjordania ocupada, con 68 nuevas firmas, una 'lista negra' en la que se incluyen cuatro compañías españolas: Actividades de Construcción y Servicios (ACS), Sociedad Española de Montajes Industriales (SEMI), Construcciones y Auxiliar de ferrocarriles (CAF) e Ingeniería y Economía del Transporte (Ineco).

En el caso de ACS y SEMI, la ONU señala las mismas infracciones: el “uso de recursos naturales, principalmente de agua y suelo, para su negocio” en territorio ocupado. Consultada por la agencia Europa Press, ACS ha negado tener contratos en la zona, ni en la Palestina ocupada ni en Israel, y atribuyen su mención en el listado a antiguas filiales industriales que vendió al grupo francés Vinci. Precisamente, SEMI es una de esas empresas que hace cuatro años vendió a Vinci.

También Ineco, dependiente del Ministerio de Transportes, ha negado a esta agencia tener vínculos con contratos en territorio ilegal, sino solo en territorios reconocidos internacionalmente de la parte israelí. Concretan, que su inclusión en el listado podría deberse a que trabaja en una línea de tranvía que llega a territorio ocupado, pero que solo están diseñando un túnel en la parte legal. Además, afirman que desde octubre de 2023 han tratado de desvincularse de la Administración y empresas israelíes. Para ello, han rechazado participar en nuevos pedidos.

En cuanto a la vasca CAF, que tiene capital público del Gobierno vasco, la agencia indica que sí participa en un tranvía que discurre por la zona ocupada. Esta semana se adelantó a la publicación de esta lista para defender que respeta los derechos humanos en Palestina.