En la calle Argumosa esta mañana se han escuchado gritos de "Argumosa no se vende, Argumosa se defiende" y de "mercenarios" y se han visto en primera línea a políticos y personajes públicos, como el diputado de Unidos Podemos del Congreso de los Diputados, Alberto Rodríguez, el actor Alberto San Juan y los concejales de Ahora Madrid en el Ayuntamiento Montserrat Galcerán y Carlos Sánchez Mato. Mientras varias personas han quitado los carteles reivindicativos de los balcones y colocaban cámaras de videovigilancia, los inquilinos trataban de negociar la retirada de los enseres con los letrados de la propiedad.
Pese a todo, la comisión judicial, acompañada de un despliegue policial casi sin precedentes, ha procedido al desahucio de las cuatro familias en la calle madrileña de Argumosa, en Lavapiés. La abogada y portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Alejandra Jacinto, ha tildado de "salvajada" el lanzamiento de estas familias en situación de vulnerabilidad y sin alternativa habitacional. En ellas hay varios menores.
Jacinto ha explicado que tres juzgados diferentes han acordado un lanzamiento "coordinado jamás visto" en el que decreta el desahucio de cuatro mujeres y sus familias y advertía de la posible comisión de un delito de desobediencia y resistencia en caso de oponerse al lanzamiento, tanto a inquilinas como activistas.
Como no era la primera vez que se intentaba el desalojo de los inquilinos de Argumosa 11, un fuerte dispositivo policial ha acordonado la zona y ha velado por el cumplimiento del lanzamiento. Se han esuchado gritos de 'vergüenza' y se han vivido momentos de mucha tensión.
Los miembros de la plataforma han intentado evitar la entrada de la policía. Muchos de ellos se han sentado en las escaleras para impedirlo, sin éxito. Hay siete detenidos. Muchos llevaban cascos azules, en clara referencia a la resolución de la ONU que advertía de la ilegalidad del desalojo al no dar alternativa habitacional a las familias afectadas. Los detenidos están acusados de acusados de delitos de resistencia y desobediencia a la autoridad.
Dos de las familias desahuciadas este viernes en la calle Argumosa, 11, en el barrio de Lavapiés, se irán a una pensión, otra a una plaza hotelera y una cuarta se instalará con familiares, han informado a Europa Press fuentes municipales.
El Ayuntamiento de Madrid ha otorgado este recurso de emergencia habitacional a las cuatro familias desahuciadas "a la espera de tener una alternativa más estable", según ha explicado la portavoz del Gobierno municipal de Ahora Madrid, Rita Maestre, y el delegado de Economía y Hacienda y presidente del distrito Centro, Jorge García Castaño, ante los medios de comunicación.
"Para las cuatro un recurso de emergencia, vamos a intentar inmediatamente, en el tiempo que podamos, 15 días, tener una alternativa más estable. Van a estar en un recurso habitacional del Ayuntamiento", ha especificado Castaño, quien ha añadido que están en conversaciones con el Gobierno regional sobre esa alternativa "más estable". Ambos se han mostrado "enormemente entristecidos" por estos desahucios.
Maestre ha asegurado que esto "no es un problema puntual, es estructural", debido a que "no hay una regulación que impida que de la noche a la mañana a alguien con independencia de si su salario ha subido o no ha subido, se le pueda subir el alquiler un 300 por ciento". "Este es el problema del que hablamos, las administraciones tenemos que construir vivienda pública, el Ayuntamiento tiene en marcha 3.400 y la Comunidad 300", ha expresado a continuación.
Así, Rita Maestre ha planteado al necesidad de que el Gobierno regional se plantee una ley de vivienda para Madrid "y en segundo lugar y más urgente, que el Congreso saque adelante ese decreto de vivienda". García Castaño ha explicado que este recurso de emergencia será tal hasta que se halle una "alternativa más sólida y más estable para familias desahuciadas". Siguiendo la tónica de Maestre, ha hecho un llamamiento "a las administraciones que tienen competencia, a la comunidad autónoma que tiene que construir vivienda, que lleva prácticamente una década sin construir, y al gobierno central a que en estos últimos días se llegue a una acuerdo sobre el decreto de vivienda".
Han recordado que este procedimiento de desalojo ha seguido hacia adelante pese a que "la ONU ha dicho de forma tajante que no debe producirse este desalojo mientras no exista alternativa habitacional". Sobre la tipología de este vivienda, Castaño ha indicado que "no es una de las viviendas vendidas a fondo buitre", sino "una empresa que ha gestionado esta propiedad". "Son varios propietarios, es una empresa. Hemos intentado mediar todos estos meses y no ha sido posible, planteándonos muchas posibilidades", ha lanzado.