Reactivan el desahucio de una familia con seis menores, de entre tres y 14 años, tras no reconocer su vulnerabilidad en Gran Canaria
Una familia de Ingenio, localidad de Gran Canaria, con seis hijos será desahuciada el próximo jueves 13 de noviembre
El juez considera que la familia no es vulnerable porque el padre trabaja y tiene un sueldo
IngenioLa plataforma Derecho al Techo de Canarias ha denunciado este sábado que una familia de Ingenio, localidad de Gran Canaria, con seis hijos será desahuciada el próximo jueves 13 de noviembre, después de que el juzgado haya reactivado el procedimiento paralizado en septiembre al no reconocer su situación de vulnerabilidad.
La abogada de la plataforma, Isabel Saavedra, ha explicado a EFE que el juez considera que la familia no es vulnerable porque el padre trabaja y tiene un sueldo.
La situación de la familia
Sin embargo, la letrada cuestiona ese criterio, recordando que en Canarias, "con los precios por las nubes, un salario mínimo no alcanza para pagar un alquiler de 800, 900 o 1.000 euros y alimentar a seis hijos", de entre tres y 14 años.
El padre, Moisés Macías, percibe un salario mínimo como reponedor, empleo al que accedió tras renunciar a la incapacidad absoluta para poder trabajar, reduciéndola a una incapacidad total, ha explicado Saavedra.
La familia iba a ser desalojada el pasado 9 de septiembre, pero el desahucio se suspendió porque el juzgado no había resuelto un recurso presentado por la abogada, en el que pedía que se reconociera su vulnerabilidad.
El fondo que compró su deuda al banco le pide por su vivienda el 86% del precio que pagó por ella
Ahora, el tribunal ha desestimado ese recurso y ha fijado nuevamente el lanzamiento para el próximo jueves 13 de noviembre.
Según explicó el padre en septiembre, compró la casa en 2006 y pagó la hipoteca durante 14 años, hasta que su mujer perdió el trabajo apenas unos meses antes de la pandemia de la covid-19, cuyas restricciones le hicieron muy difícil conseguir otro empleo.
Con los ingresos limitados a una pensión de incapacidad y a un subsidio de paro, la pareja dejó de pagar el crédito hipotecario, pero ahora que tienen trabajo y tienen capacidad de saldar la deuda, el fondo que compró su deuda al banco le pide por su vivienda el 86% del precio que pagó por ella hace ya casi dos décadas, sin que se le reduzcan las cuotas abonadas durante 14 años.
Miedo a que los menores acaben en un centro
La abogada ha presentado un nuevo recurso con la esperanza de que el desahucio vuelva a suspenderse si no se resuelve antes de la fecha prevista.
Ahora, Isabel Saavedra, abogada de la familia, ha expresado la preocupación de que si la familia es desahuciada, los niños sean trasladados a un centro de menores.
