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Eugen Sabau se convierte este martes en el primer reo en recibir la eutanasia en España. La muerte del exvigilante de seguridad, que en diciembre de 2021 la emprendió a tiros en su antigua oficina y después disparó contra dos mossos d´Esquadra antes caer abatido, gravemente herido, está prevista para este martes. Fue él quien lo pidió y ganó el pulso a sus víctimas, que intentaron que Sabau no pusiera fin a su vida hasta después del juicio. Pero el entorno de sus víctimas tiene claro que "ya no hay vuelta atrás" porque los pasos judiciales están agotados.
La Audiencia de Tarragona y el TC rechazaron la petición de las víctimas al considerar que el derecho a la tutela judicial efectiva no está por encima del de la integridad física y, por tanto, a una muerte digna. Albert Palacio, portavoz del sindicato de mossos USPAC, explica que se plantearon acudir a Estrasburgo, pero que finalmente han decidido desistir porque no había tiempo material para obtener una respuesta.
Lo que no entienden en esa asociación profesional es que el Tribunal Constitucional no haya admitido a trámite su recurso: "No hay jurisprudencia", no tiene sentido que el Tribunal Constitucional no entre a estudiar la colisión entre estos derechos fundamentales. Palacio subraya que el hecho de que la respuesta haya llegado desde la Sala de Vacaciones sugiere, precisamente, que los jueces están de vacaciones.
En las últimas horas, Sabau había intentado ser puesto en libertad para despedirse de los suyos. Pero en eso, la Justicia no le ha dado la razón. La jueza le dijo que podía despedirse de los suyos en el hospital penitenciario donde se ha programado la eutanasia y donde se encuentra ingresado y además, apreció riesgo de fuga porque aunque él no puede moverse, algún familiar podría ayudarle a abandonar el hospital.
Lo inédito de su situación, primer reo que recibe ayuda para morir, ha abierto varios debates. Por un lado, el judicial que ha hecho entrar a los tribunales a ponderar los derechos de las víctimas y el de la muerte digna; y por otro lado el del papel de los funcionarios de prisiones, que rápidamente han salido a decir que ellos no se van a hacer cargo de la eutanasia. Desde la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones, la APFP advertían de que "de ninguna manera" estaban dispuestos a participar el el proceso, pero lo cierto es que no tendrán que hacerlo.
La clave según fuentes conocedoras del caso, es el lugar donde está ingresado y está dispuesta su muerte, un hospital penitenciario. La asociación de funcionarios cree que ese hospital, el de Terrassa, no es el sitio para hacerlo, pero lo cierto es que se trata de un hospital mixto, con módulos civiles y módulos penitenciarios. Fuentes del hospital aseguran que Sabau será conducido a la parte civil para morir, aunque el dato no está confirmado oficialmente, ni por el hospital ni por el Departamento de Justicia porque es información privada de un paciente.
Lo mismo ocurre con la hora y el resto de detalles relativos a la eutanasia. Son los últimos instantes de una persona, y ni las víctimas ni nadie cuestionan su derecho a hacerlo en la intimidad. Eso sí, señala Albert Palacio, que Sabau se va sin pedir perdón a sus víctimas. "Al menos eso les habría ayudado a pasar página desde el punto de vista psicológico", explica.
En cuanto al resarcimiento económico, aunque el Supremo ha dejado claro que la Generalitat es la responsable civil subsidiaria de las indemnizaciones a sus agentes en acto de servicio, "ahora deben empezar desde cero" y no es descartable que tengan que ir a un juicio, porque últimamente se han encontrado con negativas a pagar del Gobierno Catalán.
Hay pocas dudas de que los mossos heridos cobrarán, "porque al final se seguirá la doctrina del Supremo", pero aún así, será considerado un accidente de trabajo, que supone una cuantía menor que un atentado contra un agente de la autoridad, lo que se habría calificado en un juicio.
En cuanto a las otras víctimas, tres antiguos jefes de Sabau en Securitas Direct, lo tienen más complicado. A ellos sólo les corresponderán las ayudas establecidas en el régimen laboral, que nada tienen que ver con las indemnizaciones.
Esa era la principal clave para que intentaran retrasar la eutanasia, a la que en ningún caso se oponen. Para ellos era una cuestión de tiempo.
Todo ocurrió el 14 de diciembre de 2021. Eugene, un vigilante de Securitas Direct, entró a su antigua empresa, pistola en mano y abrió fuego hiriendo a tres superiores suyos: un gerente, un inspector y la responsable de Recursos Humanos. Sabau había tenido problemas laborales y finalmente había sido despedido. Antes de dispararles, había enviado un correo a la empresa: "Voy a vacunar a los jefes de Securitas con tres dosis de Glock-Pfizer de 9 mm. No quiero matarles, les dejaré jodidos", escribió, entre otras muchas cosas.
Dicho y hecho, los tres quedaron maltrechos. Él se dio a la fuga y en su huida disparó contra un control policial, hiriendo a un mosso d´esquadra, su cuarta víctima. Después se atrincheró en un caserón con un arma larga y una mira telescópica, y tras el fracaso de la negociación, comenzó otro tiroteo. El chaleco antibalas no le evitó heridas de la máxima gravedad que le acabaron llevando a pedir ayuda para morir, algo que recibirá este martes.