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El Tribunal Constitucional ha decidido hoy aceptar el recurso presentado por el Partido Popular y frenar la reforma del poder judicial en su trámite parlamentario en el Senado por el que el Gobierno pretendía renovar el CGPJ y el propio Constitucional. Es la primera vez que un poder del Estado impide a otro hacer su trabajo. Una decisión inédita, que ya ha suscitado todo tipo de valoraciones a favor y en contra, y que, en cualquier caso, ya ha sido acatada por el Congreso y por el Senado.
Hoy se va a reunir la mesa del Senado para decidir si sigue adelante con la tramitación del resto de la reforma del Código Penal. Tras la decisión del Tribunal Constitucional, tomada con seis votos a favor y cinco en contra, todas las partes tienen 10 días para presentar alegaciones.
Previamente, los seis magistrados del grupo conservador, mayoritario en el Tribunal Constitucional, han decidido no debatir la petición de recusación de dos jueces del Alto Tribunal con el mandato caducado desde el pasado mes de Junio: Pedro González-Trevijano, y el magistrado Antonio Narváez.
Nunca antes el poder judicial ha intervenido para evitar que el poder legislativo legisle. Es la primera vez que un Tribunal suspende un debate parlamentario por orden judicial.
Tras la admisión de la medida cautelarísima pedida por el PP para impedir el debate parlamentario se abre un precedente importantísimo para que este Alto Tribunal pueda paralizar cualquier acción del Legislativo.
La Mesa del Senado tendrá que decidir este martes si la reforma del Código Penal, que deroga el delito de sedición y toca el de malversación, sigue su trámite en la Cámara Alta, sin las enmiendas que ha paralizado el Tribunal Constitucional.
Este órgano se reunirá antes de la cita de la Comisión de Justicia para determinar si sigue adelante la tramitación del resto de la proposición de ley que reforma el Código Penal.
El presidente del Senado, Ander Gil, ha afirmado en una declaración institucional que acatará la decisión Constitucional, pero ha anunciado que, una vez conocido y analizado el contenido y alcance de la resolución, se estudiarán las vías "para preservar la autonomía parlamentaria".
De este modo, la decisión de si continúa la tramitación en la Cámara Alta del resto de la proposición de ley que reforma el Código Penal recae ahora en la Mesa del Senado, donde el Grupo Socialista y el Grupo Popular tienen tres miembros respectivamente, mientras que el PNV tiene uno.
Si la Mesa del Senado decide continuar con el resto de la proposición de ley, eliminando las enmiendas paralizadas por el Tribunal Constitucional sobre su propia renovación, la Comisión de Justicia podrá dar luz verde a esta norma para que vaya al Pleno, que está previsto que sea el jueves 22 de diciembre.