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Después de más de 300 rebajas de penas a los agresores sexuales por la aplicación de la ley del 'sólo sí es sí' el PSOE ha dado un golpe en la mesa. Corregirá la ley, si es preciso sin Podemos, para evitar lo que tanto en Ferraz como en Moncloa llaman sus "efectos indeseados". La preocupación y la inquietud en las filas socialistas han ido en aumento desde el pasado 7 de octubre cuando el proyecto estrella de Irene Montero entró en vigor. Una de las leyes más polémicas y que más división ha generado desde el primer momento en el seno del Gobierno de coalición.
La alarma social saltó en cuanto se hicieron públicas las primeras excarcelaciones y rebajas de penas, pero el Gobierno siempre defendió que era una ley "pionera" porque pone el consentimiento de la mujer en el centro y "necesaria" porque contempla una protección integral a todas las víctimas sexuales. Pedro Sánchez pidió esperar a que los tribunales unificasen doctrina.
Ahora, viendo el enorme desgaste que está provocando al Ejecutivo -el PP machaca con este asunto un día sí y otro también- los socialistas dan un paso al frente independientemente de lo que hagan sus socios. Toda una declaración de intenciones. Ya trabajan en una proposición de ley que presentarán en el Congreso de forma inmediata y que tiene como objetivo elevar las penas a los agresores sexuales.
El PSOE intenta taponar una vía de agua abierta con un tema especialmente sensible, presume de ser el Gobierno más feminista, y en el peor momento posible, a tan solo cuatro meses de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. Las últimas encuestas, realizadas en plena polémica por las rebajas de penas y por la reforma de la sedición, ya han reflejado una caída en la estimación de voto del PSOE.
En Ferraz niegan que la decisión tenga que ver con un cálculo electoral sino con buscar soluciones ante una preocupación social compartida. Su movimiento es más bien un gesto político de cara al futuro que una decisión con efectos prácticos. Se pueden seguir produciendo revisiones de condenas a agresores sexuales porque los jueces tienen que aplicar la ley más favorable al reo.
La lectura política de Podemos es radicalmente contraria. Durante todo el fin de semana rechazaron dar su brazo a torcer y también en la mañana del lunes, pero a última hora de la tarde Igualdad se mostró dispuesta a retocar las penas mínimas, eso sí, blindando el consentimiento. Victoria Rosell, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, aseguró que habían presentado propuestas relacionadas con la vigencia del derecho transitorio, con su posible ubicación en el título preliminar y con "algún retoque en las penas mínimas".
La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, sostiene que han presentado al PSOE hasta tres iniciativas de reforma en materia penal que, a su juicio, "van a dar menos margen interpretativo a los operadores jurídicos a futuro" y "pueden ayudar a aliviar la situación de preocupación social".
Eso sí, en el Ministerio de Igualdad advierten que esa posible modificación penal "no va a resolver la situación actual de rebaja de penas". Al igual que Podemos ponen el foco en que el problema no está en la ley sino en que una minoría de jueces no la aplica bien.
El equipo de Irene Montero se esfuerza en trasladar en que va a hacer todo lo posible para llegar a un acuerdo con sus socios de coalición, pero también avisa de que no aceptará ninguna propuesta que ponga en juego el modelo de consentimiento.
En eso, coinciden con el PSOE y con el sector socialista del Gobierno. Tanto la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, como el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, fueron rotundos al garantizar que el consentimiento seguirá siendo el elemento nuclear. "No podemos permitir que nuevamente en juicios con agresiones sexuales encima de la mesa se les pregunte a las mujeres si se resistieron lo suficiente", ha enfatizado el ministro.
Las responsables de Igualdad son escépticas porque consideran que si se introduce de nuevo el concepto de violencia e intimidación "se cargan el sistema de consentimiento". "Aunque no derogues la palabra consentimiento, si introduces otra vez esa inercia judicial de atender a la violencia y a la intimidación, esto se convierte en el calvario probatorio, en una necesidad de resistencia de las mujeres ante esa violencia o intimidación", ha argumentado Rosell.
Podemos considera que el movimiento del PSOE, sin esperar a un consenso con ellos, se debe a las "presiones" del PP y de los sectores más conservadores para volver al modelo anterior. "Si Pedro Sánchez pacta esto con el PP, lo pagará", ha llegado a decir Pablo Iglesias, fundador de Podemos, en la Cadena SER.
El choque entre los dos partidos está servido. Hay además distintas visiones dentro de Podemos sobre cómo abordar este asunto. En el PSOE también dicen que su voluntad es alcanzar un acuerdo con Podemos para poder firmar esa proposición de forma conjunta y que una vez registrado el texto "cuente con un apoyo mayoritario del resto de partidos", pero también dejan claro que si no hay pacto el PSOE "dará un paso adelante".
Nadie habla de plazos concretos. La proposición se registrará "de forma inmediata", es lo máximo que trasladan en Ferraz donde explican que quieren un texto "serio y riguroso" que cuente con la aportación de los expertos. Eso lleva tiempo, al igual que una tramitación parlamentaria que se puede complicar en año electoral.
La base de trabajo es la propuesta del Ministerio de Justicia, adelantada por la Cadena SER, que propone recuperar las penas del anterior Código Penal para evitar las rebajas a los condenados en los casos más graves. Las rebajas se han producido porque la nueva ley elimina la distinción entre abuso (sin violencia) y agresión (con violencia) y fija unas horquillas que va anterior desde la pena mínima por abuso a la anterior pena máxima por agresión.
La ministra de Justicia plantea volver a castigos de entre 1 y 5 años cuando haya violencia, intimidación o se haya anulado la voluntad de la víctima y de entre 6 y 12 años en esos mismos casos cuando la agresión sexual sea con penetración, es decir, las mismas horquillas que figuraban en el tipo de agresión anterior a la 'ley del solo sí es sí'.
Los morados rechazan esa propuesta del Ministerio de Justicia porque creen que vuelve al modelo anterior donde las víctimas tendrán que soportar otra vez que se ponga en cuestión si se resistieron ante una agresión. El Ministerio de Igualdad propone un plan con medidas concretas y urgentes para implementar la ley. Entre ellas, que los juzgados de violencia de género se especialicen en los casos de violencia sexual, más formación a jueces y a todo el personal de la Administración de Justicia e Interior y un incremento de efectivos para la protección de las mujeres.
A todo esto el PP mete el dedo en la herida y aprovecha para presentarse como el salvador del PSOE si Podemos no quiere reformar la ley. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha garantizado su apoyo inmediato en el Congreso para cambiar el texto y "reparar la dignidad de las víctimas". El líder popular, tras reunir a su dirección y barones territoriales, le ha garantizado "el rigor que no tiene en su Consejo de Ministros, el sentido de estado que no tiene en sus apoyos parlamentarios y la sensibilidad que no ha demostrado con las mujeres víctimas de la violencia de género".
El PP quiere volver a las penas que estaban en vigor en septiembre de 2022 y no se plantea tocar el consentimiento, la línea roja que hasta ahora ha marcado el Gobierno. Sánchez y Feijóo mantendrán este martes en el Senado su tercer gran duelo parlamentario y aunque sobre el papel las medidas económicas para hacer frente a la crisis son las protagonistas, la polémica del 'sólo sí es sí' planeará todo el debate.