Junts tumba la ley de amnistía por el rechazo del PSOE a aceptar sus enmiendas y la norma vuelve a la Comisión de Justicia
La ley cae por la negativa del PSOE a introducir las enmiendas 'vivas' que habrían reforzado el perdón al 'procés'
Los beneficiados de la ley de amnistía: más de 300 independentistas con los líderes del procés a la cabeza
La proposición de ley de amnistía, rechazada: ¿y ahora qué?
La proposición de ley de amnistía que perseguía perdonar una década del 'procés' ha naufragado en el Congreso de los Diputados por las exigencias de Junts, que reclamaba el blindaje total frente a las acusaciones de terrorismo y el perdón de los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la defensa nacional. Su inclusión habría impedido seguir adelante al juez del 'caso Voloh', que insiste en la conexión del independentismo catalán con Rusia.
Este martes, la Cámara Baja ha rechazado un texto que amnistiaba los actos determinantes de "responsabilidad penal, administrativa o contable" ejecutados en el contexto del proceso independentista catalán --incluidos 9-N y 1-O--, su preparación y consecuencias, "siempre que hubieren sido realizados entre los días 1 de enero de 2012 y 13 de noviembre de 2023".
Junts ha mantenido el pulso hasta el último momento para reforzar la amnistía y blindar totalmente el terrorismo
La ley ha sido apoyada por 171 diputados, pero la formación liderada por Carles Puigdemont se ha unido al bloque del 'no', formado por el PP, Vox, CC y UPN y que ha sumado 179 votos.
Pese a ello, para los de Junts el alcance del texto inicialmente acordado con el PSOE era insuficiente porque no incluía el paquete de enmiendas parciales con las que pretendía que se perdonaran todos los delitos de terrorismo, sin excepciones, y los delitos de traición, contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la defensa nacional.
La semana pasada, la formación presidida por Laura Borràs pactó con el PSOE que la norma abarcara todos los delitos de terrorismo, salvo los cometidos "de forma manifiesta y con intención directa" que hayan causado "violaciones graves de Derechos Humanos", citando expresamente los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo, que recogen el derecho a la vida y la prohibición de la tortura, respectivamente.