La percepción de la corrupción en España empeora: pierde cuatro puntos en el ránking y desciende diez posiciones

España ha retrocedido cuatro puntos y diez puestos en el Índice de Percepción de la Corrupción 2024, situándose en la posición 46 de un total de 180 países analizados, según Transparencia Internacional. La organización atribuye este descenso al estancamiento a nivel nacional y al desmantelamiento institucional en el ámbito autonómico.

Estos son algunos de los datos a los que ha tenido acceso EFE, incluidos en el Índice de Percepción de la Corrupción 2024, publicado anualmente por esta ONG, que trabaja en la lucha contra la corrupción y en la concienciación sobre los efectos de las malas prácticas públicas a nivel global.

El estudio, que se presentará en su totalidad este martes en una rueda de prensa, revela que España mantiene una calificación de 56 puntos sobre 100 (frente a los 60 puntos de 2023) y desciende al puesto 46, cuando en el informe anterior ocupaba el puesto 36.

"Desmantelamiento institucional"

Según estos primeros datos, el estancamiento a nivel nacional y el "desmantelamiento institucional a nivel autonómico" están debilitando los esfuerzos anticorrupción. La organización advierte que, sin reformas estructurales "integrales y efectivas", el país continuará experimentando descensos significativos.

Y continuará "enfrentando grandes desafíos en materia de transparencia, buen gobierno y confianza institucional", insiste Transparencia Internacional como no acometa estas reformas. España, en este índice, se sitúa en la posición 46 de un ránking global de 180 países, junto a Chipre, República Checa y Granada, sólo un puesto por encima de Fiji y a dos de Omán.

Por otro lado, España ha bajado del puesto 14 al 16 entre los 27 países europeos, siendo superado este año 2024 por Letonia. Transparencia internacional atribuye esta caída al "retraso" en la transposición de directivas europeas.

Según este informe, aún están pendientes de ser traspuestas a la legislación española 87 directivas comunitarias, de las cuales 30 ya han superado el plazo establecido.

Además, destaca que solo cuatro comunidades autónomas y dos ciudades disponen de agencias antifraude operativas, y únicamente once autonomías han creado consejos de transparencia.

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