Santos Cerdán afirma que los audios investigados por la UCO están incompletos y solicitará una prueba pericial para analizar la voz
Cerdán ha dicho que difícilmente puede recordar conversaciones de hace tanto tiempo y que las recogidas en la causa no están enteras
La declaración de Santos Cerdán, en directo | El exnúmero tres del PSOE, a prisión provisional sin fianza
Santos Cerdá defendió desde su primera declaración que no se reconocía en los audios que se hicieron públicos de sus conversaciones con los miembros de la trama del ‘Caso Koldo’. En declaraciones ante el juez que ha finalizado con el envío a prisión provisional, el exsecretario del PSOE ha afirmado que los audios de la UCO están incompletos y ha pedido una prueba pericial para analizar esa voz. El peritaje acústico analiza la frecuencia e intensidad de la voz para comprobar que no se ha sido creada por inteligencia artificial.
Cerdán ha negado que él o el partido hayan recibido dinero de presuntas adjudicaciones irregulares y ha atribuido la apertura de esta causa judicial a una persecución política de la que cree que el siguiente "objetivo" será el ministro Félix Bolaños.
Durante su declaración en el Tribunal Supremo, tras la que el magistrado ha ordenado su ingreso en prisión comunicada y sin fianza, Cerdán ha dicho que el siguiente en ser perseguido será el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por haber sido quien negoció con ERC, según informan fuentes jurídicas.
Investigado por presuntos delitos de integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, el ex número tres del PSOE ha negado tajantemente su implicación en ningún presunto reparto de mordidas, fruto de la supuesta adjudicación fraudulenta de obra pública durante la etapa de José Luis Ábalos como ministro de Transportes (2018-2021).
A preguntas de su abogado, ha explicado que él es inocente y no intervino en adjudicaciones públicas y ha atribuido la apertura de esta investigación judicial a lo que considera una persecución política por conseguir un Gobierno progresista, que ha hecho avances y molesta a los grandes poderes, lo que hace que les arrastren por el "fango".
No reconoce el contexto de las grabaciones
Uno de los principales indicios de esta causa que investiga el juez del Supremo Leopoldo Puente son las conversaciones que durante cuatro años grabó Koldo García, exasesor de Ábalos, en las que aparecen hablando de dinero.
Al respecto, según las fuentes, Cerdán ha dicho que difícilmente puede recordar conversaciones de hace tanto tiempo y que las recogidas en la causa no están enteras y no reconoce el contexto de las conversaciones.
Además, ha considerado incierto lo que asegura y transcribe la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en su informe. Al respecto solicitará una prueba pericial.
Cerdán ha dicho asimismo que de Koldo García recibió 600 euros, en devolución de una deuda por los gastos de las primarias.
Niega tener participaciones en Servinabar
Sobre el polémico documento que le vincula con la compra del 45 % de participaciones de Servinabar -una empresa navarra beneficiaria de adjudicaciones-, el exdirigente socialista ha defendido que nunca se elevó a escritura pública y que no llegó a pagar para formar parte de la empresa.
Ha explicado que era un momento -2016- en el que pensó en abandonar la política y el empresario Antxon Alonso, con quien tenía amistad, le dijo que estaba constituyendo una empresa de 'vending' y seguridad, y le ofreció entrar. Sin embargo, cuando habló con su mujer, ella le pidió que no dejase la vida pública, de modo que pidió a su amigo que rompiese el documento.
Antxon Alonso, también investigado en la causa, fue además quien le puso en relación con el PNV para armar la moción de censura que hizo presidente a Pedro Sánchez. Ambos compartieron piso en Madrid el primer año que Cerdán residió en la capital, donde ahora sigue de alquiler abonando 2.400 euros al mes.
Admite que se interesó por obras, pero niega contraprestaciones o haber influido
Cerdán ha admitido haberse interesado por diferentes obras, como algunas en Logroño, un puente en Sevilla o una obra en San Feliu, pero ha dicho que solo le interesaba la licitación, por la trascendencia política de estos anuncios, y no a quién se le adjudicaba.
Respecto a algunas obras en Navarra que aparecen en el caso, ha señalado que entonces estaba en la oposición, al igual que a su llegada a Madrid en 2017.
También ha admitido que conoció en 2014 a un directivo de Acciona en Navarra, Fernando Merino, también investigado, aunque perdió el contacto con él en 2017.
Además, ha negado que conozca a los empresarios de OPR y LIC investigados en la causa, como tampoco tiene conocimiento de contraprestaciones de esas empresas. Tampoco conoce ni ha tenido contacto, ha dicho, con el presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama.
Propuso perfiles para el Gobierno
Cerdán también ha señalado que en la formación de Gobierno compartió con los ministerios varios perfiles técnicos, para que pudiesen elegir, y que algunos de los nombres se los había pasado el exministro Pepe Blanco, tanto a él como al exministro José Luis Ábalos.
Lo mismo hizo en 2023, cuando era secretario de Organización, aunque, según ha dicho, no conocía a la mayor parte de esas personas y niega que buscase influir.
Con Isabel Pardo de Vera y con Javier Herrero, entonces presidenta de Adif y director general de Carreteras, tenía una relación profesional y no habló de contraprestaciones, ha dicho.
Entre otras cosas ha negado que él usase un móvil desechable; ha limitado su patrimonio a una casa y dos cuentas y ha señalado que en el PSOE cambió el sistema de cobros para pedir tickets y justificantes.
Durante toda su declaración, Cerdán ha dicho ser objeto de una persecución por haber sido el arquitecto que consiguió los gobiernos progresistas en España, negociando para ello con el PNV, EH Bildu y, tras llegar al Gobierno, con Junts.
La Fiscalía le considera el supuesto cabecilla de una presunta organización criminal y pidió prisión por el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, una medida cautelar que no pesa sobre el resto de implicados.