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Pedro Sánchez anuncia un "plan estatal de lucha contra la corrupción" con 15 medidas que controlarán a los partidos y los patrimonios de altos cargos

Pedro Sánchez anuncia un "plan estatal de lucha contra la corrupción" con 15 medidas que controlarán a los partidos y los patrimonios de altos cargos
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, en el Congreso de los Diputados. Europa Press
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tal como había avanzado su Ejecutivo, ha anunciado hoy en el pleno del Congreso de los Diputados un plan estatal de lucha contra la corrupción con una batería de 15 “medidas contundentes”; una decisión que se produce en respuesta al estallido del caso Koldo con el ingreso en prisión del que fuese secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

“En España no existe una corrupción sistémica y, si la hay, es mucho menor que en el pasado. Pero sigue existiendo, y la causa es un grave daño a las instituciones, a la confianza en nuestras instituciones democráticas, al tejido productivo y, en definitiva, a la ciudadanía”, ha señalado Sánchez al inicio de su discurso, antes de recalcar su responsabilidad y su compromiso para combatirla.

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Voy a afrontar el problema de la corrupción”, ha aseverado, apuntando al “contundente paquete de reformas” que, “unidas a las que ya entraron en los últimos años, permitirán evitar que tramas corruptas como la protagonizada por los dos secretarios de Organización, Santos Cerdán y Jose Luis Ábalos no vuelvan a darse en el seno del partido”, según ha asegurado.

“Convertirán al Partido Socialista en el partido con los mecanismos y las reglas más ambiciosas en materia de transparencia y de compromiso feminista”, ha defendido.

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El paquete de medidas contra la corrupción, con el foco puesto también en las empresas

Además, el presidente del Gobierno ha recalcado que la corrupción “no solo ha existido en una organización”. “Existe en otras. También en instituciones y algunas empresas", ha dicho, trasladando también a estas últimas el foco ante unas medidas que también les afectarán.

"Si realmente queremos seguir reduciendo esta lacra social hasta acabar con ella definitivamente, tenemos que actuar también sobre estos espacios. Por eso, quiero anunciarles que el Gobierno de coalición progresista les propone a ustedes y los ciudadanos la aprobación de un plan estatal de lucha contra la corrupción, dotado de 15 medidas de importante calado que hemos diseñado conjuntamente con un organismo multilateral, como es la OCDE”.

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“Este plan ha sido elaborado a lo largo de este último mes, desde que salió el caso de Santos Cerdán”, ha precisado, señalando que deriva también de las reuniones con los distintos grupos parlamentarios y el socio de Gobierno, Sumar, a quienes ha agradecido explícitamente “su ayuda”. De hecho, la propia Yolanda Díaz ha querido señalar que nueve de las 15 medidas propuestas en ese plan parten directamente de exigencias de su formación.

Las 15 medidas del plan estatal contra la corrupción, con una agencia de integridad pública independiente

“El objetivo es situarnos en esto a la vanguardia del continente. Los miembros de esta Cámara, los medios de comunicación, la ciudadanía en su conjunto van a poder acceder al documento hoy mismo”, ha dicho, antes de resumir “las principales medidas, siguiendo los cinco ejes que integran el plan estatal”.

“El primer eje se centra en la prevención de riesgo y en el fortalecimiento de los controles en materia de corrupción. Entre sus seis medidas se encontrarán la puesta en marcha de una agencia de integridad pública independiente que asumirá las funciones claves en la prevención, la supervisión y la persecución de prácticas corruptas”.

“En España contamos con muchos organismos dedicados a la lucha contra la corrupción. Esta multiplicidad nos ha permitido tener muchos ojos, pero también resulta evidente que ha suscitado ineficiencias y vacíos de coordinación. De hecho, los técnicos de la OCDE recomiendan también crear esta agencia que deberá coordinar de forma independiente la lucha contra la corrupción y que será encargada de liderar los esfuerzos en esta materia”, ha dicho.

En esta línea, ha anunciado también: “Vamos a extender la metodología aplicada a la adjudicación de los fondos Next Generation a toda la administración del Estado. Vamos a crear mapas de riesgo, usar el análisis avanzado de datos para detectar vulnerabilidades. También las subvenciones o la propia gestión presupuestaria. Para ello vamos a introducir aplicaciones de inteligencia artificial en la plataforma de contratación del sector público de modo que nos permita automatizar e identificar patrones anómalos o indicios de fraude. Es inaceptable que haya empresas que, sistemáticamente, con modificaciones de contratos, no sean detectadas”.

De igual modo, ha anunciado que se exigirán “sistemas de compliance anticorrupción a las empresas que quieran contratar por las distintas administraciones y desplegaremos pactos de integridad para determinados contratos públicos; un sistema que ya usan otros países europeos y que sirve para monitorear los procesos de contratación, reduciendo el riesgo de mala praxis”.

“Además, la nueva ley de administración abierta reforzará la obligación de transparencia activa, establecerá mecanismos de alerta temprana y actualizará el portal de transparencia del Estado”.

Controles patrimoniales a altos cargos y a los partidos políticos

De igual modo, Sánchez ha avanzado otra medida clave dentro del plan: “Vamos también a establecer controles patrimoniales aleatorios y anuales para altos cargos durante su mandato, para vigilar que nadie obtenga un beneficio indebido”.

Además, ha añadido: “Dentro de este eje, señorías, reforzaremos también los controles a los partidos políticos para garantizar que quienes gestionan recursos públicos y representa a la ciudadanía lo hagan con los más altos estándares de integridad y de transferencia. ¿Qué es lo que vamos a proponer a sus señorías y las formaciones políticas? La obligación a partidos y fundaciones con financiación pública superior a los 50.000 euros a realizar auditorias externas y transparentes, profundizando, por tanto, en la transparencia en las donaciones, –también en la financiación privada–, reduciendo el umbral de la publicación de donaciones a 2.500 euros y el plazo de publicación a un mes desde su recepción”.

“También propondremos la aprobación de esta ley de transparencia e integridad de los grupos de interés, que asegurará que la relación entre empresas y servidores públicos se produce con responsabilidad y con transparencia”, ha señalado.

El segundo eje del plan estatal contra la corrupción: proteger al denunciante

El segundo eje del plan estatal de lucha contra la corrupción “se centra en la protección de quienes dan un paso al frente a la hora de denunciar supuestos y potenciales casos de corrupción. En una democracia madura no se castiga a quien denuncia: se le escucha, se le protege y se le respalda”, ha incidido el líder socialista, antes de ahondar en este punto.

“Contamos con la ley 2/2023 para la protección de los informantes y con la autoridad independiente de protección al informante, pero es evidente que esta ley no es suficiente. Por eso, lo que vamos a incluir en la nueva ley de enjuiciamiento criminal es que cualquier persona que acuda directamente a la Policía o a un juez a denunciar casos de corrupción cuente con garantías plenas de confidencialidad, de protección y de apoyo legal”.

“Exigiremos, por tanto, que las empresas tengan también canales internos de denuncia y obligaremos a todas las administraciones públicas, incluyendo las autonómicas y las municipales a incorporar estos canales en un sistema general de integridad institucional”.

En esta línea, ha aseverado que la lucha contra la corrupción “no puede basarse en rumores ni tampoco en acusaciones vacuas, pero tampoco puede permitirse que informaciones valiosas se pierdan en los pasillos”. Por eso, ha defendido que las medidas de este segundo eje pueden “contribuir a evitarlo”.

El tercer eje, reforzar la capacidad del Estado para investigar, juzgar y sancionar casos de corrupción

El tercer eje del plan, por su parte, “contiene tres medidas destinadas a reforzar la capacidad del Estado para investigar, juzgar y sancionar los casos de corrupción”. Son, ha dicho Sánchez, “medidas para fortalecer nuestro sistema judicial, para dotarlo de mayor independencia, y también de medios, y endurecer las sanciones contra corruptos”.

Para ello, ha anunciado: “Crearemos secciones especializadas en delitos contra la  administración pública dentro de los nuevos tribunales de instancias, con juezas y jueces especializados, algo que ayudará a agilizar los procesos judiciales y aumentar su eficacia”.

Además, ha dicho, “se otorgará carácter preferente y se creará un procedimiento sumario para las causas que involucren a cargos públicos”, dado que, ha dicho, “a menudo lo que vemos en nuestros tribunales no son dilaciones indebidas, sino dilaciones calculadas la mayor parte de las veces, provocadas por las partes, que merman la confianza de la ciudadanía en la acción de la Justicia”.

“Para visualizarlo en un caso concreto, la pieza de Arganda, de la ciudad de Arganda, de la Comunidad de Madrid, del caso Gürtel, inició su instrucción en el año 2009 y no hemos conocido la sentencia hasta 16 años después. Es decir, en este mismo año, en el año 2025”, ha apuntado, indicando que “esto debemos abordarlo porque si no podemos estar abriendo las puertas a la impunidad”.

De igual modo, ha dicho que “contaremos con un continuo refuerzo de la Fiscalía Anticorrupción, con más medios”, al tiempo en que ha señalado que remitirán a las Cortes Generales el anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal, que incluirá una reforma estructural del modelo de instrucción penal, atribuyendo esta competencia al ministerio fiscal, como ya sucede en otros países europeos, y garantizando su independencia y sus recursos”.

Endurecimiento de las penas sobre los corruptores, más multas y listas negras

“Si queremos acabar con la corrupción, tenemos que perseguir a los corruptos, pero también tenemos que hacerlo con los corruptores, porque detrás de cada mordida hay alguien que recibe, pero también hay alguien que paga: empresas, empresarios que suelen irse de rositas y que tienden a eludir la crítica pública y también el castigo judicial”.

Por ello, ha anunciado: “Vamos a endurecer las penas por delitos contra la administración pública en el código penal y duplicaremos los plazos de preinscripción”.

“Además, aumentaremos las multas a las empresas corruptoras calculándolas no sobre los beneficios obtenidos, sino sobre sus ingresos anuales”, ha dicho, anunciando también la puesta en marcha de “un sistema de exclusión y de listas negras para impedir que las empresas condenadas por corrupción puedan seguir contratando por la administración pública”; una medida que ha desencadenado los aplausos en el Congreso.

“Haremos lo propio en las organizaciones políticas, endureciendo las sanciones por infracciones contables, retirando las subvenciones públicas a aquellos que mantengan en sus listas estructuras u organismos de dirección a personas condenadas por corrupción”.

El cuarto eje del plan: la recuperación de los bienes obtenidos mediante corrupción

El cuarto eje del plan de lucha contra la corrupción, ha explicado Pedro Sánchez, “se centra en la recuperación de los bienes obtenidos mediante corrupción, porque evidentemente no basta con prevenir, con castigar esa corrupción: también hay que reparar el daño causado, devolver a lo público lo que es de todos y de todas para restaurar la confianza ciudadana, la credibilidad institucional y enviar un mensaje disuasorio”.

Por eso, ha explicado que van a “aumentar los medios, la plantilla de la oficina de recuperación y gestión de activos, encargada, entre otras cosas, de localizar y administrar los bienes obtenidos ilícitamente”.

“Vamos a optimizar la coordinación con juzgados, fiscalías y también la Fiscalía Europea”, ha dicho, antes de avanzar además la creación e introducción de “la figura del decomiso administrativo o preventivo, que permitirá incautar bienes vinculados a las actividades delictivas sin necesidad de condena penal previa, evitando que los responsables oculten o dispongan de dinero robado antes de que llegue la Justicia”.

El quinto y último eje del plan, fomentar una cultura de integridad contra la corrupción

Por último Sánchez ha efectuado una puntualización antes de cerrar su explicación sobre la batería de medidas a aprobar contra la corrupción: “Sea como fuere, yo creo que ningún sistema de anticorrupción será completo si no va acompañado de un cambio también cultural profundo”, ha dicho, presentando a continuación el quinto eje del plan.

“Es por eso que el último eje del plan aborda lo más complejo, lo más difícil, pero yo creo que lo más transformador: generar una verdadera cultura de integridad que impregne nuestras administraciones públicas, que movilice a la ciudadanía y que responsabilice también con ello al sector privado; a las empresas de nuestro país”.

“Para guiar ese esfuerzo, realizaremos estudios demoscópicos anuales sobre la percepción y experiencia directa de la corrupción en España, para medir el alcance del problema, evaluar las políticas y su eficacia. Lanzaremos campañas de concienciación ciudadana para visibilizar el impacto que tiene la corrupción, promover los canales de denuncia y reforzaremos la formación de los empleados y empleadas públicas en integridad y prevención, incorporando contenidos específicos en el acceso a la función pública”, ha añadido.

El plan anticorrupción, con un sistema de seguimiento y evaluación

“Creo que es un plan ambicioso, realista, honesto, que no busca satisfacer la lógica demanda coyuntural de anuncios, sino resolver el problema siguiendo la recomendación de los expertos y la demanda de los representantes públicos”, ha valorado Sánchez, asegurando que van a cumplir “hasta la última coma” del plan.

“Para demostrarlo, también les anuncio que hemos acordado con la OCDE un sistema de seguimiento y de evaluación que dará cuenta de los avances realizados a los 12 y a los 24 meses, y que emitirá un dictamen técnico que será de dominio público y, por tanto, de libre acceso a quienes tengan interés en saber exactamente qué avances se están produciendo en materia de regeneración y de lucha contra la corrupción”.

“Esta es nuestra propuesta, señorías. Este es mi compromiso”, ha sentenciado.

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