España podrá repartir personas inmigrantes con el nuevo sistema de solidaridad de la UE debido a la presión migratoria

El primer informe anual europeo sobre inmigración y peticiones de asilo de la Comisión Europea identifica a España entre los países que podrán acceder al futuro mecanismo europeo de solidaridad, por situarse entre los cuatro que sufren mayor presión migratoria. La mayor llegada de inmigrantes también afecta Italia, Grecia y Chipre por el número desproporcionado de llegadas tras la búsqueda y el salvamento en el mar" que podrían trasladar al menos a 30.000 migrantes cada año a otros países de la UE .

El documento publicado por el Ejecutivo comunitario hace una fotografía de la situación migratoria y de asilo en la UE, identifica a los Estados miembros que asumen una mayor carga de este tipo y propone un "contingente anual de solidaridad" para hacer frente a los diferentes niveles de presión migratoria.

Según el documento, España e Italia "se encuentran bajo presión migratoria debido a un número desproporcionado de llegadas tras la búsqueda y el salvamento en el mar" durante el último año junto a Grecia y Chipre "bajo presión migratoria debido al nivel desproporcionado de llegadas" en el mismo periodo, según el informe de la CE.

Estos cuatro Estados miembros podrán acceder al contingente de solidaridad, el instrumento de solidaridad de la UE para los Estados miembros sometidos a presión migratoria que aún debe definirse, y que se espera que entre en vigor a mediados de 2026.

El mecanismo de reparto permitiría trasladar al menos 30.000 migrantes cada año a otros países de la UE

Aunque la CE propuso este martes formalmente la creación del primer contingente de solidaridad para abordar las necesidades de los Estados miembros sometidos a presión migratoria del que podría beneficiarse España, el contenido de esa propuesta no se ha hecho pública por el momento en virtud de lo acordado por el Pacto de Migración y Asilo. Este mecanismo permitiría redistribuir al menos a 30.000 demandantes de asilo por año y será obligatorio.

Según lo negociado el año pasado, cada país miembro deberá contribuir al mecanismo de solidaridad, pero podrá elegir si lo hace financieramente, o bien aceptando refugiados, o mediante apoyo operativo y técnico a los países bajo mayor presión migratoria.

Este mecanismo de solidaridad deberá comportar el reparto cada año de 30.000 solicitantes de asilo reasentados en otros países de la UE y en 600 millones de euros en contribuciones financieras. En la práctica, eso podría significar que aquellos países -como Hungría o Polonia- que no quieran acoger refugiados y opten, por tanto, por la contribución económica, tendrán que asumir una factura de alrededor de 20.000 euros por cada solicitante de asilo que rechacen.

Desde Bruselas se han propuesto condiciones y compensación para implicar a todos los estados miembros y tomando nota del rechazo de Polonia y Hungría, que ya han advertido que no están dispuestas ni a recibir a migrantes, ni a pagar su estancia en otro país. 

Los Veintisiete deberán ahora adoptar la propuesta de la Comisión y determinar el tamaño del contingente de solidaridad y la forma en que cada Estado miembro contribuirá en función de su parte equitativa. Una vez que los Estados miembros adopten la decisión sobre el contingente de solidaridad, las contribuciones solidarias de los Estados miembros serán públicas y jurídicamente vinculantes.

Esas contribuciones podrían tomar la forma de ayudas financieras, reubicación de inmigrantes, asumir la responsabilidad de demandantes de asilo u otras medidas alternativas, según la CE.

El acceso a este sistema estará además condicionado al cumplimiento de "obligaciones de responsabilidad" incluidas en el citado Pacto de Migración y Asilo, la normativa migratoria común adoptada el año pasado -y en la que se basa el informe de este martes- y el futuro contingente de solidaridad.