El Congreso rechaza por segunda vez la senda de déficit y fija un plan fiscal que reduce el margen de gasto de las CCAA
Podemos y la diputada de Compromís integrada en el Grupo Mixto, Águeda Micó, se han abstenido; mientras que el resto de formaciones han apoyado el texto
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El Congreso rechaza por segunda vez los objetivos de estabilidad y deuda para 2026-2028 y fija una senda fiscal más estricta para las comunidades autónomas
El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves por segunda vez en menos de un mes los objetivos de estabilidad y de deuda para las administraciones públicas entre 2026 y 2028, con los votos de PP, Vox, Junts y UPN, por lo que para elaborar los Presupuestos de 2026 se utilizará una senda fiscal más estricta para las comunidades autónomas.
Durante el debate de los objetivos de estabilidad, PP, Vox y Junts ya avanzaron su voto en contra de la senda de déficit y reprocharon que los objetivos presentados este jueves eran los mismos que se rechazaron el pasado 27 de noviembre y que no se había introducido ningún cambio al respecto.
Tal como sucedió hace dos semanas, Podemos y la diputada de Compromís, integrada en el Grupo Mixto, Águeda Micó, se han abstenido, mientras que el resto de formaciones han apoyado el texto.
Pese al rechazo de la senda, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda ha confirmado que seguirá adelante con la presentación de los Presupuestos de 2026, que tendrán de base una senda fiscal más estricta para las comunidades autónomas.
Junts anticipa un 'no' a los presupuestos
Durante el debate en el Congreso de los Diputados, desde Junts han advertido al Gobierno de que incumplir con Cataluña tiene consecuencias. "Ni objetivos hoy ni Presupuestos mañana", ha remarcado Josep Maria Cruset.
La senda que ha rechazado el Congreso, y que supone el primer paso para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado, fijaba una hoja de ruta para reducir el déficit del conjunto de las administraciones públicas desde el 2,1% en 2026, al 1,8% en 2027 y al 1,6% en 2028.
Para las comunidades autónomas, se había propuesto un déficit del 0,1% del PIB para los próximos tres años, mientras que para la Administración Central se planteaba un déficit del 1,8% en 2026, del 1,5% en 2027 y del 1,4% en 2028.
No obstante, una vez rechazada la senda de déficit, entrará en vigor la contemplada en el plan fiscal estructural a medio plazo remitido el año pasado a Bruselas. Esta senda es la misma a nivel global, pero deja una décima menos de margen de gasto a las comunidades autónomas y otorga una décima más a la Administración Central.
En concreto, los objetivos del plan fiscal estructural sitúan la senda para 2026 para las comunidades autónomas en estabilidad presupuestaria (0% de déficit frente al 0,1% propuesto por Hacienda), lo que restringe el margen de gasto a las regiones.
Madrid, será la región que perderá mayor margen de gasto
El rechazo a la senda de déficit limita el gasto de las comunidades autónomas y obliga a un ajuste de miles de millones
Esto supone que las comunidades autónomas tendrán que hacer un ajuste fiscal de 1.755 millones de euros en 2026 y, si se considera todo el periodo, se perderán 5.485 millones en capacidad de gasto para el subsector de las comunidades autónomas.
Por comunidades, Madrid será la región que pierda un mayor margen de gasto entre 2026 y 2028, con unos 1.088 millones de euros, mientras que en Cataluña será de 1.038,7 millones y en Andalucía, de 731,4 millones, según los cálculos del Departamento que dirige María Jesús Montero.
Montero ha lamentado que, a quien realmente perjudica el rechazo a la senda de estabilidad son las propias comunidades autónomas. "No se puede explicar que, ofreciendo un mayor margen, algunos voten en contra. Solamente se puede explicar si hay un partido en esta Cámara o varios partidos en esta Cámara que estén instalados en el no por el no", ha criticado.
El Congreso rechaza mociones de PP y Vox para "garantizar" la independencia" fiscal tras la condena de García Ortíz
El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves las mociones del PP y Vox que reclamaban al Gobierno medidas para garantizar la independencia de la Fiscalía General del Estado, tras la condena del exfiscal general Álvaro García Ortiz.
La moción del PP pedía, entre otras cosas, que el Ejecutivo no diera indicaciones a la nueva fiscal general, Teresa Peramato, que comprometan su autonomía e imparcialidad, y que se impidiera el nombramiento de García Ortiz en cualquier cargo público. También solicitaba que se adaptara Radio Televisión Española a la normativa europea sobre libertad de medios para garantizar su independencia editorial y funcional.
La iniciativa fue rechazada por 179 votos del PSOE, Sumar y sus socios, mientras que recibió 169 votos a favor de PP, Vox y UPN.
