Investigan las finanzas de Montoro por posibles irregularidades en pagos a su despacho, al ver pagos "incoherentes"

Un juez autoriza investigar las cuentas de Montoro por pagos sospechosos en el caso de las gasistas
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Un juez ha autorizado a los Mossos d'Esquadra a acceder a las cuentas bancarias vinculadas al exministro Cristóbal Montoro y a sus socios en el despacho Equipo Económico, al considerar “incoherentes” algunos pagos detectados en la investigación.
La decisión se enmarca en la causa que instruye el juzgado número 2 de Tarragona, donde Montoro figura como investigado por presuntamente impulsar cambios legislativos para favorecer a empresas gasistas a cambio de pagos a su despacho.
El magistrado ha permitido a la Unidad Central Anticorrupción acceder al Fichero de Titularidades Financieras para analizar los productos bancarios relacionados con el exministro y su entorno, tras detectar que la información aportada por algunas entidades era “insuficiente”.
Pagos fragmentados y movimientos sospechosos
Según el auto judicial, se ha observado una “fragmentación” y “diferimiento” de pagos realizados por las gasistas a Equipo Económico, así como ingresos en distintas cuentas que levantan sospechas.
El juez destaca especialmente la existencia de pagos a exsocios y familiares fuera del periodo en el que formaban parte del despacho, así como diferencias injustificadas en las cantidades percibidas, que no se corresponden con los porcentajes de participación.
Asimismo, se han detectado casos en los que algunos socios recibieron menos ingresos que otros con menor participación, lo que refuerza las dudas sobre la operativa económica.
Ante estos indicios, el magistrado considera “necesario” profundizar en el análisis de las cuentas. De hecho, la Agencia Tributaria ya había solicitado información adicional sobre las cuentas, las cajas de seguridad vinculadas al despacho y el origen y destino de 700 cheques por valor de 6,4 millones de euros.
La investigación trata de esclarecer si Montoro, que fue ministro de Hacienda en los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy, favoreció a empresas gasistas mediante cambios normativos a cambio de beneficios económicos para su despacho profesional.
