Feijóo cree que la Fiscalía General "intervino" para no rebajar la pena a Aldama pese a "colaborar": "Es un escándalo"

EuropaPress_7499737_presidente_partido_popular_alberto_nunez_feijoo_interviene_desayuno
Feijóo nterviene durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum. Europa Press
Compartir

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, considera que la Fiscalía General del Estado, dirigida por Teresa Peramato, “intervino” para evitar que se rebaje la pena al empresario Víctor de Aldama en el conocido como ‘caso mascarillas’, que se enjuicia en el Tribunal Supremo. A su juicio, esta actuación constituye “un escándalo”, pese a que el acusado está colaborando con la Justicia.

Estas declaraciones llegan después de que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, defendiera que mantener la petición de siete años de prisión para Aldama responde a “criterios técnicos”. Además, acusó al PP —que ejerce la acusación popular en el proceso— de estar “colaborando” con el presunto conseguidor del ‘caso Koldo’.

PUEDE INTERESARTE

Defensa de la rebaja de pena

En declaraciones en el Senado, Feijóo ha defendido que debe contemplarse una reducción de condena cuando un encausado “está facilitando y colaborando” con la Justicia.

Lo que es un escándalo es que la Fiscalía General del Estado intervenga en una decisión de un fiscal Anticorrupción [...] y no le deje actuar conforme a su propia doctrina”, ha afirmado, en referencia al fiscal Alejandro Luzón.

PUEDE INTERESARTE

El líder popular ha insistido en que “cuando el fiscal Anticorrupción ha observado que hay un encausado que está facilitando y colaborando, lo lógico es pedir una disminución de la pena”.

Diferencias en las peticiones de pena

Feijóo ha detallado que el fiscal Anticorrupción ha planteado distintas penas en el caso: “19 años el señor Koldo; 24 años el señor Ábalos, siete años el señor Aldama”, subrayando que la actuación de la Fiscalía General del Estado resulta “sorprendente”.

Asimismo, ha explicado que el PP, junto con otras acusaciones, ha aplicado el criterio jurídico de que quien colabora con la Justicia y facilita el esclarecimiento de los hechos debe beneficiarse de una rebaja de pena.

En todo caso, lo que hayamos solicitado nosotros no tiene mayor relevancia. Aquí lo único importante es la sentencia del Tribunal Supremo”, ha añadido.

En un comunicado, el Partido Popular ha denunciado que la Fiscalía ha dado “un nuevo paso en su deriva de sometimiento al Gobierno” al negarse a reducir la pena a Aldama, pese a su colaboración en un caso que, según los populares, “afecta directamente al núcleo duro de Pedro Sánchez”.

Acusaciones de contradicción

Mientras la Fiscalía mantiene los siete años de prisión, el PP ha reducido su petición de pena de siete a cinco años.

El PP considera que esta decisión rompe con el principio de que colaborar con la Justicia debe tener beneficios jurídicos, y denuncia una “contradicción flagrante” con el discurso del propio Gobierno.

Recuerda además que en 2024 se impulsó la Autoridad Independiente de Protección al Informante, destinada a fomentar las denuncias de corrupción, y critica que en la práctica se esté actuando en sentido contrario.

Se promete protección institucional mientras se castiga en la práctica a quien da un paso al frente”, sostienen.

Duras críticas al Ejecutivo

Los populares van más allá y aseguran que “colaborar con la Justicia solo compensa si es en contra del PP y a favor del Gobierno”, denunciando que el Ministerio Fiscal actúa como “un apéndice político más”.

A su juicio, esta situación lanza un “mensaje demoledor para la arquitectura institucional de España” y cuestiona la independencia de la Justicia.

Por último, el PP ha registrado la petición de comparecencia de Félix Bolaños para que explique la situación de la Autoridad Independiente de Protección al Informante.

El partido denuncia carencias estructurales, como la falta de presupuesto propio o recursos humanos, y exige un calendario concreto y medidas para garantizar una protección real a los denunciantes y reforzar la lucha contra la corrupción.