El Supremo confirma que Álvaro García Ortiz deberá pagar 39.009 euros en costas por el caso de revelación de secretos
El alto tribunal rechaza los recursos de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado y ratifica que el exfiscal general del Estado deberá abonar 39.009 euros
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El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la tasación de costas procesales de 39.009,48 euros que deberá abonar el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, como consecuencia de la sentencia en la que fue declarado culpable por un delito de revelación de secretos de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La cantidad supone la mitad de la cifra inicialmente fijada, después de que el alto tribunal redujera previamente parte de los honorarios reclamados.
El Supremo rechaza los recursos de la Fiscalía y la Abogacía del Estado
Así lo ha acordado la Sala de lo Penal en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que desestima los recursos presentados tanto por la Fiscalía como por la Abogacía del Estado, que ejercía la defensa de García Ortiz, y confirma el pago de 39.009,48 euros en concepto de costas procesales.
El tribunal rechaza el argumento de la Abogacía del Estado sobre la supuesta escasa complejidad del procedimiento, al considerar que el proceso presentaba una elevada complejidad tanto desde el punto de vista material como procesal.
En el auto, los magistrados subrayan que la causa abordaba hechos de singular gravedad institucional, al referirse a la supuesta revelación de información reservada por quien ostentaba la máxima representación del Ministerio Fiscal, en un contexto vinculado al deber de confidencialidad propio de la institución.
Asimismo, destacan que la complejidad del procedimiento aumentó por la pluralidad de partes personadas, la tramitación inicial ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y posteriormente ante el Tribunal Supremo debido al aforamiento del entonces fiscal general.
A ello se sumó la apertura de quince piezas separadas para resolver recursos de apelación, la práctica de numerosas diligencias de instrucción, incluidas comisiones rogatorias enviadas a Irlanda y Estados Unidos, y la intensa actividad impugnatoria desarrollada durante toda la causa.
La condena y la reducción de las costas
García Ortiz fue condenado a dos años de inhabilitación para ejercer como fiscal general del Estado, además del pago de 17.200 euros entre indemnización y multa, una cantidad que fue abonada por la Unión Progresista de Fiscales tras una colecta. La sentencia también le obligaba a hacerse cargo de las costas del procedimiento.
Inicialmente, el Supremo fijó dichas costas en 79.942,70 euros, una cuantía que fue recurrida tanto por la Abogacía del Estado como por la Fiscalía, al considerarla excesiva. Posteriormente, el Tribunal Supremo estimó parcialmente la impugnación y redujo la minuta correspondiente al abogado y al procurador de González Amador, excluyendo de las costas diversos recursos incluidos en la reclamación inicial.
Ahora, el alto tribunal recuerda que esa reducción ya fue aplicada y concluye que la resolución recurrida "efectuó una labor de ponderación y moderación atendiendo a las circunstancias concurrentes en la causa", por lo que considera que no existe motivo para rebajar aún más la cantidad fijada.