Leire Díez niega que su "investigación" buscara "desestabilizar" ninguna causa "que afectara a los intereses del PSOE"

La exmilitante socialista Leire Díez ha negado que su "investigación" tuviera como objetivo "desestabilizar ningún tipo de causa judicial que afectara a los intereses del PSOE", como tampoco cualquier otra "finalidad espuria". Así, ha vuelto a defender que lo único que buscaba era "conseguir información en su condición de periodista".

"Grabaciones ilegítimas"

Así lo ha trasladado en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, que ha remitido al magistrado Arturo Zamarriego, el primer juez del 'caso Leire Díez', que investiga en un juzgado de Madrid presuntas maniobras que la exmilitante habría ejercido contra mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, jueces y fiscales, en la que está imputada por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias junto al empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol.

Aunque relacionada, esta investigación es independiente a la que está llevando a cabo el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga una presunta trama dirigida a desbaratar causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno que habría estado liderada por el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y coordinada por Leire Díez. Pedraz ha solicitado unificar las dos causas, sin que por el momento se haya llevado a cabo.

En el escrito, la abogada de Díez, Eva Bejarano, asegura que las "intervenciones" de su defendida tenían la intención de "conseguir información en el seno de una investigación que estaba llevando a cabo como periodista sobre diversas causas judiciales".

Además, la letrada recurre el rechazo del instructor a una serie de diligencias solicitadas por Leire Díez, entre ellas la testifical de un hombre supuestamente vinculado a la Guardia Civil a quien la exmilitante señala como presunto filtrador del audio de la reunión que Díez mantuvo en febrero de 2025 con el empresario Alejandro Hamlyn y que, a la postre, fue el origen de la presente investigación.

Bejarano sostiene que Leire Díez fue "objeto de grabaciones ilegítimas en el seno de conversaciones privadas celebradas en un despacho de abogados con miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", y que éstas fueron "modificadas" y "cortadas" con el fin de "publicarlas en prensa y generarse toda una campaña de desprestigio" contra ella "que ha culminado en este procedimiento judicial".

Fraude hidrocarburos

Díez se refiere, de forma velada, al audio publicado de la reunión que mantuvo por videoconferencia con Hamlyn, encausado en la Audiencia Nacional por presunto fraude de hidrocarburos y huido de la justicia en Dubái (Emiratos Árabes Unidos).

En ese audio se escucha a Díez pedir información comprometedora del teniente coronel de la UCO Antonio Balas. A cambio, ella le habría ofrecido favores al empresario.

"La realidad es que dichas reuniones y las actuaciones llevadas a cabo por Leire sólo tenían como fin investigar causas judiciales, lo cual se podrá establecer con las diligencias solicitadas", argumenta la defensa de la exmilitante.

Así, la defensa de la exmilitante pide al juez que solicite a la Guardia Civil la relación de "consultas o búsquedas desde las bases de datos" del cuerpo a nombre de Leire Díez, así como las fechas y la identificación del acceso de la persona que lo hubiera hecho.

También reclama que el Instituto Armado aporte los informes que pudieran tener sobre la reunión mantenida entre Leire y el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, imputado en el 'caso Koldo', en marzo de 2025.

Y solicita que la Guardia Civil informe si el hombre a quien señala como presunto filtrador de aquella conversación, identificado como Pedro Gil, "mantiene relación con dicho cuerpo y qué tipo", así como si "desempeñó alguna actividad". Además, vuelve a pedir que declare como testigo.