El Congreso aprueba la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, las ayudas a Ceuta y tumba la de lobbies

Redacción digital Informativos Telecinco 16 SEP 2026 - 20:06h.

Día intenso hoy en el Congreso de los Diputados con logros del Gobierno y también varapalos. Entre los éxitos, la aprobación de forma definitiva la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad y las ayudas a Ceuta, en las que ha contado con el apoyo del PP, mientras que no ha logrado sacar adelante la ley de lobbies.

La modificación de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley de Dependencia tiene como objetivos reforzar la autonomía personal, ampliar servicios y corregir restricciones introducidas en etapas anteriores.

Concretamente, elimina las incompatibilidades entre prestaciones y servicios de dependencia; permite el reconocimiento automático de la discapacidad a partir del grado de dependencia; incorpora la figura del asistente personal y amplía la figura de atención más allá de la familia directa, permitiendo que vecinos o amigos sean reconocidos oficialmente como cuidadores.

Asimismo, incluye la teleasistencia como derecho subjetivo; reduce el plazo máximo para resolver el procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia de 6 a 3 meses; modifica la Ley de Propiedad Horizontal para obligar a las comunidades de vecinos a solicitar las ayudas para obras de accesibilidad y prohíbe subir el precio de los seguros a personas con discapacidad.

También blinda por ley la financiación estatal del Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD), estableciendo que la Administración General del Estado asuma el 50% de su financiación -la reforma se vincula a una inyección adicional de 6.200 millones de euros para las comunidades autónomas entre 2026 y 2027-.

Las ocho enmiendas de PP y Junts, tumbadas por el Gobierno por su coste

El texto ha llegado al Congreso sin ocho de las enmiendas que el PP y Junts introdujeron en el Senado, que este martes fueron vetadas por el Gobierno, alegando que estas enmiendas suponen un aumento de los gastos previstos en los Presupuestos. Entre estas enmiendas vetadas, se proponía extender al ámbito tributario la asimilación de las personas en situación de dependencia a la de las personas con discapacidad; fijar un IVA reducido del 4 por ciento para adaptación de vivienda o vehículo o que los dependientes con grado III+ no estén sujetos a copago. También se propuso ampliar más allá de los 26 años la prestación por cuidado de hijo con cáncer u otra enfermedad grave, conocida como CUME.

El PP ha criticado por ello al Gobierno, al que ha tachado de inhumano, al señalar que las enmiendas vetadas habrían costado "2,3 millones de euros" que "es lo que vale el cátering del Falcon que Sánchez utiliza para comer embutidos ibéricos y whisky de alta gama".

Durante el debate, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha asegurado que esta reforma, "la mayor reforma social en décadas" es "el mayor honor" que se puede llevar de la política pero, sobre todo, un "logro" para "más de 4 millones de compatriotas con discapacidad, para 1,7 millones de personas atendidas hoy en el sistema de la dependencia, para medio millón de trabajadoras en el sector de los cuidados de larga duración" y "para unas generaciones que empiezan apenas a formularse la pregunta: 'Y a mí, ¿quién me va a cuidar?'".

Asimismo, Bustinduy ha apelado a las comunidades autónomas para que, una vez aprobadas las leyes, se reduzcan las listas de espera. "Las listas de espera de la dependencia deben desaparecer para 2028", ha subrayado el ministro, al tiempo que ha recordado que gracias a la financiación extraordinaria aprobada vía real decreto-ley, las comunidades han recibido en dos meses (julio y agosto) 517.444.324 euros adicionales.

Aprobadas las ayudas de 309 millones a Ceuta

El Pleno del Congreso ha convalidado también el decreto ley con 309 millones de euros en medidas urgentes de carácter social y económico para apoyar a Ceuta tras la entrada masiva de inmigrantes que aconteció a finales de julio, con el único voto en contra de Vox, la abstención de Junts y el voto a favor del resto del hemiciclo, incluido el PP. Aunque el decreto ley estaba en vigor desde su aprobación en Consejo de Ministros, en este caso desde el pasado 2 de septiembre, la propuesta tenía que convalidarse en el Congreso, tal y como dicta la Constitución.

Pese a las críticas de partidos como el PP, PNV, Junts o EH Bildu a la gestión del Gobierno en la crisis, el decreto ha encontrado un respaldo mayoritario para salir adelante. El paquete de medidas comprende 309 millones de euros --más 50 millones en avales-- en lo que queda de 2026 para apoyar los servicios esenciales, la seguridad, la acogida de menores y la atención humanitaria y la ayuda a empresas y trabajadores.

El grueso del dinero va a la acogida de menores y atenciòn humanitaria

El importe total se desglosa en diversas partidas, siendo la más cuantiosa la de acogida de menores y atención humanitaria, dotada con 118 millones de euros. Además, la seguridad recibirá un refuerzo de 90 millones de euros y se dedicarán 80 millones de euros a ayudas directas y otros tipos de apoyo a empresas y trabajadores. Por último, los servicios esenciales, como sanidad, educación, Justicia o distribución de agua, recibirán 21 millones de euros.

En cuanto a las medidas para apoyar el tejido empresarial, el paquete de 80 millones incluye un fondo de ayudas directas de 36,6 millones de euros, gestionado por la Agencia Tributaria, para llegar a los 2.500 autónomos y 1.500 empresas de Ceuta.

Así, los autónomos recibirán 5.000 euros y las empresas podrán embolsarse entre 1.000 y 150.000 euros en función de su facturación. Estas ayudas podrán solicitarse a partir del 14 de septiembre a través de la página web de la Agencia Tributaria y el Gobierno espera que los pagos comiencen a principios de octubre.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha avanzado que ya se han registrado 633 solicitudes de ayudas económicas y se espera que se empiecen a pagar el 6 de octubre. A estos 36,6 millones se añadirán otros 14 millones de euros para el pequeño comercio y el sector turístico, que se canalizarán a través de la Cámara de Comercio. Entre las medidas previstas se incluyen bonos al consumo y descuentos para reducir el coste del transporte a los no residentes y fomentar la llegada de viajeros a la ciudad.

Asimismo, el paquete incluye un millón de euros para el 'Plan Ceuta Exporta' que pondrá en marcha el Icex y otro millón de euros para una campaña de promoción internacional de Ceuta como destino turístico. Además, el Gobierno habilitará una línea de avales del ICO de hasta 50 millones de euros para garantizar que "siga fluyendo y en buenas condiciones" el crédito y la financiación al tejido empresarial.

La norma también prevé medidas en el ámbito de la promoción internacional de Ceuta como destino turístico. Para ello, a través del Instituto de Turismo de España (Turespaña), se pondrá en marcha un plan extraordinario de promoción y recuperación de imagen de la ciudad de Ceuta, orientado a mercados internacionales seleccionados.

En materia laboral, el Gobierno plantea una exención del 100% en las cuotas a la Seguridad Social para las empresas que hayan visto interrumpida su actividad y tengan que recurrir a un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), además de prestaciones extraordinarias por cese de actividad para los autónomos y la posibilidad de aplazar los pagos a la Seguridad Social a un interés del 0,5%.

En concreto, se regula una prestación extraordinaria por cese de actividad para autónomos con domicilio de residencia o actividad en Ceuta, cuya actividad hubiese cesado total o parcialmente, ya sea de manera temporal o definitiva, a raíz de la reducción de la demanda y de la alteración de la actividad provocadas por la entrada masiva e irregular de inmigrantes, aunque vinculada a la reducción de los ingresos mensuales.

La duración máxima de esta prestación será de cuatro meses, periodo durante el cual se prevé que continúen manifestándose las consecuencias económicas más intensas.

En lo que respecta a los ERTE, se introduce un régimen específico de fuerza mayor que estará vigente hasta el 31 de diciembre de este año, ampliándose el ámbito de aplicación para las suspensiones totales o parciales de la actividad laboral y las reducciones de jornada que puedan guardar una relación directa o indirecta con la situación de Ceuta. Las empresas de la ciudad afectadas por estos ERTE podrán beneficiarse de una exención del 100% de la aportación empresarial a la Seguridad Social, por contingencias comunes, profesionales y conceptos de recaudación conjunta, respecto de las cuotas de septiembre a diciembre de 2026 correspondientes a los trabajadores y períodos afectados por la suspensión o reducción de jornada.

Asimismo, la norma eleva del 50% al 75%, de manera permanente, la bonificación de las aportaciones empresariales correspondientes a trabajadores con contratos indefinidos o de sustitución por incapacidad temporal que presten servicios en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. También se incorporan nuevos sectores beneficiarios de esta medida, como el de la construcción. El impacto presupuestario de estas bonificaciones será de 36,6 millones de euros anuales por cada una de las dos ciudades autónomas.

Al mismo tiempo, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) destinará 650.000 euros en subvenciones para financiar programas de formación de ámbito territorial en Ceuta dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados. Además de las bonificaciones a la contratación, el decreto otras medidas de carácter permanente, entre ellas el aumento del 50% al 60% de las bonificaciones en el Impuesto sobre Sociedades para las entidades residentes y la mejora de las posibilidades de deducción de determinados gastos para los autónomos, como los de "difícil justificación".

Estas dos medidas estructurales se extenderán también a Melilla --con unos importes prácticamente idénticos--, lo que supondrá un apoyo presupuestario adicional de unos 100 millones de euros anuales para los empresarios de ambas ciudades autónomas. El decreto contempla medidas de apoyo al puerto de Ceuta por valor de 4,25 millones de euros anuales durante cinco años, entre 2027 y 2031.

En el ámbito de los servicios esenciales, el plan contempla el refuerzo de los recursos sanitarios con 100 nuevos profesionales del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) para la atención primaria y hospitalaria, con una inversión de 3,5 millones de euros.

Igualmente, se destinarán 3,2 millones a la seguridad de los centros docentes y actuaciones de acompañamiento psicosocial para toda la comunidad educativa, mientras que otros 4,5 millones servirán para reforzar jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y funcionarios y financiar la asistencia jurídica gratuita en Ceuta.

El paquete incluye otra una subvención de 2 millones a la ciudad de Ceuta, que se suma a los más de 7 millones de euros aprobados para la planta desalinizadora. En materia de seguridad, los 90 millones de euros previstos incluyen un incentivo al rendimiento de carácter excepcional de 7,1 millones de euros para la Policía Nacional y de 8 millones para la Guardia Civil. Otros 74 millones se destinarán al refuerzo del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas.

El decreto ley para regular los lobbies, derogado

El Pleno del Congreso, por otro lado, ha derogado este miércoles, con los votos de PP, Vox, Junts y UPN, el decreto ley aprobado por el Gobierno para regular la actividad de los 'lobbies', un texto que ha recibido críticas del socio minoritario del Gobierno y de otros aliados parlamentarios, principalmente por considerar grupos de interés a los sindicatos y las organizaciones empresariales.

El texto ha sido apoyado finalmente por el PSOE, Sumar, ERC y Bildu, pero ha caído frente a los 179 votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN y la abstención de PNV y Podemos. Sumar tenía pensado votar en contra, pero a última hora reculó y acabó dando el sí al PSOE, aunque su portavoz adjunta, Aina Vidal, ya había votado 'No' telemáticamente.

Este era el segundo intento del Gobierno para regular los grupos de interés, pues en enero de 2025 ya había enviado a la Cámara un proyecto de ley cuya tramitación encalló por falta de acuerdo. El decreto ley estaba en vigor desde su aprobación a finales de agosto, pero al no recibir el refrendo del Congreso ha quedado derogado.

Durante sus intervenciones, la mayoría de grupos han echado en cara a los socialistas que, en lugar de intentar el consenso en sede parlamentaria, hayan utilizado la vía del decreto ley para impulsar estas medidas justificando la urgencia en la necesidad de cumplir los plazos fijados para poder tener acceso a 1.500 millones de fondos europeos.

Pero el grueso de las críticas se han centrado en la consideración de las organizaciones empresariales y sindicales como grupos de influencia. Al presentar el texto, el ministro de Transición Digital, Óscar López, ha avanzado que, si se convalidaba, antes de noviembre el Gobierno presentaría una enmienda a otra norma en el Congreso para dejar claro que los miembros del diálogo social quedarían excluidos de esta regulación.

El ministro ha hecho hincapié en que el Gobierno había recogido en el decreto ley el 90% de las propuestas de los grupos, incluidos PP y Junts, y ha cargado especialmente contra los 'populares' y Vox: "Cuando en Europa pregunten por qué en España no hay una ley de 'lobbies' habrá que responder que fue porque lo impidieron la derecha y la ultraderecha", ha aseverado. A su juicio, a la ciudadanía le va a costar entender "que la oposición no quiere aprobar un proyecto por el cual el Gobierno eleva los controles sobre el Gobierno" y que además, está "pactado con Bruselas" y con el sector lobista.

Los portavoces de los distintos grupos que han tomado la palabra, salvo Vox, han defendido la necesidad de imprimir más transparencia a las relaciones de los 'lobbies' con el Gobierno, pero han coincidido en que esta regulación llega "tarde" y es insuficiente.

Para el diputado de Bildu Óskar Matute, no sirve para dejar claro "quien influye, en quién, con qué recursos y con qué consecuencias". En opinión de Néstor Rego, del BNG, el decreto supone en realidad la "legalización del lobismo" y no actúa contra las 'puertas giratorias', mientras que Àgueda Micó (Compromís) ha aprovechado para quejarse de que el plan contra la corrupción anunciado por el Gobierno sigue "a medio hacer", porque aún no hay sanciones para los corruptores.