Claves sobre la Ley de dependencia: más servicios en casa y menos burocracia para acceder a las prestaciones

Más cuidados en casa y más agilidad en los procesos administrativos para acceder a los servicios
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La reforma de las leyes de dependencia y discapacidad se enfrenta este miércoles al último debate antes de su aprobación definitiva. La reforma, la más importante de los últimos 20 años, amplía los servicios para mayores y personas con discapacidad, además de agilizar los procesos administrativos para el reconocimiento de su situación y el acceso a las prestaciones.
Los cambios en dependencia:
- Elimina incompatibilidades para que las personas en situación de dependencia puedan recibir diferentes prestaciones.
-Refuerza el derecho de cada persona a elegir el servicio o prestación que desea de manera que el sistema podrá ajustarse a las prestaciones que cada persona usuaria necesite.
-La asistencia personal queda blindada como servicio y podrá ofrecerse más allá del entorno domiciliario, como acompañamiento para hacer la compra o ir al médico.
-Amplía el concepto de cuidador y reconoce que personas del mismo entorno relacional puedan ofrecer cuidados.
-La teleasistencia será un derecho para todas las personas que tenga reconocida una dependencia y permitirá hacer un seguimiento de cómo está el usuario a través de otros dispositivos como, por ejemplo, las pulseras geolocalizables.
-La reforma garantiza por ley que el estado abone las cotizaciones de las cuidadoras principales (la mayoría son mujeres), así como la continuidad de los cuidados en caso de enfermedad grave u hospitalización de estas cuidadoras.
-Reduce los plazos para reconocer prestaciones, que pasa de 6 meses a 3 meses.
Respecto a los cambios en la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social permiten desplegar el mandato del artículo 49 de la Constitución y consolidar derechos de accesibilidad universal y autonomía personal.
-Permite el reconocimiento automático de un 33 % de discapacidad a aquellas personas a las que se les asigne un grado I de dependencia, y a las que obtengan un grado II o III podrán ser reconocidas con el 65 % de discapacidad.
-Reconoce la accesibilidad universal como un derecho, de forma que las personas con discapacidad podrán reclamar la accesibilidad en servicios o en edificios que sean públicos.
- Obliga a las comunidades de vecinos a pedir ayudas para hacer obras de accesibilidad en viviendas si alguna de las personas residentes así lo solicita y facilita los requisitos para acceder a estas ayudas, rebajando del 75 al 70 % el porcentaje de financiación de la obra a pagar por la comunidad.
- Atención temprana como derecho subjetivo para garantizar que los gobiernos autonómicos atiendan a todos los menores de 6 años que presenten trastornos en el desarrollo o tengan riesgo de desarrollarlo.
- Prohíbe la discriminación en los seguros hacia las personas con discapacidad y se regula la figura de un facilitador procesal en los procesos judiciales.