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Cada vez queda menos tiempo y, cada vez, el escenario se complica más. A la pretensión de Pedro Sánchez de poner “punto y final” al estado de alarma una vez que expire el plazo vigente, el 9 de mayo, le crecen los enanos por momentos.
El primero, la curva de contagios, que marca una línea ascendente aún a la espera de que se declare el efecto Semana Santa. Si pasa como pasó tras la Navidad, lo previsible es un repunte aún mayor en cuestión de días. De ser así, la idea de dejar sin efecto la herramienta legal que, precisamente, concede seguridad jurídica al endurecimiento de las medidas que puedan decidir las comunidades se hace más difícil de explicar.
Lo segundo es la crispación en el escenario político. Los incidentes en el mitin de Vallecas de Vox han venido a enrarecer aún más el contexto electoral en el que el Gobierno debe aclarar si, definitivamente, desiste o no del estado de alarma. Si decide la prórroga, se verá obligado a negociarla a un paso de la cita con las urnas. Mal plan, salvo que espere al 5 de mayo para despejar la duda in extremis, lo que le forzaría a una negociación exprés, que tampoco es una buena opción.
Si decide, como parece, que no haya más estado de alarma, en Madrid hay una interferencia añadida: el cuatro, martes, día de las elecciones es laborable. Pero justo antes el día 3 es lunes declarado festivo por caer el 2, día de la Comunidad, en domingo. Esto es, puente en Madrid (de tres días), en el que al Gobierno le tocará dictar alguna indicación sobre si cerrar perimetralmente la región para evitar un desplazamiento masivo.
El dilema no va a ser menor y le expone al Ejecutivo a la contradicción o al enfrentamiento con Ayuso. O a ambas cosas juntas porque la presidenta madrileña ya ha anticipado que les espera a la vuelta de esa esquina.
“Sería sospechoso que NO nos obligaran cerrar ahora que, casualidad, hay elecciones. Sería muy sospechoso que no lo hicieran”. La frase la estrenó el miércoles tras el consejo de Gobierno pero la idea la ha repetido luego durante la semana.
Con ella, Ayuso abona su estrategia win win: si le permiten abrir gana, porque podrá decir, como ya dice, que es una maniobra electoralista de Moncloa. Si le obligan a cerrar gana también, porque le permitirá denunciar, una vez más, que lo hacen contra su voluntad. Y además, y aquí está la contradicción añadida a la que se expone Sánchez, sería una invitación restrictiva justo antes de ir a abrir la mano con la supresión del estado de alarma. Apenas seis días antes.
Así pues, la que se avecina como batalla del puente es un ingrediente más para esa tormenta perfecta en mitad de la que Sánchez deberá tomar la decisión.
Alarma sí, alarma no. Ése es el gran dilema que tampoco ayudan a despejar la irregular marcha de la campaña de vacunación –a esta hora se hace difícil saber a qué grupo de edad se está dispensando la de Astra Zeneca- , las dudas de los constitucionalistas sobre hasta qué punto se puede restringir la movilidad sin ese paraguas legal que Sánchez parece decidido a cerrar, o la falta de una legislación alternativa que ofrezca garantías de que hipotéticas medidas restrictivas que se puedan adoptar van a ser tumbadas, o no, dependiendo de qué juez entienda de ellas.
La pelea sobre esto último ha seguido esta semana, a menos de un mes del crucial 9 de mayo, y sigue sin haber acuerdo.
El líder del PP, Pablo Casado, ha reclamado tramitar en 15 días un plan jurídico que supla al estado de alarma pasada esa fecha. Esta misma semana se ha conocido un informe del Consejo de Estado en el que recomienda adaptar la ley recomienda adaptar la ley para llenar el vacío que deje la suspensión de la excepcionalidad. Este organismo admite que la legislación estatal vigente "no contiene seguramente los mecanismos adecuados para hacer frente a una crisis de esta envergadura". Se refiere a la pandemia.
El Gobierno llegó a comprometerse hace ya casi un año a esa revisión, y ha tenido tiempo de sobra para hacerlo. Sin embargo, ahora no esta por la labor. La obligación de que sea una ley orgánica, lo que requiere un amplio consenso bien con el PP, bien con los nacionalistas que pueden ver comprometidas sus competencias, puede explicar el cambio de planes.
El caso es que la vicepresidenta Carmen Calvo ha dicho que no. Que vale con la legislación vigente, las competencias que ya tienen las comunidades y la pauta que marque el Consejo Interterritorial de Salud. El PP no se da por enterado y redoblaba el viernes la presión al Ejecutivo; exige una convocatoria extraordinaria de la Conferencia de Presidentes.
La llamada cogobernanza, vamos, que ha funcionado mal que bien en los momentos en los que la pandemia ha empezado a dar un respiro pero que, llegados a este punto, se enfrenta a lo que parece la gran prueba de fuego.
Pugna electoral, dudas legales, clima de confrontación, ausencia de un plan B específico... El panorama lo tiene todo para un Sánchez que, eso sí parece decidido a forzar la vuelta a la España en pandemia pero sin estado de alarma.
No lo dio por hecho. Pero dijo “El objetivo del Gobierno es que, una vez vencido el plazo del 9 de mayo, no sea necesario prorrogar más el estado de alarma”. Demasiado evidente para, en caso de que no sea así, evitar verse expuesto a que le acusen de rectificar. Otra vez.