El Parlamento andaluz aprueba por unanimidad la nueva Ley de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental

El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado por unanimidad la Ley de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía, que sustituye a la vigente desde 1984. Esta norma, que ha sido elaborada con la participación de las distintas administraciones, universidades, archivos privados y asociaciones profesionales, amplía las posibilidades de acceso ciudadano a los documentos, incorpora nuevas formas de tramitación administrativa adaptadas a las últimas tecnologías e incrementa los niveles de protección y racionalización.

Durante su intervención en la Cámara, el consejero de Cultura, Paulino Plata, ha destacado que la ley responde a una demanda social y que contribuirá a la modernización de la administración, además de incluir mecanismos que aumentan la transparencia en el acceso de los ciudadanos a la información. "Con esta ley, Andalucía va a ser de nuevo pionera en la regulación del patrimonio documental, como lo fuimos con la Ley de 1984", ha afirmado el consejero.

Paulino Plata, que ha hecho hincapié en la riqueza del patrimonio documental andaluz, ha anunciado asimismo la nueva sede del Archivo General de Andalucía en el antiguo Pabellón del Futuro de la Isla de Cartuja, donde se conservará toda la documentación desde el periodo preautonómico.

La ley se aplicará en todos los archivos que conforman el Sistema Archivístico de Andalucía, integrado actualmente por 961 públicos y seis privados, e implica la creación de nuevos archivos, vinculados unos a la aparición de nuevos entes instrumentales y otros a la creación de los Archivos Provinciales Intermedios, centros que permitirán en su día ingresar los documentos producidos por la administración periférica de la Junta y aliviar la saturada situación de los Archivos Históricos Provinciales.

El consejero ha explicado que se trata de una ley "útil y necesaria" para adaptar los archivos de todas las administraciones públicas a las tecnologías de la información y la comunicación. "El objetivo sigue siendo garantizar la mejor tutela de nuestro valiosísimo patrimonio documental", ha añadido, "pero la gran prioridad es hacerlo más fácilmente accesible a los ciudadanos, apoyándonos en las oportunidades que ofrece el mundo digital".

NUEVO CONCEPTO DE PATRIMONIO DOCUMENTAL

Entre sus novedades más destacadas, la norma establece un nuevo concepto de Patrimonio Documental Andaluz, que queda definido como el conjunto de todos aquellos documentos que, en razón no sólo de su origen y antigüedad sino también de sus valores culturales, poseen un interés para la comunidad autónoma. Con el fin de asegurar el control y difusión de los mismos, se dispone la posibilidad de su inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz (CGPHA), donde con la entrada en vigor de la ley quedan integrados directamente todos los fondos que se custodian en el Archivo General de Andalucía y en el del Patronato de la Alhambra y el Generalife.

El texto dispone también la creación del Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Documental de Andalucía, en el que se identificarán aquellos documentos privados de interés para la comunidad autónoma, independientemente de su antigüedad.

Las obligaciones de los titulares de documentos y archivos constitutivos del Patrimonio Documental quedan reguladas de una forma más precisa. Entre otras medidas, se introduce el deber general de proporcionar cualquier información que sea requerida por la Junta y la obligación de comunicar operaciones de transmisión onerosa, que están sometidas al derecho de tanteo y retracto por parte de la Administración. Para los propietarios privados de documentos constitutivos del patrimonio, en función de su nivel de protección se fijan de forma gradual obligaciones y deberes, que van desde facilitar las inspecciones de la Consejería de Cultura a garantizar la conservación y custodia.

Queda igualmente establecido el requerimiento de la autorización de la Junta para el traslado de los documentos de titularidad privada que se encuentren inscritos en el CGPHA, incluidos los de carácter temporal, así como el depósito y la expropiación forzosas de aquellos bienes que no tengan garantizadas sus condiciones de conservación, seguridad o acceso.

Otra de las novedades recogidas en la Ley es la reestructuración del Sistema Archivístico de Andalucía y, especialmente, cabe destacar las disposiciones dirigidas al establecimiento de un modelo común e integral de gestión de los documentos públicos que se aplicará a lo largo de toda la vida de los mismos, desde el momento en que se originan hasta que se decide sobre su conservación permanente o eliminación total, de tal forma que se garantiza la conexión entre los archivos y los centros productores.

Con este objetivo, en el ámbito de la Administración autonómica se implantará el Sistema de Información de Archivos de la Junta de Andalucía como herramienta para la gestión integrada de todos los documentos de su competencia.

Asimismo, se crean los denominados archivos intermedios, que reunirán documentos de la Administración periférica de la Junta hasta su ingreso definitivo en el Archivo General de Andalucía o en los provinciales, y se regulan las normas de ejecución y custodia de los documentos electrónicos que genera o recibe la Junta. Para este material digital la ley crea un registro específico.

DEBATE DE LOS GRUPOS

En su intervención en la Cámara, la diputada del PSOE-A María Cózar ha indicado que Andalucía ya fue pionera con la aprobación de esta ley en 1984, pero que los avances de la sociedad han obligado a actualizarla, "dado que ya no daba cobertura a la realidad actual". Según ha apuntado, se ha realizado un buen trabajo con este proyecto de ley, "mejorado durante el trámite parlamentario".

Cózar, que ha destacado que la normativa amplia las posibilidades de acceso de la ciudadanía a los documentos, ha subrayado también el hecho de que el texto disponga la creación del Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Documental de Andalucía, en el que se identificarán aquellos documentos privados de interés para la comunidad autónoma, independientemente de su antigüedad.

Por su parte, el diputado del PP-A, Antonio Garrido, ha dicho que se trata de una ley "muy técnica y hecha con rigor", lo que supone "un acierto". Ha considerado un "esfuerzo notable" que se renueve esta normativa que, según ha explicado, "atiende al valor histórico autónomo en el documento, a su vida y a su valor legal".

Garrido ha indicado que su formación ha presentado 54 enmiendas durante la tramitación parlamentaria de la normativa y que el PSOE-A le ha aceptado un total de 20, lo que, en su opinión, supone una demostración "palpable" de la voluntad de negociación y consenso. Si bien, ha lamentado que a la normativa le faltan los medios económicos y de personal.

Finalmente, el diputado de IULV-CA José Antonio Castro ha anunciado el voto favorable de su formación, justificándolo en la necesidad de adecuar la legislación en esta materia, siendo la más antigua de toda España, y por la utilidad del texto, "reconocida por los propios agentes sociales". No obstante, ha mostrado las "dudas" que le generan que el proyecto no acompañado de la correspondiente dotación económica para alcanzar los "ambiciosos objetivos" que tiene planteados.