El juez, durísimo con los policías de Linares: no empezaron la pelea pero usaron violencia atroz
El juez reconoce que fue la víctima la que empezó la pelea
Los agentes emplearon una violencia atroz que les puede llevar cinco años a prisión
Uno de los agentes incluso se puso a bailar tras la paliza
Durísimo el auto del juez que dicta prisión provisional y sin fianza para los dos policías nacionales por pegar una paliza a un hombre y a su hija de 14 años en Linares, Jaén. Se enfrentan a penas de 2 a 5 años de cárcel por un delito de lesiones graves, con los agravantes de ensañamiento y abuso de superioridad.
El juez ha visto el vídeo de la agresión y concluye que aunque creyera que fue la víctima quien empezó la agresión, los policías "actuaron desproporcionadamente", y que utilizaron "…una violencia atroz contra el hombre y su hija...y, aún habiendo conseguido reducirlo en el suelo continúan dándole golpes".
El auto cita a un testigo que vio a uno de los agentes "bailando" después de los hechos "lo que refleja su sentimiento de impunidad". El juez aprecia incluso riesgo de fuga por la falta de arraigo familiar, social y laboral de los agentes. Además la policía investiga si hubo otra irregularidad por el disparo que recibió un joven con una escopeta de perdigones en los disturbios posteriores.
Prisión incomunicada: Ni arraigo familiar ni laboral: el riesgo de fuga es alto
El Juzgado de Instrucción 3 de Linares (Jaén) ordenó el ingreso en prisión comunicada y sin fianza de los dos policías que agredieron el viernes, cuando estaban fuera de servicio, a un hombre y a su hija de 14 años, por riesgo de fuga y de que destruyeran u ocultasen pruebas. La mujer de la víctima dice que psicológicamente está casi más afectado que físicamente. "Lo estamos pasando muy mal por lo de la niña porque ella está sufriendo una crisis y está mal y el padre no habla, ve cómo está la niña y se hunde", ha señalado la pareja de la víctima, que empezó la pelea, al Programa de Ana Rosa.
El auto del juez señala que por "la gravedad de la pena que lleva aparejada el delito", que podría ser de hasta 5 años de prisión y, "pudiendo ser dicha pena aún mucho mayor", se deduce que es "bastante probable que los investigados sientan impulsos de huir de la acción de la justicia". Los dos detenidos, un agente y un subinspector, están siendo investigados por un delito de "lesiones agravadas por el empleo de métodos o formas peligrosas", en el que "ha mediado ensañamiento".
Añade que a ese riego de fuga "contribuye el hecho de que su arraigo familiar sea escaso" porque no tienen pareja ni descendencia y su arraigo laboral, "previsiblemente haya desaparecido, puesto que se les ha abierto un expediente disciplinario por la Policía Nacional, siendo probable que estén cautelarmente suspendidos de su empleo, ya que se les ha retirado el arma reglamentaria".
Por otro lado, el juez señala que hay riesgo de ocultación, alteración o destrucción de fuentes de prueba porque uno de los acusados "aparece en una grabación de vídeo persiguiendo a una persona que con su móvil se acerca para captar la secuencia de lo que está ocurriendo", lo que "sólo puede interpretarse como un acto de boicot de un material probatorio".
"También se le puede ver en frente de un camarero que está barriendo lo que podrían ser los restos de vidrio de una botella empleada en la agresión, impasible, sin impedir que esto ocurra, cuando ello claramente es un vestigio del delito que se habría cometido y que, por ello, debe ser conservado hasta que aparezcan los agentes de Policía Judicial", indica el auto.
También considera el hecho de que ambos investigados pertenecen al Cuerpo de Policía Nacional, lo que "permite inferir que disponen de mayores facilidades que el ciudadano medio para averiguar datos que les permitan influir indebida e ilegítimamente en las fuentes de prueba, principalmente, testigos".
El juez concluye en el auto asegurando que "lo esperable es que cualquier ciudadano se comporte de acuerdo a las normas y leyes" y que respete los derechos de los demás, "depositándose aún más confianza en que dos miembros de la Policía Nacional acatarán tales obligaciones, puesto que entre sus funciones se encuentran precisamente garantizar esa convivencia pacífica y los derechos de los ciudadanos".
Sin embargo, dice que los investigados, "a través de sus actos, han puesto de manifiesto que son incapaces de dar cumplimiento a los mandatos legales y constitucionales, pues en caso contrario no estarían en la situación en la que se hallan". Durísimo alegato, pues.