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Pedro Sánchez celebra este 17 de mayo la décima conferencia de presidentes autonómicos. En ella, Quim Torra ha reclamado una vez más implantar la renta básica universal "ya" para hacer frente a la emergencia social desencadenada por la pandemia de COVID-19. En palabras del president, "es imprescindible que se apruebe este mes de mayo: no podemos fallar aquí".
En este sentido, Torra ha lamentado que "miles de trabajadores no hayan cobrado las prestaciones de los ERTE", algo "inaceptable", como avanzó la portavoz del Govern, Meritxell Budó, un día antes de la reunión telemática con Sánchez. Es por eso que el jefe del Ejecutivo catalán le ha anunciado que presentará una reclamación por estos impagos.
Por otro lado, la Generalitat catalana ha vuelto a reclamar la vuelta de todas las competencias retiradas por el Gobierno durante el estado de alarma. Torra insiste en que la Generalitat planifique y aplique su propio desconfinamiento, por lo que ha vuelto a pedir a Sánchez que levante el estado de alarma o lo modifique para que aquellas comunidades que quieran gestionar su 'desescalada' lo puedan hacer.
Es por este motivo que el Govern no apoya la nueva prórroga (esta vez, de un mes, hasta finales de junio) que Pedro Sánchez propondrá al Congreso y así Torra se lo ha hecho saber este 17 de mayo. Precisamente, los grupos independentistas en la cámara baja (Esquerra Republicana, Junts per Catalunya y la CUP) ya votaron en contra de la prórroga en las últimas votaciones.
El resto de propuestas del Govern al Estado pasan por hacer obligatorio el uso generalizado de mascarillas en la vía pública y por la forma en que se deben llevar a cabo las manifestaciones de ahora en adelante durante el estado de alarma.
Según avanzó el conseller de Interior, Miquel Buch, las manifestaciones que se convoquen de ahora en adelante en todas las fases de la 'desescalada' deben cumplir una serie de requisitos. Así lo ha aprobado esta semana el PROCICAT, que contempla que los manifestantes mantengan una separación de dos metros entre sí, no compartan carteles y utilicen mascarillas. Además, las protestas deberán ser estáticas (no se podrán mover por las calles de las ciudades) y desarrollarse en calles de 20 metros de ancho o más.
Al ser preguntado por cómo los cuerpos de seguridad velarían por que los manifestantes cumplan con estas restricciones, Buch ha asegurado que "no habrá nadie con un metro asegurándose que haya dos metros de distancia entre las personas". Además, ha puesto como ejemplo las protestas contra el confinamiento en el barrio madrileño de Salamanca, unas "imágenes que no garantizan las medidas que proponemos".
La Generalitat justifica la propuesta al asegurar que "las protecciones por el coronavirus no pueden ir en contra de los derechos fundamentales". En este sentido, la conselleria defiende que estas medidas buscan garantizar una correcta gestión de la pandemia y a la vez el derecho de manifestación, "adaptado a la nueva realidad" del COVID-19.
Precisamente, la mayor concentración que tiene lugar en Cataluña se celebra cada 11 de septiembre, por la 'Diada Nacional' de la comunidad. Sin embargo, Buch considera que esta fecha "queda muy lejos: aún faltan junio, julio y agosto, meses que nos ayudarán a entender cómo deben ser las manifestaciones".
Por otro lado, el jefe del Ejecutivo catalán también ha trasladado al presidente del Gobierno la "incoherencia" de que, en palabras de Buch, "los ciudadanos puedan tomarse un refresco en cualquier bar de la región, pero no puedan salir de su municipio mientras hacen deporte". Por ello, ha pedido levantar esta restricción en la actividad deportiva.
Lo anunció Budó el 16 de mayo y este domingo, el departament de Educació ha dado más detalles. Según lo previsto por las fases de la 'desescalada', los territorios que alcancen la segunda podrán volver a abrir los centros educativos, por lo que está estudiando un plan que prevé acabar el curso de forma telemática pero abrirlos en junio para dar una atención presencial a los estudiantes.
Para ello, y según Josep González-Cambray, director general de Centres Públics del Departament d'Educació, la Generalitat establecerá clases de un máximo de 12 a 13 alumnos en cursos de primaria y de 15 en institutos. En aquellos centros que esto no sea posible, las lecciones deberán alternar formas telemáticas y presenciales para dividir los grupos.
Además, siempre según González-Cambray, las escuelas deberán garantizar el lavado de manos y "equipos de protección para trabajadores y algunos alumnos si es necesario". También "determinar la trazabilidad entre alumnos en grupos estables" y aumentar la plantilla de profesorado.
El departament ha mantenido reuniones con sindicatos, directores de centros, ayuntamientos y representantes de familias para elaborar y aprobar el plan esta próxima semana. Este prevé la vuelta a las lecciones presenciales en junio y en estas condiciones, pero establece la necesidad de cumplir todas y cada una de ellas de cara a septiembre, cuando empiece el nuevo curso escolar.