Xabi Alonso, entre demandas y críticas ecologistas por su chalé "ilegal" en San Sebastián
Las asociaciones ecologistas Haritzalde y Ekologistak Martxan Gipuzkoa han presentado una demanda por el chalé de Xabi Alonso
Un juzgado declaró "ilegal" el chalé de Xabi Alonso en San Sebastián
Las asociaciones ecologistas Haritzalde y Ekologistak Martxan Gipuzkoa han presentado recientemente una denuncia ante la Fiscalía contra el Ayuntamiento de San Sebastián y la empresa Tavaro XXI SL, cuya única administradora es Nagore Aranburu, la mujer del entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso. Los colectivos acusan al consistorio de un presunto delito de prevaricación y a la empresa de un posible delito de usurpación de bienes públicos, en relación con el uso indebido de un camino de servicio público en la zona de Txalin, en Igeldo.
El conflicto gira en torno al acceso al chalé de más de 1.000 metros cuadrados, con sótano y piscina, construido por la familia de Xabi Alonso en un paraje privilegiado de San Sebastián. Este inmueble fue declarado "ilegal" por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Donostia al "no cumplir con los requisitos de tipología rural" exigidos por la normativa urbanística. Y, aunque esta sentencia ha sido recurrida tanto por el Ayuntamiento como por Tavaro XXI SL ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, los colectivos ecologistas insisten en que existen otras irregularidades no resueltas en torno a la legalidad de la construcción.
Una de esas irregularidades, indica el comunicado de Ekologistak Martxan Gipuzkoa, es que la parcela donde se levanta el chalé no contaba con "acceso a un vial público", a pesar de lo cual se le concedió licencia de obra. Para solventar esa carencia, "dos años y medio después", el Ayuntamiento otorgó a Tavaro XXI SL una "autorización especial" para utilizar el camino de servicio que da acceso al depósito de aguas de Txalin. Sin embargo, según las asociaciones, esta autorización ya era ilegal en su origen, ya que la normativa solo permite ese tipo de concesiones a usuarios relacionados con el servicio público.
Además, la autorización tenía un plazo de vigencia de "cuatro años", que expiró el pasado "21 de marzo de 2025", y era expresamente "improrrogable" según el "artículo 92 de la Ley de Patrimonio". Ante el temor de que tanto el Ayuntamiento como la empresa ignorasen esta caducidad, las asociaciones afirman que notificaron al consistorio en marzo la "obligación legal de recuperar la plena posesión del camino", advirtiendo que Tavaro XXI SL "no podía seguir utilizándolo" como acceso a su propiedad.
Según los colectivos denunciantes, el Ayuntamiento ha optado por la "inacción"
Según los colectivos denunciantes, el Ayuntamiento ha optado por la "inacción" y el camino continúa siendo utilizado por la empresa, lo que consideran un intento deliberado del consistorio de "encubrir" con su "pasividad" una "situación ilegal". Por ello, señalan como "posible responsable del delito de prevaricación" al "concejal de mantenimiento urbano, departamento que concedió la autorización" en su momento.
El segundo posible delito denunciado es el de usurpación de bienes públicos, previsto en el artículo 245.2 del Código Penal, que las asociaciones atribuyen a Tavaro XXI SL "al seguir utilizando un camino ajeno y de propiedad pública, pese a carecer de título para ello".
Actualmente, y según los grupos ecologistas, el "Ayuntamiento está negociando con Tavaro XXI SL" una reclasificación del camino para que deje de ser considerado de servicio público y pase a ser un camino público general. Esta medida permitiría su utilización también por la empresa promotora del chalé. Sin embargo, los denunciantes consideran que esta "reclasificación también constituiría un acto de prevaricación", ya que su objetivo no sería mejorar el servicio público, sino legitimar a posteriori una situación ilegal y salvar una licencia de construcción concedida de forma indebida.
A la espera del pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sobre la legalidad del chalé, las asociaciones implicadas en este proceso mantienen su postura firme en defensa del cumplimiento de la legalidad urbanística y la protección de los bienes públicos.