Piden 3.600 euros de multa a unos padres de Gondomar por sacar del colegio a su hijo y darle clases en casa de matemáticas, lengua y mindfulness
En el juicio celebrado en Vigo los padres argumentaron que el sistema educativo no les gustaba
Los padres cambiaron de colegio al menor hasta en cuatro ocasiones hasta optar por educarlo en casa
VigoLa Fiscalía ha solicitado para unos padres de Gondomar una multa de 1800 euros de multa para cada uno, tras retirar a su hijo de nueve años de hasta cuatro colegios, para educarlo en casa. El ministerio público les acusa de un delito de abandono de familia, al considerar que hubo por parte de los padres, un incumplimiento del “deber asistencial”.
El juicio a estos padres se celebró este pasado martes en un Juzgado de Vigo, y durante la celebración del mismo, la Fiscal tuvo palabras muy tajantes para la actitud de estos padres: “es un absentismo en toda regla, muy bien trabajado”, asegurando que la causa de los padres para adoptar esa decisión, basada en que no les gustaba “el sistema” no se sostiene.
Durante la vista, los padres admitieron que habían solicitado a la Xunta de Galicia una petición para poder educar a su hijo en casa, pero fue denegada al no darse las circunstancias estipuladas para ello, según la inspección.
Clases de matemáticas, lengua, "mindfulness" y deportes
La Xunta rechazó su proyecto educativo que según explicaron en la vista, incluía clases de matemáticas y lengua, impartidas por los padres, así como “mindfulness”, fútbol y surf y excursiones con la familia. La idea de los padres pasaba por evaluarlo ellos mismos y que más adelante pudiera presentarse a exámenes oficiales por libre.
A pesar de la negativa de la Xunta, los padres decidieron desescolarizar al menor, retirándolo del centro donde estaba matriculado, un colegio público de Gondomar y que era el cuarto por el que había pasado, ya que no estaban conformes con el sistema educativo. Los progenitores relataron durante la vista que el niño volvía de clase en tensión y nervioso.
Por su parte, el director del centro declaró durante el juicio que bajo su criterio, el menor tenía algunos problemas para socializar, mientras la inspectora rechazó el plan de estudios de los padres, que no alcanza los mínimos exigidos, apuntando que ninguno de los progenitores es profesional de la docencia. En el fondo, según se concluye de las declaraciones en el juicio, a los progenitores no les gustaba el sistema, ”ya que perjudicaba al niño”.
La inspectora que declaró en la vista argumentó en su intervención que el colegio aporta mucho más que conocimientos concretos, recalcando que el colegio es también "un laboratorio social", donde los niños comparten espacio y tiempo con otros niños.
La abogada de los padres, por su parte, pidió su libertad al considerar que los padres no cometen delito, ya que según señaló “el deber de los padres es el de dar educación no escolarización” y añadió además que la asistenta social no detectó desprotección ni vulnerabilidad en el pequeño, tras visitarlo.
El juicio ha quedado visto para sentencia, y los padres en caso de ser condenados, tendrían que pagar la multa de 1800 euros cada uno.
