“Observamos algo que puede ser un problema este invierno”. Este vaticinio encaja perfectamente con el presente, pero acaba de cumplir 365 días. Hace un año que España lanzó la voz alarma en Europa: la evolución de los precios de la energía se estaba convirtiendo en una amenaza para la recuperación económica y los objetivos de transición verde de la UE. En septiembre de 2021 parecía que planteábamos un imposible: una acción coordinada a nivel europeo para tratar de contener esta subida. Un año después, la Comisión Europa ha presentado ese plan, después de llegar a la conclusión de que había que "intervenir" el mercado eléctrico.

La presidenta Ursula Von der Leyen ha propuesto detraer 117.000 de beneficios extraordinarios e incorporar un impuesto excepcional para petroleras, gasistas y refinerías con el que se podrían recaudar 25.000 millones. Las medidas se parecen mucho a las que ya ha puesto en marcha el Gobierno español. El presidente, Pedro Sánchez, se felicitaba por esta "inspiración".

El 20 de septiembre de 2021 las dos vicepresidentas, Nadia Calviño y Teresa Ribera, comunicaban su preocupación en esta carta a Bruselas a la que ha tenido acceso NIUS. "Queremos llamar la atención sobre las potenciales consecuencias de la actual subida de precios de la electricidad en Europa".

El mantra que arrancó en aquella época fue: si las reglas del mercado se fijan a nivel europeo, la solución también tiene que darse a ese nivel. La volatilidad de los precios era insostenible y ponía en peligro los objetivos de descarbonización. Era un poco el mundo al revés. La misiva iba a acompañada de un documento de trabajo para "enmarcar el necesario debate a nivel europeo". Algunos puntos:

España acababa de aprobar un plan de choque para esta situación. Fue el primer país en hacerlo en septiembre de 2021. El precio de la luz superaba entonces los 150 euros el MWh. El Gobierno planteó un primer intento de tope al gas que luego terminó fallando por cuestiones de diseño. El objetivo era minorar en 2.600 millones los beneficios extraordinarios que recibían las centrales que, sin necesitar el gas, eran compensadas como si lo tuvieran que comprar. Tras aprobar este decreto ley, las eléctricas cayeron con fuerza en bolsa. "Nosotros vamos a estar del lado de la ciudadanía", contestaba Sánchez. El Gobierno insistía en que lo que se había aprobado --un cambio de las reglas de fijación de precios-- estaba dentro de la legislación europea. Algunos expertos dudaban de esta afirmación. El Ejecutivo hizo lo que pudo entonces y arrancó su cruzada para tratar de convencer al resto de Europa.

La Comisión Europea respondió rechazando la petición de las vicepresidentas. En lugar de estudiar lo que pedían, el Ejecutivo europeo dijo que el mercado eléctrico funcionaba correctamente y que ante la ya evidente subida de precios la respuesta debía ser un cóctel formado por una revisión de costes de red, de impuestos y gravámenes varios y con medidas de protección de los hogares más vulnerables. El kit de herramientas que ya estaba encima de la mesa para estas situaciones era suficiente.

Pero los precios continuaron su escalada. España ya no era el único país en presionar. Putin había dejado de llenar los depósitos de gas en territorio europeo y eso ponía muy nerviosos a los mercados. No sabíamos entonces que formaba parte de su estrategia para debilitar la respuesta europea ante sus planes de invasión de Ucrania.

El 13 de octubre de 2021 la Comisión publicó un documento de cuatro páginas titulado: “Hacer frente al aumento de los precios de la energía”. Se limitaba todavía a recordar las medidas al alcance de los gobiernos sin aceptar intervenciones o reformas del mercado eléctrico. Era tal la confianza en las medidas existentes que ese informe decía: “Los mercados prevén que los precios se estabilicen en abril de 2022”. No pasaba nada. Ribera respondió que la reacción de Bruselas era “manifiestamente incongruente”.

Justo un día antes de que Rusia invadiera Ucrania, las dos vicepresidentas volvieron a escribir a Bruselas en esta otra carta que publica NIUS. El precio de la luz en el mercado mayorista rondaba ya los 200 euros el MWh. España reiteraba su preocupación. La caja de herramientas comunitaria no era suficiente y los gobiernos estaban renunciando a una cantidad ya considerable de recursos para tratar de amortiguar la escalada. "Hay que actualizar las acciones en el frente regulatorio", proponían. Se hablaba de "desacoplar" los precios del gas, de abrir el debate sobre los beneficios caídos del cielo en el sector y de diseñar un sistema de fijación de precios que tuviera el mayor peso de las energías renovables (mucho más baratas).

La noche del 23 al 24 de febrero los tanques rusos cruzaron la frontera ucraniana. La Comisión no cambió de postura. Volvió a rechazar la petición española de separar los precios del gas de la formación de precios de la electricidad. Aunque abrió una rendija. En una comunicación habló por primera vez de la posibilidad de que los países gravaran los “beneficios caídos del cielo”.

Después de una gira por varios países tratando de recabar apoyos, Pedro Sánchez llegó a la cumbre europea del 24 de marzo dispuesto a volver con una solución. A pesar de que la Comisión Europea era reticente, el presidente y su homólogo portugués Antonio Costa consiguieron arrancar a sus homólogos la “excepción Ibérica”. Al menos nosotros sí podríamos desacoplar el gas.

La medida tardó mucho más de lo previsto en ponerse en marcha. Finalmente arrancó el 15 de junio, en plena nueva subida de precios y ola de calor. Según el Gobierno, el tope al gas ha permitido ahorrar 2.500 millones de euros y ha rebajado la factura de la luz un 15%.

La guerra se va prolongando y Rusia va cerrando el grifo del gas. El precio de la electricidad bate todos los récords previsibles. El calor, la sequía y los problemas nucleares de Francia son dos factores inesperados que reman a favor de Putin. Europa está acorralada en esta situación energética. La comisaria, Kadri Simson acepta, tras otra reunión de ministros de Energía, presentar ideas de reforma de intervención en el mercado para octubre y una propuesta legislativa para abril de 2023.

Agosto se come sus ideas. El precio del gas se dobla en un mes en el mercado de referencia holandés y Ursula Von der Leyen toma el mando. A la vuelta de las vacaciones, la presidenta de la Comisión Europea, ya con el visto bueno del Gobierno alemán, anuncia una intervención de emergencia y sin precedentes del mercado eléctrico y una reforma general del mismo a medio plazo.

Asume propuestas y medidas que España ya ha adelantado: reducir los ingresos extraordinarios de las energías que no son gas y exigir a las energéticas que hagan una "contribución solidaria" con parte de los beneficios que les reportan los altos precios. "Es un motivo de satisfacción y orgullo", ha dicho la ministra Ribera este miércoles al conocer las propuestas de la Comisión. "Nos hubiera gustado que se hubieran tomado hace un año".