De las concertinas a los centros de retorno: así ha endurecido Europa su política migratoria en la última década
Europa ha aprendido que debe agilizar las devoluciones, ampliar el papel de Frontex y estrechar la colaboración con terceros países
Ceuta registra a 1.300 menores migrantes pero la cifra podría ascender a 5.000: ¿qué protocolo se sigue en estos casos?
Hace poco más de 10 años, la Comisión Europea pedía a España que buscara "alternativas" a las concertinas en las vallas de Ceuta y Melilla y advertía de que la vigilancia fronteriza debía ser "proporcionada y respetar los derechos fundamentales". Hoy, la UE debate sobre centros de retorno de migrantes en terceros países y abre la puerta a reforzar sus fronteras exteriores con más medios "físicos, tecnológicos y humanos".
Entre ambas imágenes hay una década marcada por la crisis de refugiados de 2015, la instrumentalización de los flujos migratorios por terceros países, el cuestionamiento de Schengen, el auge de las fuerzas de derecha y ultraderecha y un progresivo giro de la política europea hacia un mayor control, la aceleración de los retornos y la cooperación con los países de origen y tránsito.
"Europa nunca ha tenido tanto control sobre la migración irregular como ahora", según Magnus Brunner
El episodio vivido en Ceuta, con la entrada de decenas de miles de personas desde Marruecos, ha vuelto a colocar ese debate en primer plano y ha llevado a Bruselas a reclamar la aplicación "plena" de las nuevas políticas migratorias y a "reforzar la respuesta común" mediante más vigilancia y mejores sistemas de prevención.
"Europa nunca ha tenido tanto control sobre la migración irregular como ahora", defendía esta semana el comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, quien, pese a ello, avisaba de que las imágenes de la tragedia humanitaria, que ha dejado hasta 141 fallecidos, según ONG como Caminando Fronteras o la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, obligan a extraer "las lecciones correctas".
Para el Ejecutivo comunitario, esas enseñanzas pasan por agilizar las devoluciones, ampliar el papel de Frontex y estrechar la colaboración con terceros países, al tiempo que se refuerzan los mecanismos para detectar campañas de desinformación o movimientos migratorios coordinados.
Un giro que, como explica a Europa Press la investigadora del Real Instituto Elcano, Carmen González, no puede entenderse sin tener en cuenta los "conflictos interestatales" provocados desde 2015 por la gestión de los solicitantes de asilo, que evidenciaron "profundas diferencias" entre los Estados miembro y se convirtieron en una "amenaza existencial" para la libre circulación por la falta de reglas compartidas.
La UE aprobó finalmente en 2024 el Pacto de Migración y Asilo
A esa fractura interna se sumaron después "dos importantes shocks" que, señala, "alteraron la forma en que las sociedades europeas percibían las llegadas". "En 2021, Marruecos alentó la entrada de miles de personas en Ceuta en plena crisis diplomática con España y Bielorrusia facilitó la llegada de migrantes hacia Polonia, Lituania y Letonia en represalia por las sanciones europeas", relata.
Los movimientos migratorios añadieron así una dimensión de seguridad a un debate hasta ahora centrado en las políticas de acogida y, tras casi una década de negociaciones, la UE aprobó finalmente en 2024 el Pacto de Migración y Asilo, en aplicación desde este junio y que establece, entre otras medidas, controles y procedimientos acelerados en las fronteras exteriores y un mecanismo de solidaridad.
La transformación puede verse también en el debate sobre las barreras físicas. Durante años, Bruselas rechazó financiar con el presupuesto comunitario muros o vallas levantados por los países europeos en las fronteras exteriores, pese a las peticiones de varios gobiernos, aunque sí destinaba dinero europeo a vigilancia, equipamiento o infraestructuras complementarias.
Así funciona la nueva normativa europea
El salto más evidente se ha producido, sin embargo, con los retornos. La nueva normativa europea avalada por la Eurocámara en junio permite enviar a personas con una decisión firme de expulsión a centros situados en terceros países con los que incluso pueden no tener vínculo alguno, siempre que exista un acuerdo y se cumplan determinadas garantías.
"La legalización de estos centros fuera de la UE hace que nuestra política de retorno esté más deshumanizada que nunca. Allí, las personas no tienen nombre: se las identifica mediante números y se denuncian regularmente intentos de suicidio. No tienen noción del día ni de la hora y tampoco saben cuándo podrán irse", sostiene la eurodiputada de Los Verdes Mélissa Camara a Europa Press.
El presidente de la comisión de Libertades Civiles del Parlamento y eurodiputado del PP, Javier Zarzalejos, rechaza, por el contrario, que estos dispositivos permitan hablar de una externalización de la política migratoria europea y los considera sólo "un instrumento más", sujeto a acuerdos con Estados que, según defiende, deberán respetar el Derecho de la Unión y los derechos fundamentales.
La evolución normativa ha discurrido en paralelo a una transformación del escenario político europeo en el que la inmigración ha pasado a condicionar el debate público, las coaliciones de gobierno y los programas políticos en un número creciente de Estados miembro.
Es un problema que "se extiende más allá de las fronteras europeas"
González identifica así las elecciones europeas de junio de 2024 como otro hito importante, con el avance de las fuerzas conservadoras y de extrema derecha y el retroceso de socialistas, liberales y verdes, que dejó una Eurocámara "mucho más favorable a priorizar las políticas restrictivas".
Pero la investigadora señala que el fenómeno no afecta únicamente a los partidos conservadores, sino que, en la última década, también formaciones históricas como los socialdemócratas de Alemania, Suecia o Dinamarca han endurecido sus posiciones ante el desplazamiento de una parte de sus electorados hacia posiciones antiinmigración.
"La inmigración ha pasado de ser un asunto relativamente marginal en la vida política de algunos Estados europeos a convertirse en un tema central", explica González, que enmarca la evolución comunitaria en un "espíritu de los tiempos crecientemente restrictivo" que "se extiende más allá de las fronteras europeas".
Camara, sin embargo, pone especialmente el foco en el PPE y en parte de los liberales de Renew, a los que acusa de haber optado por "construir mayorías alternativas con la extrema derecha" desde las últimas elecciones europeas para sacar adelante medidas migratorias que antes difícilmente habrían encontrado respaldo.
"Durante las negociaciones sobre el Reglamento de Retorno, la extrema derecha participó directamente en la negociación de los compromisos. Estaban sentados en la mesa de negociación e impusieron algunas de sus líneas rojas. Esto es algo que habría sido impensable hace unos años", subraya.
Por su parte, Zarzalejos niega que su familia política "haya asumido la agenda de la ultraderecha" y defiende que medidas como el nuevo sistema de retornos buscan dar respuesta a problemas que "existen y preocupan a los ciudadanos", así como evitar la percepción de que los gobiernos están "siendo desbordados" por los flujos migratorios.
Francia, Alemania o Austria recuperan los controles
En paralelo, la UE lidia con otra paradoja: mientras reclama más control en su perímetro, países como Francia, Alemania o Austria han recuperado controles dentro de un espacio concebido para eliminar las barreras entre sus miembros, pese a que el Código de Fronteras Schengen los contempla como una medida "excepcional y temporal" ante una "amenaza grave para el orden público o la seguridad nacional".
En junio, la Comisión dio por primera vez un paso formal para pedir a nueve países su "eliminación progresiva y el levantamiento gradual" de estas medidas y reclamó sustituirlos por "alternativas y atenuantes", como una mayor cooperación policial, verificaciones no sistemáticos o nuevas herramientas tecnológicas.
Ahora, la crisis de Ceuta ha vuelto a poner a prueba esas reglas después de que Italia haya decidido establecer controles a viajeros procedentes de España, pese a que Madrid sostiene que la práctica totalidad de los migrantes regresaron a Marruecos y Bruselas confirma que no se produjeron desplazamientos hacia el resto del continente.