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Eduardo Castillo, ministro de Gobierno de Bolivia, ha confirmado la detención de la que se proclamó presidenta interina del país, Jeanine Áñez, como parte del caso 'Golpe de Estado', el que se investiga el origen de la violencia surgida tras las presidenciales de 2019, en las que el expresidente Evo Morales fue acusado por la oposición de fraude electoral.
"Denuncio ante Bolivia y el mundo, que en un acto de abuso y persecución política el gobierno del MAS me ha mandado arrestar. Me acusa de haber participado en un golpe de estado que nunca ocurrió. Mis oraciones por Bolivia y por todos los bolivianos", ha publicado Áñez en su perfil de Twitter minutos después de que el ministro anunciase su arresto a través de la misma red social.
Áñez ha sido detenida en la madrugada del sábado 13 de marzo después de que se emitiese una orden de detención que llevó a la Policía a rodear su domicilio durante el viernes y después registrarlo. Sin embargo, los agentes no la encontraron en la vivienda. Por eso, los policías se trasladaron hasta otra vivienda propiedad de Áñez en la localidad de Trinidad.
Fue allí donde los agentes encontraron a Jeanine Áñez. La mujer estaba escondida en el somier de una de las camas de la vivienda. Tras su detención, la que se proclamó presidenta interina del país fue trasladada en avión a La Paz.
Jeanine Áñez se ha negado a declarar ante la Fiscalía y, actualmente, se encuentra detenida en una de las celdas que tiene la Fuerza Anticrimen en La Paz. La mujer se encuentra a la espera de que se defina su situación judicial, según han informado diferentes medios bolivianos. La que fuese presidenta interina de Bolivia está acusada por los delitos de sedición, terrorismo y conspiración.
El ministro de Justicia, Iván Lima Magne, señaló que la denuncia que abrió la investigación que ha provocado la detención, "se ha presentado contra la exsenadora Jeanine Áñez, no contra la expresidenta", por lo que "no está protegida por un juicio de responsabilidades".
Las autoridades bolivianas detuvieron este viernes al exministro de Energías Rodrigo Guzmán en Trinidad, en el norte del país, a quien "interceptaron en medio de la calle, tres tipos que ni se identificaron, lo subieron a una movilidad y se le llevaron", según relató su esposa, Dalia Lima.
Entre los acusados por la Fiscalía también están los exministros de Justicia, Álvaro Coimbra --ya detenido--; de Gobierno y mano derecha de Áñez, Arturo Murillo --huido en Estados Unidos--; de Presidencia, Yerko Núñez; y de Defensa, Luis Fernando López.
Todo ellos han sido acusados de delitos de terrorismo, sedición y conspiración, por su posible participación durante las violentas revueltas entre el 1 de septiembre de 2019 y el 31 de diciembre de ese mismo año, incluyendo las masacres de Sacaba y Senkata, y que propiciaron la renuncia de Morales a su victoria y su salida del país rumbo primero a México y luego a Argentina.
La orden de detención también solicita el arresto del almirante Palmiro Jarjuri, antiguo comandante de la Armada, de Jorge Gonzalo Terceros, quien ostentaba el mismo cargo en la Fuerza Aérea, así como del general Gonzalo Mendieta.