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España devolvió a Marruecos a un grupo formado por al menos 125 personas que en la madrugada del lunes habían cruzado al territorio del peñón de Vélez de la Gomera, cerca de la ciudad de Alhucemas, para pedir asilo. Eran aproximadamente 60 hombres y otras tantas mujeres, además de siete niños de diferentes nacionalidades; entre ellas Mali, Costa de Marfil, Guinea, Senegal y República Democrática del Congo. Se habían desplazado a pie desde los montes cercanos a la ciudad marroquí de Nador a la plaza de soberanía española, situada a unos 60 kilómetros de Alhucemas en la costa mediterránea. Cruzaron la valla que rodea al peñón de soberanía española, que está unido por una pequeña barra de arena a la costa marroquí en la localidad de Badis.
En un comunicado conjunto, varias ONG –entre las que se encuentran Alarm Phone, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) o Emergencia Frontera Sur Motril- denuncian que las 125 personas “manifestaron su voluntad de solicitar asilo en España” y “recogieron sus nombres completos en una lista con la expresa mención de su voluntad de solicitar protección internacional”. La entidad Alarm Phone, presente en el terreno, entregó la citada lista a miembros de la Guardia Civil. Según consta en el texto, los militares españoles destacados en el peñón de Vélez de la Gomera ofrecieron agua y alimentos a los inmigrantes.
Las ONG pidieron al Gobierno de España el cumplimiento del “Convenio Europeo de Derechos Humanos, así como de la legislación vigente en materia de protección internacional y derechos humanos, y que se traslade a dichas personas a un lugar seguro donde puedan ser atendidas y puedan iniciar su procedimiento de solicitud de protección internacional con las debidas garantías”. A juicio de las entidades, “lo contrario supondría una grave vulneración de Derechos Humanos y un incumplimiento de las garantías establecidas en la normativa vigente”. A pesar de las exigencias de las organizaciones no gubernamentales, las autoridades españolas expulsaron en caliente a los inmigrantes.
Por su parte, el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ha trasladado también al Gobierno de España su preocupación por las “devoluciones sumarias” de los inmigrantes desde Vélez de la Gomera a Marruecos, según informaba El Faro de Melilla.
La activista española Helena Maleno, miembro de la entidad Caminando Fronteras, ha denunciado en su perfil de Twitter que “más de doscientos militares marroquíes comenzaron a llegar a la zona con materiales antidisturbios. A ellos se unieron también los españoles. El resultado ha sido otra expulsión colectiva y violenta ejecutada en la frontera. Ello, a pesar de que el Relator de Naciones Unidas ha explicado que esta práctica viola los derechos de las personas migrantes”.
Para Maleno la moraleja es que “la frontera española es un espacio de No Derecho. En ella solo impera la ‘ley del Ministerio del Interior’ y los chantajes impuestos por los intereses económicos y geopolíticos”.
Por su parte, las autoridades españolas –ni la Delegación del Gobierno en Melilla ni el Ministerio del Interior- no han confirmado hasta ahora ni la entrada de los inmigrantes en territorio español ni su expulsión. Este mismo lunes, el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, envió un recordatorio de deberes legales al Ministerio del Interior tras recibir las quejas de las ONG, según reportaba este martes El Faro de Melilla.
El Defensor pidió al ministerio dirigido por Fernando Grande-Marlaska respeto por el procedimiento de asilo, que prohíbe las expulsiones en caliente, como así se acabó produciendo. Las ONG Caminando Fronteras y Coordinadora de Barrios remitieron, a su vez, una queja al Defensor del Pueblo tras la devolución de los 125 subsaharianos.
El recordatorio de deberes a Interior insta al Ministerio español a cumplir lo dispuesto en el artículo 33.1 de la Convención de Ginebra de 1951, en el considerando 13 del Reglamento de la UE 656/2014, de 15 de mayo, por el que se establecen las normas para la vigilancia de las fronteras marítimas exteriores en el marco de cooperación operativa coordinada por la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados Miembros de la UE. Asimismo, el recordatorio esgrime el artículo 5 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, con respecto al principio de no devolución, que impide que pueda devolverse sin procedimiento a personas con necesidades de protección internacional que hayan entrado en contacto con autoridades españolas.
La devolución en caliente a Marruecos es un ejemplo más de la cooperación eficaz en materia migratoria entre Madrid y Rabat en los últimos meses. Y subraya cada vez con más nitidez que el episodio de la frontera de Ceuta entre los días 17 y 19 de mayo pasados, que desencadenó la mayor crisis bilateral de los últimos años, fue el resultado de un desencuentro, oficialmente en aquel caso la hospitalización en España del líder del Frente Polisario Brahim Ghali sin el conocimiento de las autoridades marroquíes. Aunque lo cierto es que, como fueron dejando posteriormente traslucir las autoridades marroquíes, las razones de la crisis se hallan en las posiciones de las autoridades españolas respecto al conflicto saharaui tras el reconocimiento estadounidense de la soberanía marroquí sobre la antigua colonia española a finales de 2020. Por tanto, más allá de que los ánimos se templen, el problema de fondo entre los dos Estados persiste, por lo que no son descartables futuros desencuentros en los próximos tiempos. Recordemos que en plena crisis en El Tarajal, el Gobierno de España aprobó la concesión de 30 millones de euros a Marruecos para la lucha contra la inmigración irregular.
No puede negarse que tras el episodio de la frontera de Ceuta y la declaración de rechazo del Europarlamento el pasado 10 de junio a la actitud de las autoridades marroquíes durante los días 17 a 19 de mayo, la colaboración de Rabat en vigilancia fronteriza ha sido eficaz, pues en los últimos meses se ha producido un rosario de tentativas de entrada a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Aunque con excepciones, si Ceuta fue el epicentro de la mayor crisis migratoria en años –entre los días 17 y 18 de mayo entraron en la ciudad española unas 10.000 personas-, el centro de la presión migratoria se ha desplazado desde entonces a Melilla, distante en menos de 130 kilómetros del peñón de Vélez de la Gomera. Los montes que rodean la ciudad autónoma, el macizo del Gurugú, dan cobijo a centenares de jóvenes subsaharianos que malviven esperando su oportunidad de cruzar la frontera melillense.
Precisamente este martes los titulares de Exteriores de Marruecos y España, Nasser Bourita y José Manuel Albares, mantuvieron una conversación telefónica en la que avanzaron un próximo encuentro en persona, en lo que parece un paso decisivo adelante en la normalización de relaciones bilaterales tras la crisis de la pasada primavera. Todo comenzó a cambiar cuando el pasado 20 de agosto el rey de Marruecos, Mohamed VI, anunciaba en un discurso la inauguración de una nueva etapa en las relaciones entre los dos países, que poco después el presidente del Gobierno de España Pedro Sánchez saludaba.
Lo cierto, con todo, es que camino de los dos meses y medio desde el nombramiento de José Manuel Albares como jefe de la diplomacia española Rabat no ha puesto aún fecha a esa eventual cita. No ha habido, por otra parte, encuentro alguno entre ningún otro alto funcionario marroquí y español en todo este tiempo.