Dos ex altos cargos de Isabel Díaz Ayuso no acuden a declarar ante el juez en el caso de los muertos en residencias

La abogada de la acusación en la causa de los fallecidos en las residencias de Madrid, Alejandra Jacinto, solicitará la busca y captura de dos ex altos cargos de los gobiernos de Isabel Díaz Ayuso, Carlos Mur y Pablo Busca, tras no acudir este martes a la vista celebrada en el Juzgado de Instrucción número 23 de Plaza Castilla.

Sí han acudido a la declaración Francisco Javier Martínez Peromingo, considerado el ideólogo del protocolo y sucesor de Mur como responsable de Coordinación Sociosanitaria en la Comunidad de Madrid, y el geriatra de enlace del Hospital Gregorio Marañón, el doctor Joaquín Eugenio Marañón.

El Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid había citado este martes a declarar como imputados a estos ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, en una de las causas en las que se investiga si cometieron un delito de denegación discriminatoria de la asistencia a usuarios de las residencias durante la primera ola de la pandemia.

Carlos Mur firmó el protocolo de no derivación

En declaraciones a los periodistas, Jacinto ha calificado como un "absoluto chasco y una absoluta vergüenza" que Mur, firmante del protocolo de no derivación de residencias a hospitales y director general de Coordinación Sociosanitaria del Gobierno madrileño en marzo de 2020, haya logrado "eludir la acción de la justicia".

En este sentido, ha detallado que el Juzgado ha alegado que "no ha podido ser citado" y que "no le encuentran", pese a haberlo intentado en "tres o cuatro ocasiones" de todas las maneras posibles. Lo cierto, afirma Jacinto, es que "este señor parece estar desaparecido o incluso detrayendo la propia acción de la justicia".

Por todo ello, ha manifestado, desde la acusación se va a solicitar que se le ponga en búsqueda y captura al considerar que no puede "seguir burlando la acción de los tribunales y, sobre todo, burlando también el dolor de las víctimas, que tienen todo el derecho del mundo a tener una investigación en condiciones".

Una solicitud que también presentarán contra Pablo Busca Ostalaza, máximo responsable en el momento de la pandemia del Servicio de Urgencia Médica (Summa 112), que se encargaba de gestionar las ambulancias públicas, y que tampoco ha acudido este martes a los juzgados.

Su no asistencia es para Jacinto "inentendible", ya que el investigado estaría trabajando en el Gobierno vasco y, por tanto, "localizable a todas luces".

En juego, reactivar la instrucción de las muertes en residencias

La declaración formaba parte de una jornada clave para reactivar la instrucción paralizada durante meses por conflictos competenciales entre varios juzgados madrileños.

Varios jueces se inhibieron de sus causas a favor del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid con la finalidad de unir los mismos hechos en una macrocausa, pero el magistrado rechazó la solicitud y ahora está en manos de la Audiencia Provincial de Madrid.

La causa investigada corresponde al fallecimiento del padre de Ángela Armingol en la residencia Amavir Valdebernardo, uno de los casos vinculados al llamado Protocolo de Coordinación Sociosanitaria, cuya aplicación es objeto de investigación judicial.

Los únicos en prestar declaración han sido Francisco Javier Martínez Peromingo y el geriatra de enlace del Hospital Gregorio Marañón.

Martínez Peromingo habría reconocido, según informa Europa Press, que los protocolos remitidos a los geriatras eran "discriminatorios" y que él mismo lo advirtió en varias ocasiones por escrito a Carlos Mur, entonces responsable del área.

Asimismo, ha señalado que su participación se limitó a revisar borradores y que la elaboración de los documentos partió de Mur, indicando además que las residencias no estaban medicalizadas. Niega haber participado en idear esa estrategia de protocolos.

Por su parte, el geriatra de enlace del Hospital Gregorio Marañón ha declarado que no tuvo constancia de ningún protocolo de exclusión hospitalaria y que únicamente aplicó criterios clínicos propios durante la pandemia.

Admitió además que el paciente de este caso no fue derivado al hospital, aunque no pudo precisar detalles de diagnóstico.

Las familias de las víctimas

Tras las declaraciones, la hija del residente fallecido ha lamentado la ausencia de los dos exaltos cargos y ha reivindicado la necesidad de esclarecer responsabilidades políticas y administrativas.

"Llevamos casi seis años esperando justicia. Esto no es solo por mi padre, sino por miles de personas que murieron en abandono", declaró a la salida de los juzgados.

Este miércoles están citados otra vez los tres mismos investigados en otra de las causas que se instruyen en los juzgados de Collado Villalba.