Condenado a prisión permanente el cuidador que estranguló a un anciano y ocultó su cadáver en un bidón
Además del delito de asesinato, el fallo condena al acusado como autor de un delito continuado de apropiación indebida
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La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a prisión permanente revisable al acusado del asesinato de Manuel López Borrajo, de 89 años, a quien cuidaba desde 2016 y con quien convivía en el domicilio familiar del acusado en San Martín de Valdeiglesias. La sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, se dicta tras el veredicto unánime de culpabilidad del Tribunal del Jurado, que apreció alevosía y la especial vulnerabilidad de la víctima por su edad y estado de salud.
Además del delito de asesinato, el fallo condena al acusado como autor de un delito continuado de apropiación indebida, al haberse apoderado de más de 96.000 euros de las cuentas del fallecido tras causarle la muerte. Por este ilícito patrimonial se le imponen cinco años de prisión, además de multa, inhabilitaciones y el comiso de 63.950 euros intervenidos en el registro domiciliario.
El crimen
La sentencia declara probado que el 12 de julio de 2023, tras recoger a Manuel López Borrajo del hospital, el acusado inició el trayecto de regreso en su vehículo. Ya por la tarde, ambos mantuvieron una discusión en el interior del coche y, en ese contexto, el acusado estranguló a la víctima ejerciendo una intensa presión sobre su cuello.
Los informes forenses acreditaron una fractura bilateral de las astas tiroideas superiores con hemorragia asociada, lesión compatible con un mecanismo de compresión cervical extrínseca, ya fuera manual o mediante lazo. El tribunal subraya que el ataque fue inesperado y sorpresivo.
La víctima, de 89 años, delgada, con importantes limitaciones de movilidad y recién dada de alta hospitalaria, se encontraba en una situación de marcada dependencia. Según los informes médicos, presentaba graves dificultades para deambular, había sufrido caídas reiteradas y necesitaba ayuda constante. El jurado consideró probado que la agresión fue súbita y aprovechó la relación de confianza derivada de siete años de convivencia y cuidados, lo que privó al anciano de cualquier posibilidad real de defensa.
Ocultación del cuerpo
Tras causarle la muerte, el acusado trasladó el cadáver al domicilio que compartían y lo ocultó en un trastero. Introdujo el cuerpo en un bidón azul de plástico, lo cubrió con cal para retardar la descomposición y construyó una estructura de madera a modo de caja para disimular su contenido. El cadáver permaneció oculto más de dos meses.
El 19 de septiembre de 2023, el acusado cargó la caja con el bidón en otro vehículo de su propiedad y se desplazó a una finca en el paraje Zarramudo, en el término municipal de Sotillo de la Adrada (Ávila), con la intención de deshacerse del cuerpo. Esa misma noche fue localizado por la Guardia Civil en el interior de la finca. Al día siguiente, en presencia de la comisión judicial, se procedió a la apertura del vehículo y al levantamiento del cadáver, que se encontraba en posición fetal dentro del bidón, cubierto por cal.
La sentencia destaca que, en el momento de ser interceptado, el acusado manifestó espontáneamente a uno de los agentes que había hecho “cosas muy malas” y reconoció haber estrangulado al anciano tras una discusión a la salida del hospital.
El expolio de las cuentas
El relato judicial recoge que, una vez fallecido Manuel López Borrajo, el acusado realizó múltiples operaciones bancarias con ánimo de obtener un beneficio ilícito. Entre el 24 de julio y el 28 de agosto de 2023 efectuó cuatro transferencias desde una cuenta del BBVA de la víctima a otra de su propiedad por un total de 39.300 euros.
Asimismo, llevó a cabo 68 retiradas de efectivo entre el 12 de julio y el 15 de septiembre por un importe global de 56.800 euros, además de dos cargos adicionales en otra cuenta de Caixabank por 630 euros. En el registro practicado el 21 de septiembre en su domicilio se localizaron 63.950 euros en una caja metálica, cantidad que el tribunal considera vinculada a estas operaciones.
La resolución señala que el acusado disponía de las tarjetas de la víctima y conocía sus claves de seguridad, lo que facilitó las extracciones masivas de efectivo en las semanas posteriores al fallecimiento.
