Tres casos muy distintos de indemnizaciones del Estado a falsos culpables que fueron encarcelados por error
Tras las privaciones de libertad sin condenas válidas finalmente, algunos afectados han percibido de 14.000 euros a 2,5 millones
Un marroquí pasó 18 años en prisión por delitos sexuales que no cometió y un matrimonio fue acusado falsamente de yihadismo
MadridTres casos muy distintos en cuanto a delitos que se atribuían han dejado indemnizaciones del Estado español a falsos culpables. Es decir, personas que fueron encarceladas por error.
Ya que finalmente fueron absueltos o la justicia reconoció que no debían haber sido privados de libertad, los afectados han tenido derecho a percibir unas compensaciones que incluso han alcanzado los 2,5 millones de euros.
Las cantidades económicas dependen siempre de las circunstancias de cada causa y de los perjuicios que puedan acreditarse. Reflejan el coste humano y económico de encarcelamientos que terminan sin condena válida y las dificultades para obtener reparación.
La indemnización por haber sufrido prisión preventiva y resultar posteriormente absuelto o beneficiarse de un sobreseimiento libre se articula a través de la reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento de la Administración de Justicia, regulada específicamente en el artículo 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).
Tras la sentencia del Tribunal Constitucional de junio de 2019, que anuló la limitación legal que vinculaba la indemnización a determinados motivos por cualquier causa, pueden reclamar una compensación, siempre que se prueben los daños sufridos.
Pueden alegarse los morales, el lucro cesante derivado de la pérdida de ingresos o de actividad laboral, el perjuicio reputacional, las secuelas psicológicas y los gastos extraordinarios ocasionados por el encarcelamiento.
14.000 euros en el caso de un asesinato que sigue sin resolverse
S. S. M. permaneció 126 días en prisión preventiva acusado de un asesinato que continúa sin resolverse. Casi siete años después de la muerte de Miriam Vallejo, la justicia ha reconocido su derecho a recibir 14.000 euros por los daños derivados de aquel encarcelamiento.
La Audiencia Nacional estimó su recurso contra la desestimación de la reclamación presentada ante el Ministerio de Justicia. Para fijar la cuantía, los magistrados tuvieron en cuenta el tiempo efectivo que permaneció privado de libertad.
También la gravedad del delito que se le atribuía, la repercusión mediática de los hechos en su entorno residencial y laboral, la pérdida acreditada de ingresos y las consecuencias personales y familiares de su estancia en prisión.
Estuvo encarcelado entre agosto y diciembre de 2019. La investigación acabó descartando su participación en la muerte de la mujer en el pueblo madrileño de Meco, cuyo autor continúa sin ser identificado.
Casi medio millón de euros a un matrimonio acusado de yihadismo
Mucho más elevada fue la compensación reconocida a un matrimonio detenido en una operación contra el supuesto proselitismo yihadista en la Comunidad de Madrid.
La Audiencia Nacional ordenó indemnizar a la pareja con 495.386 euros después de que ambos fueran absueltos de los delitos de adoctrinamiento y enaltecimiento terrorista.
El hombre permaneció 1.044 días en prisión preventiva, cerca de tres años, mientras que su esposa estuvo encarcelada durante 333 días. La operación se desarrolló en 2016 y las detenciones se practicaron, entre otros lugares, en Pinto y Ciempozuelos.
La primera condena fue anulada por el Tribunal Supremo y, tras la celebración de un nuevo juicio, ambos terminaron absueltos ante la falta de pruebas objetivas que acreditaran las acusaciones.
La resolución de la Audiencia Nacional describió las consecuencias que el encarcelamiento había tenido sobre sus vidas, entre ellas la ruptura de su proyecto vital y los graves efectos psicológicos sufridos por el hombre, al que se reconoció un grado de discapacidad del 76 %.
Pérdida de empleo o deterioro de la salud mental, entre las secuelas
El caso refleja que los efectos negativos pueden prolongarse mucho más allá del tiempo pasado entre rejas. La pérdida del empleo, la separación de los hijos, la alteración de los planes familiares y el deterioro de la salud mental son algunas de las secuelas.
No existe un baremo único que establezca cuánto debe abonar el Estado por cada día de prisión preventiva cuando una persona acaba siendo absuelta. Los tribunales valoran las circunstancias de cada reclamación.
En un caso difundido por el Consejo General de la Abogacía Española, la Justicia reconoció una indemnización de 3.000 euros a un hombre que había permanecido 117 días en prisión preventiva antes de resultar absuelto.
La cantidad vuelve a poner de manifiesto las diferencias que pueden existir entre el tiempo que una persona pasa privada de libertad y la compensación económica que finalmente recibe.
Las cuantías no dependen exclusivamente del número de días de encarcelamiento. También influyen la naturaleza de los perjuicios alegados, la documentación aportada para acreditarlos y la relación que pueda establecerse entre esos daños y la privación de libertad.
2,5 millones de euros por unos delitos sexuales no cometidos
El artículo 121 de la Constitución establece la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños causados por error judicial y por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia.
Cuando hay un fallo de ese tipo en una condena que posteriormente queda sin efecto, la compensación económica se fundamenta en las previsiones generales. Es el caso de A. T., un ciudadano marroquí que pasó alrededor de 18 años privado de libertad.
Se le acusó de unos delitos sexuales que finalmente no había cometido. El Tribunal Supremo reconoció su derecho a recibir una indemnización de 2,5 millones de euros por los daños y perjuicios sufridos.
