La Ley de Bienestar Animal ha supuesto un cambio histórico en España al reconocer a los animales como seres sintientes, pero también ha generado un intenso debate social
Los nuevos requisitos de la Unión Europea para poder viajar con una mascota
MadridLa aprobación de la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales supuso un antes y un después en la relación entre los españoles y sus mascotas. Por primera vez, existía una norma estatal que establecía un marco común para todo el país con un objetivo claro: reconocer a los animales como “seres sintientes” y garantizar su protección frente al abandono, el maltrato y la explotación.
Sin embargo, desde que entró en vigor en septiembre de 2023, la ley no ha dejado de generar debate. Algunas medidas han sido celebradas por asociaciones animalistas, mientras que otras han provocado rechazo entre propietarios, profesionales del sector e incluso expertos en biodiversidad. A día de hoy, sigue siendo una de las normativas más controvertidas en materia de convivencia entre humanos y animales en España.
Un cambio de patrón: animales como “seres sintientes”
El reconocimiento legal de los animales como “seres sintientes” no es solo una declaración simbólica, sino un giro profundo en la manera de entender su papel en la sociedad. Este principio, recogido en la normativa española y alineado con el artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, implica que los animales dejan de ser considerados meros bienes o propiedades para convertirse en sujetos de especial protección. En la práctica, esto obliga a que cualquier decisión, desde su tenencia hasta su transporte, cría o uso en actividades humanas, tenga en cuenta su bienestar físico y emocional, algo que hasta hace pocos años no estaba plenamente integrado en la legislación.
Este cambio también tiene consecuencias jurídicas y sociales relevantes. Por ejemplo, influye en casos de abandono, maltrato o incluso en procesos civiles como separaciones o divorcios, donde ya se contempla el bienestar del animal a la hora de decidir su custodia. Asimismo, hace más fuerte la responsabilidad de los propietarios, que pasan de ser simples dueños a cuidadores con obligaciones éticas y legales más claras. Se trata de un avance que refleja una mayor sensibilidad social hacia los animales, pero que también plantea nuevos retos a la hora de equilibrar derechos, deberes y realidades cotidianas.
Las normas más polémicas de la Ley de Bienestar Animal
La prohibición de vender perros y gatos en tiendas o particulares
Este es uno de los puntos más mediáticos y también polémicos. Desde septiembre de 2024 no se pueden vender perros, gatos y hurones en tiendas, ahora solo pueden adquirirse a través de criadores registrados.
El objetivo de esta medida es frenar la compra impulsiva y el tráfico ilegal, garantizando que los animales procedan de entornos controlados y tengan sus garantías sanitarias.
Esta medida ha generado polémica debido al impacto económico que ha supuesto para muchos comercios, ya que han tenido que reinventarse y cerrar esa línea de negocio. Por otro lado, supone un acceso más difícil a estos animales y algunos ciudadanos critican que comprar una mascota ahora es más complejo, sobre todo en zonas rurales. Además, hay quien sostiene que podría aumentar la venta ilegal de estos animales si no hay un control suficiente.
Las sanciones por incumplir esta norma pueden alcanzar los 200.000 euros en los casos más graves, lo que ha aumentado mucho la tensión en el sector.
También, se prohíbe la cría y venta de animales por particulares sin autorización, de esta manera se pretende evitar la reproducción descontrolada, combatir el tráfico ilegal y garantizar que se tengan las condiciones adecuadas.
El seguro obligatorio y el curso para propietarios
Otro de los aspectos más debatidos ha sido la obligación de contar con un seguro de responsabilidad civil para perros y la posible exigencia de realizar un curso formativo para propietarios. Con esto, se pretende garantizar que los dueños estén preparados para poder cuidar a los animales, reducir incidentes y abandonos, y también cubrir cualquier daño a terceros que pueda producirse.
En este caso, la controversia se encuentra en que muchos propietarios piensan que supone una carga económica innecesaria, que hay que hacer demasiados trámites para tener una mascota y que muchas de estas medidas han tardado mucho en concretarse reglamentariamente, generando confusión.
Límite de tiempo que una mascota puede estar sola
Una de las normas más comentadas establece que los animales no pueden permanecer solos sin supervisión durante más de tres días consecutivos, en el caso de los perros, este límite se reduce a 24 horas.
Muchos se preguntan cómo se va a poder verificar este cumplimiento. Por otro lado, está la realidad laboral actual, en la que muchas personas que trabajan largas jornadas ven muy complicado adaptarse a ello y, por último, no siempre queda claro que se considerará “supervisión”.
De todos modos, los defensores de la ley argumentan que esta medida solo busca prevenir situaciones de abandono encubierto.
Prohibición de dejar animales en terrazas o atados
La ley también prohíbe mantener animales de forma habitual en terrazas, patios o vehículos, así como dejarlos atados en la vía pública. Esto ha generado debate porque afecta a prácticas muy extendidas, como dejar al perro en la puerta de un comercio -al que no le permiten entrar- durante unos minutos.
Aunque esta norma tiene como objetivo evitar el maltrato, muchos ciudadanos consideran que puede ser demasiado restrictiva si se aplica sin matices. De hecho, expertos han insistido en que las sanciones van a depender del contexto y de si existe negligencia real.
La esterilización obligatoria en gatos
Otra medida que ha suscitado polémica es la esterilización de gatos antes de los seis meses, salvo en casos controlados. Según esta norma, va a reducir la sobrepoblación, disminuir el abandono y mejorar la salud de los animales. Lo que ocurre es que algunos propietarios consideran que limita su libertad, y por otro lado, los veterinarios señalan que puede no ser adecuada en todos los casos.
El fin de prácticas como las mutilaciones o los collares de castigo
La normativa prohíbe prácticas como el corte de orejas o cola por motivos estéticos, así como el uso de collares de castigo o eléctricos. Este punto no ha sido tan polémico socialmente, pero sí que ha generado debate entre algunos profesionales del adiestramiento.