Las medidas de Igualdad ante un mayo negro: muertas embarazadas y menores como testigos de los crímenes

El asesinato machista de una mujer en Vitoria, eleva a cinco las víctimas de violencia de género, solo en el mes de mayo. Una escalada que ha llevado a Igualdad a convocar, por tercera vez, el comité de crisis en el que Gobierno, comunidades y policías, analizan los feminicidios.

De ese análisis han salido algunas propuestas, como equiparar indemnizaciones a las familias de las asesinadas con las de las víctimas de terrorismo. Que se retiren en todos los casos las licencias de armas tras una denuncia. Que se extremen las medidas de protección de mujeres embarazadas y de sus hijos. 

Mayo es el quinto mes de la serie histórica más trágico. De hecho, 105 de las más de 1.200 víctimas asesinadas por esta lacra desde 2003 se han producido en este mes. Este mayo de 2023 no es el más negro. Fue peor el de 2009 cuando se contaron hasta 9 crímenes. Pero no es un consuelo porque sigue habiendo fallos en el sistema como en el caso de la muerte de Maialen en Vitoria. Los casos de violencia machista tiene un nuevo condicionante: la presencia de los menores en el momento del crimen. En el caso de Vitoria, el horror de que una menor esté 12 horas con el cadáver de su madre.

Preguntadas por la situación de una de las huérfanos por uno de estos asesinatos analizados, que aparece en las redes sociales del presunto agresor, Rosell ha señalado que la Fiscalía de Menores que se ocupa de protegerlos pondrá medidas al respecto. La delegada del Gobierno ha recordado que son 399 los huérfanos menores de edad por esta lacra desde 2013 y 22 los de 2023 y 6 en el pasado mes de mayo. "Dos de ellos presenciaron el asesinato de su madre", ha lamentado Rosell.

En cuanto a menores víctimas mortales de crímenes machistas, en 2023 se ha contabilizado 1 víctimas y 49 desde 2013. En este sentido, ha explicado que los fetos de las asesinadas embarazadas no se cuentan como víctimas tal y como determina la legislación civil.

El Ministerio de Igualdad reacciona ante estos datos. Quiere que las indemnizaciones que reciben las familias de víctimas de violencia machista se equiparen a las de las víctimas del terrorismo y proponen mejorar en las medidas de protección a menores también víctimas de esta lacra, incluyendo protocolos para mujeres embarazadas, tras analizar los últimos casos de crímenes machistas registrados en el país.

Tras la reunión del comité de crisis convocado por el departamento que dirige Irene Montero, al sumar el mes de mayo cinco asesinatos de mujeres por violencia de género, la secretaria de Estado del ramo, Ángela Rodríguez, y la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, han explicado las medidas propuestas en esta reunión para evitar futuros crímenes de este tipo.

Son medidas y propuestas tratadas en la reunión y que deberán ser debatidas y aprobadas con las comunidades autónomas en la conferencia sectorial de Igualdad, aunque Rosell ha aclarado que, en lo que tienen que ver con medidas que son competencia de Igualdad se ponen en marcha "de inmediato".

Entre las principales propuestas que se han lanzado este viernes es la necesidad de mejorar el fondo de garantía de pago de alimento y también las ayudas a la reparación. Según ha indicado Rodríguez, uno de los casos analizado ha mostrado la necesidad de aumentar el umbral de este fondo que en la actualidad se encuentra en los 8.000 euros, así como el anticipo que recibe la víctima que es de 100 euros. Rodríguez ha propuesto elevarlo a los 500 para evitar "una situación de vulnerabilidad" de la madre que pueda llevarla a "situaciones más complejas".

También han propuesto una mejora en las indemnizaciones para las familias de estas mujeres y, en concreto, equipararlas a las que reciben las víctimas del terrorismo. La secretaria de Estado ha explicado que la indemnización por muerte por terrorismo es de 250.000, mientras que las de la muerte por violencia de género es de 90.000. "La diferencia es extraordinaria y creemos que esta política de reparación debe ser asumida por el Estado, tiene que decir que el Estado ha llegado tarde y no ha hecho lo que tenía que hacer", ha declarado en rueda de prensa.

Igualdad también quiere que los menores víctimas de esta lacra tengan una orden de protección generalizada y, especialmente, cuando convive con la madre agredida. Del mismo modo, y ante los dos casos de asesinatos en este mes de mayo en los que la mujer estaba embarazada, proponen que se amplíe su protección como víctima más vulnerable en el sentido de que se recoja la necesidad de que l embarazo llegue a término y que se dicte una orden de protección que incluya al bebé tras el nacimiento. Esto último evitará, según ha indicado Rosell, que la madre tras el parto tenga que solicitar la eliminación del régimen de visitas por parte de su presunto agresor.

Por otra parte, y en relación a uno de los crímenes que se ha registrado en mayo en el que la mujer fue presuntamente asesinada con un arma de fuego, el comité de crisis ha planteado a Interior revisar el decreto que regula las aptitudes psico-físicas que se exigen para la tenencia de armas y que esta sea retirada automáticamente ante una denuncia por violencia machista o "acortar los tiempos de revisión de estas licencias".

En la rueda de prensa, Rodríguez y Rosell han defendido ampliar la medida que se tomó tras los comités de crisis de diciembre de 2022 y enero de 2023 de informar a las denunciantes de los antecedentes por violencia de género de su presunto agresor y extenderlo a aquellas que se corrobore a través de los servicios sociales que son víctimas de esta lacra, aunque no se hayan decidido a presentar denuncia.

Además, han señalado que darán órdenes de servicio al 016 para que se incida en la información sobre servicios de acogida de emergencia a las mujeres que acudan a este teléfono y que se les haya llegar cuáles son y el procedimiento que han de seguir para acceder a ellas; así como sobre la situación relativa a los menores también en relación a su protección social.