Los problemas institucionales que complican que se pueda buscar a la pequeña Khaley Rodríguez Gómez en Egipto

Alba Marina, la madre de Khaley Rodríguez Gómez, la niña madrileña de cuatro años que desapareció en 2022 tras ser vista en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Baraja antes de tomar un vuelo a Egipto con su padre, afronta una dura batalla legal para intentar recuperar a su hija. Ella tenía la custodia total, según explicó SOS Desaparecidos, pero el progenitor se llevó a la pequeña sin consentimiento a su país de origen y, después de decir que solo iban a ver a su madre enferma, señaló que no le volvería a ver ni a él ni a ella.

Egipto no figura entre los países firmantes del Convenio de La Haya de 1980 sobre la sustracción internacional de menores y ese es un gran problema para recuperar a la pequeña, como explicó Joaquín Amills en este medio. Esto ha sido confirmado por fuentes oficiales, como el Departamento de Estado de Estados Unidos, que indica en una nota oficial que Egipto nunca ratificó el convenio.

Al no formar parte de ese convenio, las autoridades egipcias no tienen ninguna obligación legal de compartir videos de pasaportes o controles fronterizos con España, ya que no están vinculadas por dicho tratado internacional. Egipto no reconoce la custodia ni las órdenes judiciales españolas automáticamente. El padre no estaría obligado a atender cualquier requerimiento español. Se necesitaría intervención local. Para hablar con él legalmente, sería necesario contar con autorización judicial local e intervención de algún abogado en Egipto, que es lo que necesita Alba Marina desde hace casi tres años y por lo que ha abierto una campaña de recaudación de fondos, para poder pagarlo.

Joaquín Amills destaca que la niña fue secuestrada, que no se trata de un caso de sustracción parental

El Convenio de La Haya proporciona un marco internacional claro. Si un país no forma parte, la recuperación de la menor no puede formalizarse mediante un mecanismo automático entre autoridades centrales. ¿Cuáles son las alternativas? Como Egipto no está sujeto al Convenio, España no puede pedir directamente la restitución a través de la Autoridad Central, tendría que recurrir a métodos distintos.

Esos métodos son; la acción diplomática, el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Embajada pueden intervenir, aunque su alcance es limitado (solo pueden brindar asistencia, no imponer la devolución); o la vía judicial en Egipto, se debe contratar un abogado egipcio especializado en derecho familiar e intentar que los tribunales egipcios reconozcal la ilegalidad del traslado y activen mecanismos locales -siempre conforme a su legislación, basada en derecho islámico-.

También se puede presentar una denuncia penal en España, una denuncia por secuestro parental (art. 225 bis del Código Penal), lo que puede activar cooperación de Interpol y órdenes de detención, aunque sin garantía de ejecución en Egipto, ya que no está obligado a entregar a un menor. El caso de Khaley, además, es bastante más complicado, ya que el padre no quiso reconocer a la niña, no se casó con la madre (quien le denunció e interpuso orden de alejamiento) y no aparece en los registros de España como progenitor, según Joaquín Amills, que reitera que este hombre es autor de un delito de secuestro y que no se trata de un caso de sustracción parental como tal, por lo que pide su detención inmediata.

Un procedimiento judicial local es esencial

En Egipto existe la 'Declaración de El Cairo', que se trata de una declaración de intenciones hecha en 2005 por juristas de países africanos y árabes (incluido Egipto). El objetivo del documento era promover principios de protección infantil y cooperación judicial, pero no crea obligaciones legales. Su eficacia real es casi inexistente, ya que Egipto no está obligado a implementar ninguna restitución bajo ese documento.

Un procedimiento judicial local es esencial. Sin él, las autoridades españolas no pueden actuar directamente allí. La cooperación diplomática puede servir para presionar, pero no obliga legalmente. La madre de Khaley ha tocado ya todas las instituciones (Ministerio de Justicia, de Interior y de Exteriores) y ha viajado hasta Egipto, pero "no hay forma de que tenga el respaldo que debe tener por parte de las administraciones españolas e internacionales", explicaba Joaquín Amills.

Alba Marina ha creado una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe para tratar de conseguir una cifra económica que le permita cubrir los gastos de un abogado especializado en derecho internacional en Egipto, traducciones juradas y legalizaciones de documentos, así como costes administrativos y judiciales del proceso. Asegura no tener recursos para afrontar la lucha legal sola, por lo que pide la ayuda de la ciudadanía. La progenitora quiere actuar por la vía local. Ya ha presentado las denuncias en España y solo le queda poder ir a un tribunal egipcio para argumentar la base legal de la custodia y la falta de consentimiento. El único camino es ganar el caso allí, donde está la menor, y esperar que el sistema local lo respete y aplique. Todo eso, sin tener en cuenta que podría contemplarse que el hombre ha sido autor de un delito grave de secuestro y que sea detenido, ya que podría cambiar el escenario. El asunto es muy complejo.

Casos similares con menores europeos en Egipto

A lo largo de los años, se han registrado otros casos similares de niños europeos que fueron llevados a Egipto sin consentimiento. En 2022, un padre egipcio se llevó a dos hijos de nacionalidad irlandesa desde Dublín hasta El Cairo y, aunque los tribunales egipcios otorgaron custodia a la madre irlandesa -Mandy Kelly-, la policía no ejecutó la orden de devolverlos, en parte porque Egipto no dispone de mecanismos obligatorios bajo el Convenio, como informó 'The Sun'.

Este caso es paradigmático, ya que incluso cuando todos los elementos legales estaban del lado del progenitor reclamante, no hubo ejecución efectiva en Egipto.

Asimismo, se han documentado numerosos incidentes en que menores británicos fueron trasladados a Egipto, donde no existe un sistema eficaz para retornarlos. Aunque se firmó en 2005 la mencionada 'Declaración de El Cairo', que reafirmaba principios del bienestar infantil y la cooperación judicial, ni siquiera eso ha permitido recuperar a menores desde Egipto. Unos casos que ilustran la dificultad legal y práctica de recuperar a niños trasladados allí sin consentimiento.