Acuerdan 20 años de cárcel para el autor confeso del crimen de Hinojal, en Cáceres
La condena es de 18 años por un delito de asesinato con alevosía, un año por hurto y otro por estafa
La Fiscalía de Cáceres, la acusación particular y la defensa han suscrito un acuerdo de conformidad que fija en 20 años de prisión la condena para José María Lindo Magdaleno, exalguacil del Ayuntamiento de Hinojal, en Cáceres, y autor confeso del asesinato de Vicente Sánchez, vecino de 79 años, que estuvo desaparecido más de un mes.
El pacto deberá ser ratificado por el acusado el próximo 5 de marzo, en una vista señalada en la Audiencia Provincial de Cáceres.
Si el procesado confirma su aceptación, el procedimiento quedará visto para sentencia y se evitará la celebración del juicio con jurado popular inicialmente previsto.
El crimen se produjo en enero de 2024 en Hinojal
La víctima desapareció tras retirar dinero de una entidad bancaria y su cuerpo fue hallado semanas después enterrado en un paraje cercano a la localidad, en una finca situada a dos kilómetros de distancia del casco urbano.
El acusado, que permanece en prisión provisional desde su detención en marzo de 2024, reconoció los hechos durante la fase de instrucción y confesó haber acabado con la vida del vecino con el propósito de apoderarse de 2.000 euros y efectuar operaciones fraudulentas con sus cuentas bancarias.
El caso conmocionó al municipio por la condición de empleado público del acusado y por su participación inicial en las labores de búsqueda del desaparecido, así como por la relación de confianza existente entre ambos.
Inicialmente, el escrito de acusación contemplaba la posibilidad de solicitar la prisión permanente revisable debido a la especial vulnerabilidad de la víctima, tanto por su avanzada edad como por sus patologías.
No obstante, dicha petición no llegó a formalizarse en el acuerdo definitivo suscrito por las partes, según ha informado Telesforo Merino, abogado de la acusación particular, en representación de los hermanos de la víctima.
El acuerdo incluye asimismo el pago de responsabilidad civil a favor de los familiares de la víctima, que ejercen la acusación particular, según han confirmado fuentes judiciales.