La gestora del 112 que recogió el aviso de la pasarela de Santander pasa a ser investigada
Fuentes judiciales han señalado que el objetivo de ese cambio ha sido garantizar el derecho de defensa de esa operaria del 112
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La magistrada que instruye la causa por la rotura de la pasarela de El Bocal en Santander ha declarado como investigada a la gestora del servicio de emergencias 112 que, el día antes del siniestro en el que murieron seis jóvenes, atendió el aviso de un vecino que alertaba del mal estado de ese paso.
La gestora del 112 ha prestado testimonio este jueves ante la titular de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander, quien ha cambiado la situación procesal de esa trabajadora de testigo a investigada, tras su declaración que se ha prolongado unos 45 minutos.
Fuentes judiciales han señalado que el objetivo de ese cambio ha sido garantizar el derecho de defensa de esa operaria del 112, lo que implica no declarar, no confesarse culpable o ser asistida por letrado.
La policía local culpa al 112
La empleada del 112 Cantabria, que, según su abogado, lo está pasando "fatal", se suma así a los otros tres investigados que ya hay en esta instrucción: dos funcionarios de la Demarcación de Costas y la policía local a la que ella pasó el aviso.
La rotura de la pasarela provocó la muerte de seis jóvenes, de entre 19 y 22 años, tres del País Vasco, una cántabra, una de la Guadalajara y una de Almería, y fue ingresada en el hospital otra chica de Álava, todos ellos compañeros de estudios.
Durante la primera jornada de declaraciones, a puerta cerrada, también ha testificado durante más de 40 minutos la policía local a la que el 112 pasó el aviso del mal estado de la pasarela. En una entrevista con la Cadena SER, el abogado de esta agente, Jesús Nieto, ha sostenido que "el error de partida es del 112" porque, en su opinión, no dirigió adecuadamente el aviso.
20-40 minutos de declaraciones
Ha asegurado que su cliente actuó conforme al protocolo del Servicio Cántabro de Emergencias para fallos en estructuras, que, según ha explicado, en este caso determina que la gestora del 112 tendría que haber movilizado a los bomberos.
"Esos protocolos están colgados en la web del Semca, mañana tal vez no estén publicados", ha añadido este letrado, que ha lamentado se la agente se siente "señalada por cumplir su trabajo" por parte de la alcaldesa, Gema Igual.
Además, la instructora ha escuchado a los dos ciclistas que se encontraron a las víctimas, a los agentes de la Policía Científica que realizaron la primera inspección ocular, al vecino que avisó del estado de la pasarela y a una vecina, miembro de la Asamblea en Defensa de la Senda y Costa Norte.
14 partes
Las declaraciones de los testigos han oscilado entre los 20 y 40 minutos y solo la representante de la Asamblea en Defensa de la Senda y Costa Norte, Marisa Maliaño, ha atendido a los periodistas a la salida del edificio judicial. Según ha dicho, la jueza le ha preguntado si conocía que la pasarela era peligrosa y ella ha respondido que la asociación lleva advirtiéndolo "desde el minuto uno".
En el auto que la magistrada dictó el pasado martes, consideró que la Demarcación de Costas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, es "la única responsable de garantizar la adecuada conservación y mantenimiento" de la pasarela. Por ello, acordó dirigir acción penal contra el jefe de servicio de proyectos y obras de ese organismo y su actual responsable en Cantabria, José Antonio Osorio, que se ha personado en la causa.
La magistrada, en ese auto, añadió que el Ayuntamiento, "detectado un riesgo, debe proceder a acotar, señalizar o precintar el mismo, aunque la infraestructura afectada corresponda a otra administración”.
La acusación queda compuesta por ocho abogados, siete de ellos de familiares de las seis víctimas y un octavo en representación de la superviviente, además de la Fiscalía. Por parte de la defensa, se encuentran el Ayuntamiento de Santander, la Demarcación de Costas, la agente de policía local, el jefe de la Demarcación de Costas y la gestora del 112.
