Pere Puig padecía una depresión severa crónica resistente a los tratamientos desde hacía más de dos décadas
La eutanasia en España aumenta año tras año: más de 1.000 casos, un 42% de las peticiones aprobadas y un plazo medio de espera de 49 días
Pere Puig y Ribas, vecino de Reus de 54 años, recibió este jueves por la tarde la prestación de ayuda para morir (PRAM), poniendo fin a un proceso de casi dos años y medio de lucha marcado por lo que él mismo definió como “853 días de buRROcracia e incumplimientos de la ley 3/2021”. Su muerte, finalmente autorizada por la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña (CGAC), se produjo después de tres solicitudes formales y múltiples obstáculos administrativos y médicos.
Enfermedad crónica y sin respuesta terapéutica
Puig había hecho público su caso en su blog personal, donde dejó escrito un último mensaje fechado el 16 de abril de 2026: “Hoy se cumple la ley, hoy termina la lucha, hoy habrán terminado las discriminaciones, hoy habrá terminado el sufrimiento”. Con estas palabras anunciaba que, tras 853 días desde su primera petición fechada el 15 de diciembre de 2023, la ley de eutanasia se aplicaría finalmente en su caso.
Según informa el Diari de Tarragona, Pere padecía una depresión severa crónica desde hacía más de dos décadas, resistente a los tratamientos. A ello se sumaba una ansiedad permanente, presente las 24 horas del día, que había deteriorado su salud física: dolor persistente, hipertensión y una pérdida notable de masa muscular. Él mismo ha contado que sufría ataques de pánico diarios, agorafobia que le impedía salir de casa y una intolerancia a una quincena de fármacos distintos.
Desde 2006 tenía reconocido un grado de discapacidad del 68 %. Su cuadro clínico encajaba en los requisitos de la Ley Orgánica 3/2021 de regulación de la eutanasia: sufrimiento grave, crónico y sin expectativas de mejoría. Sin embargo, sus solicitudes fueron rechazadas en tres ocasiones por su médico de cabecera del CAP Sant Pere, cuyos informes consideraban que su depresión “no tenía un carácter incapacitante”.
Tres informes desfavorables
La primera solicitud de Puig se registró en diciembre de 2023. A ella siguieron una segunda y una tercera petición, todas con informes desfavorables. El argumento médico se repetía: su patología no limitaba su autonomía ni sus actividades cotidianas. Ante la tercera denegación, Puig presentó un recurso ante la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, el órgano multidisciplinar encargado de validar o rechazar las solicitudes de eutanasia.
El informe de la CGAC, al que tuvo acceso el citado medio, fue determinante. El organismo concluyó que Pere “mantenía plena capacidad para expresar de manera libre e informada su voluntad” y que la combinación de su patología psíquica y su deterioro físico “limitaba de manera significativa su autonomía”. Además, constató que había agotado todas las alternativas terapéuticas disponibles y que no existía base para prever una mejoría apreciable.
La resolución de la comisión supuso la asignación de una nueva médica responsable, que emitió un informe favorable en marzo de este año. Días después, una psiquiatra ratificó la valoración, completando así el procedimiento legal para acceder a la prestación.
Su deseo de donar sus órganos
Pere Puig falleció con la voluntad expresa de donar sus órganos. “Representa hacer las cosas bien, que mi muerte sirva para algo”, declaró al citado medio. Para él, la donación era un acto de responsabilidad social en un contexto en el que, según lamentaba, Cataluña registra una negativa superior al 25% en este ámbito. “Es una caída irracional e ilógica. No tiene ni pies ni cabeza en un país como el nuestro, que es referente en la donación de órganos”, afirmó.
En su blog, Puig escribió: “Es mi vida y solo yo puedo decidir sobre ella”. En sus textos agradecía el apoyo de sus dos hijos y de sus hermanas, quienes lo acompañaron durante años de sufrimiento. Su familia también intervino públicamente para pedir que se respetara su voluntad y que la comisión validara su acceso a la eutanasia dentro del marco legal.