Tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha afirmado que las palabras "derechos, garantías, seguridad y respeto" definen este anteproyecto, que pretende "salvaguardar la dignidad de las mujeres".
Junto a ella, la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, ha asegurado que el anteproyecto es "el más equilibrado posible" y está "en línea con la mayoría de los países de nuestro entorno".
El anteproyecto sitúa en 16 años la mayoría de edad para decidir sobre la interrupción voluntaria del embarazo, lo que según Aído, trata de dar coherencia al marco jurídico y evitar intervenciones clandestinas.
Hasta la semana catorce de gestación, la mujer podrá interrumpir el embarazo libremente, siempre que haya recibido información sobre sus derechos y sobre las ayudas de que puede disponer si decide seguir con la gestación.
De manera excepcional hasta la semana veintidós la mujer podrá abortar si estuviera en riesgo la vida o la salud de la embarazada o si hubiera graves anomalías en el feto.
La Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) será una prestación pública y gratuita, y el Estado velará por su cumplimiento en todas las Comunidades Autónomas a través de la Alta Inspección Sanitaria.
Tras conocer la noticia, la Federación de Mujeres Progresistas ha felicitado al Gobierno "por el cambio histórico" que supone esta ley con la que la interrupción voluntaria del embarazo "pasa a considerarse un derecho jurídicamente exigible y deja de ser una concesión del Estado tutelada por terceros", ha argumentado su presidenta, Yolanda Besteiro.
También la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) han mostrado su satisfacción ya que, en palabras de su vicepresidenta Francisca García, "es muy importante" que la mujer pueda decidir ante un embarazo que no desea y la ley "no obliga a nadie sino que garantiza que el aborto se haga en unas condiciones sanitarias buenas".
Por contra, para los grupos pro vida la reforma de la ley no es "equilibrada sino profundamente radical", se ha justificado "a base de mentiras y tergiversaciones" y es la muestra de "una inmensa responsabilidad política".
Así, para el presidente del Foro Español de la Familia, Benigno Blanco, se trata de una "solución cobarde y negativa para la salud pública"; mientras que para la Fundación Línea de Atención a la Mujer, la norma establece un aborto "sin causa ni control" y deja a la mujer "aún más desprotegida".
Por su parte, la Fundación Vida ha denunciado que el Gobierno "ha mentido diciendo que la sociedad española reclamaba esta ley" y ha ignorado las manifestaciones de más de 500.000 personas.
A las voces críticas se ha sumado la presidenta de la Confederación de Mujeres en Igualdad, Mercedes de la Merced, quien ha asegurado que la reforma no era una demanda social "ni de hombres ni de mujeres" y que no se ajusta a la doctrina del Tribunal Constitucional.
Para el presidente de Derecho a Vivir, Ignacio Arsuaga, se trata de "un proyecto radical y extremista" que deja a la mujer "más sola que nunca" frente a los intereses económicos de las clínicas y sin que puedan tener el apoyo familiar.
Los partidos políticos también han reaccionado al anuncio del anteproyecto.
Así, la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado que la reforma traslada a las jóvenes el mensaje de que pueden considerar el aborto como "un anticonceptivo más".
Para la diputada de UPyD, Rosa Díez, el proyecto del Gobierno es "una chapuza" ya que no sólo no es una Ley más segura jurídicamente para las mujeres y los profesionales de la sanidad "sino que tampoco es más liberal pese a la retórica de 'nuevos derechos' en que viene envuelta".
Finalmente, el diputado de IU, Gaspar Llamazares, ha afirmado que respalda el anteproyecto de la Ley del aborto, pero quiere mejorar los contenidos y que la interrupción del embarazo forme parte de una ley de Salud Sexual más amplia.