Sancionan por colaborar con las FARC a Piedad Córdoba, que defiende su inocencia
En un comunicado, la Procuraduría (Ministerio Público), encargada del control disciplinario de los funcionarios públicos, informó de su decisión de destituir e inhabilitar por 18 años a Córdoba "por haber promocionado y colaborado" con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Por su lado, la afectada contestó, en otro comunicado, que la actuación del Ministerio Público "en contra de lo razonable, es una muestra más de la persecución política" que se ha adelantado contra ella "en los últimos 12 años".
Explica que esas persecuciones le han implicado "grandes lesiones" a su integridad personal y familiar, como su "secuestro, posterior exilio" así como los "atentados" contra su vida, "las operaciones ilegales de interceptación y seguimientos ilegales de los organismos de inteligencia del Estado".
Agrega que la investigación de la Procuraduría "no tiene respaldo probatorio, mérito jurídico alguno y menos aún valor moral y ético" y recuerda que "quien temerariamente" la "acusa y sanciona está cuestionado" por sus actuaciones contra los "derechos de la mujer de las comunidades LGTB" y "las operaciones ilegales del DAS".
Lo señala de haber emitido absoluciones, desestimando pruebas válidas, en varios escándalos ocurridos en el Gobierno del ahora ex presidente Álvaro Uribe.
Puntualiza, que por ejemplo, el procurador general, Alejandro Ordóñez, está investigado por la Corte Suprema de Justicia por el caso de la "yidispolítica", en el que hubo ofrecimientos a congresistas para favorecer la reelección de Uribe.
Horas antes, la senadora, del Partido Liberal y con cuya mediación ante las FARC se logró en los últimos años la liberación de 12 personas, señaló a través de la red social Twitter que es "inocente".
"Buenas tardes amig@s, en este momento estoy reunida con mis abogados sobre decisión del #Procurador, Tranquil@s q #PiedadInocente", escribió la legisladora en Twitter.
Córdoba, quien regresó hoy de Caracas, no hizo declaraciones a los periodistas a su llegada al aeropuerto Eldorado de Bogotá, de donde salió por una puerta lateral, según medios locales que agregaron que varias personas le gritaron "vende patria".
La investigación de la Procuraduría se inició a partir de los documentos hallados en los computadores del ex portavoz internacional de las FARC, Luis Edgar Devia, "Raúl Reyes", abatido en un bombardeo del Ejército colombiano en Ecuador el 1 de marzo de 2008.
Tras cruzar información con organismos como la Corte Suprema, la Fiscalía, la Interpol y la Policía Judicial, la Procuraduría estableció "con certeza" que la senadora aconsejó a las FARC no enviar vídeos de personas secuestradas, pero sí grabaciones de voz, "con el fin de adoptar una mejor estrategia en la búsqueda de sus objetivos".
Constató también que "instruyó y solicitó a las FARC que suministraran pruebas de vida de los secuestrados con el fin de favorecer a Gobiernos de otros países", aunque la Procuraduría no menciona cuáles.
Asimismo, según la Procuradoría, la política "efectuó declaraciones en diferentes actos públicos en los que ejerció actos de promoción con el fin de favorecer los intereses del grupo subversivo".
En una rueda de prensa posterior al anuncio del Ministerio Público, el procurador general, Alejandro Ordóñez, explicó que le ha pedido a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que investigue la presunta responsabilidad de Córdoba en delitos de lesa humanidad cometidos por las FARC.
El abogado de la senadora, Ciro Quiroz, anunció por su parte que recurrirá la sanción, de la que dijo que no tiene "precedentes" y que fue impuesta "con sevicia".
Adelantó que "hará uso de los recursos respectivos" para "impugnar" la providencia emitida por la Procuraduría contra su defendida.
Mientras, políticos y ex rehenes liberados gracias a las gestiones de Córdoba, como el ex senador Luis Eladio Pérez, criticaron la decisión de la Procuraduría, al considerar que se trata de una "persecución".
"No estoy de acuerdo con que silencien a Piedad Córdoba", afirmó en Twitter Gustavo Petro, ex senador y ex candidato presidencial del Polo Democrático Alternativo (PDA, izquierda).
El defensor de derechos humanos Iván Cepeda, miembro del grupo Colombianos y Colombianas por la Paz (CCP), liderado por Córdoba, indicó que ese colectivo se va a oponer, "mediante las vías legales", a la sanción contra la senadora.
"Estoy seguro de que la senadora saldrá airosa de esta persecución por parte de la Procuraduría", subrayó Cepeda.