El magistrado Rafael Soriano da así un paso más en la preparación del juicio contra quien fue la pareja sentimental del padre del menor y autora confesa de su muerte violenta y dicta resolución por la que transforma las diligencias previas en procedimiento por tribunal de jurado,
Ana Julia Quezada declaró por primera vez sobre los hechos que se le imputan durante más de hora y media después de que fuera detenida en la entrada a un garaje comunitario en la Puebla de Vícar, a más de 75 kilómetros de la pedanía de Las Hortichuelas y al volante de un turismo en el que transportaba el cuerpo sin vida y semidesnudo del niño, oculto en el maletero.
Por contra, en su última comparecencia ante la autoridad judicial en junio, se negó a responder a las preguntas formuladas por el magistrado para, según argumentó, salvaguardar su "derecho de defensa" ya que se mantenía el secreto decretado sobre las actuaciones.
Poco después, se acordaba el levantamiento del secreto de sumario sobre las actuaciones recogidas en más de 1.500 folios de manera parcial. Según adelanta el periódico 'La Voz de Almería', aún se mantiene la medida sobre una veintena de estos folios.
A la comparecencia señalada para el día 17, prevista en el artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal de Jurado, están citados el Ministerio Fiscal y todas las partes personadas en el procedimiento, incluida la acusación popular que ejerce la Asociación 'Clara Campoamor', y en su transcurso el juez instructor comenzará por oír a la fiscal y, sucesivamente, a los acusadores, quienes concretarán la imputación contra Ana Julia Quezada. Seguidamente, oirá a los letrados de la defensa. En sus intervenciones, las partes podrán solicitar las diligencias de investigación que estimen oportunas.
Cabe recordar que la Fiscalía solicitó una diligencia pericial para evaluar el estado en el que se encuentran los padres del menor, Patricia Ramírez y Ángel Cruz, ante el proceso sufrido tras la pérdida de su hijo y determinar posibles secuelas que a nivel psicológico hallan podido quedar.
Trece días de intensa búsqueda
Gabriel Cruz desapareció a finales de febrero de esta año cuando fue de casa de su abuela a la de sus primos, a solo 100 metros de distancia, en Las Hortichuelas, Almería.
Durante los 13 días en los que se prolongó la búsqueda que estrechó el cerco cada vez más sobre la investigada y los padres de Gabriel se mantuvieron siempre al frente de los llamamientos y protagonizaron incluso una multitudinaria concentración para reclamar la devolución de Gabriel. La autopsia determinó que el niño falleció entre las 15,30 y 16,30 horas del mismo día de su desaparición por asfixia mecánica.
Indicios incuestionables contra la asesina confesa
El juez sostiene que "resulta presuntamente incuestionable la participación" de Quezada en la muerte del menor y asegura que de su comportamiento "se infiere una malvada voluntad dirigida especialmente a asegurar la comisión del crimen". Indica que, como parte de ese "macabro plan criminal", se intentó dotar de una coartada haciendo labores de pintura en la finca de Rodalquilar, en Níjar y que, además, "dio una falsa apariencia de preocupación por la desaparición y suerte del niño", al que se llevó "mediante engaño o promesa de devolverlo prontamente a jugar".
"Mantuvo el engaño a lo largo de los días, aumentándolo hasta el punto de colocar ella misma una camiseta del menor en el monte", subraya el juez, lo que achaca a su deseo de "despistar a los agentes de la autoridad que practicaban la búsqueda" hasta encontrar el "momento" de poder "hacer desaparecer el cuerpo".
Apunta que Ana Julia Quezada "aprovechó un momento temporal en que sabía que iba a estar a solas con el niño", y destaca que enterró su cuerpo sin vida en un cuerpo sin vida"hoyo que previamente había hecho y luego quiso deshacerse del cadáver en un invernadero de acuerdo a las escuchas acordadas por el juzgado instructor y cuyo contenido está en una pieza separada.
"Las pruebas revelan, presuntamente, una falta de sentimientos y humanidad que ella misma ha calificado, que, de ser ciertas, serían de pura crueldad", concluye para remarcar las "abrumadoras pruebas contra ella" no solo "porque ella misma ha reconocido el luctuoso suceso" sino también por las intervenciones acordadas judicialmente y a las pruebas recopiladas por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Un operativo de búsqueda sin precedentes
El magistrado Rafael Soriano también librado oficio a la Guardia Civil para que informase del coste total del dispositivo de búsqueda con el objetivo de sumar la cuantía a la cifra que se establezca como responsabilidad civil. El operativo de búsqueda movilizó a 1.500 profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como de las unidades de emergencias y a 2.600 voluntarios en el rastreo de Las Hortichuelas, Las Negras, Rodalquilar y otros puntos del entorno del parque natural Cabo de Gata-Níjar.