La comisión de investigación sobre abusos del Monasterio de Montserrat recibe hasta 14 denuncias
Recogieron 12 denuncias contra el monje Andreu Soler, fue "un depredador sexual"
La comisión de investigación sobre los presuntos abusos a menores cometidos en el Monasterio de Montserrat (Barcelona) ha recibido 12 denuncias contra el monje Andreu Soler -fallecido en 2008-, sobre el que ha concluido que fue "un depredador sexual y un pederasta" que abusó en el entorno de los 'scouts' entre 1972 y 2000, mientras que ha recibido un informe sobre dos abusos en la Escolanía por parte del que fue responsable entre 1960 y 1968, V.T.M.
"Los abusos del hermano Andreu responden a un modo de vida, a un patrón repetitivo sin arrepentimiento, ni propósito de cambio, ni admisión de la culpa", lo que ve como doloroso, totalmente censurable e incriminable, ha concluido el informe.
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Relata que el correo electrónico que abrió la comisión recibió un total de 12 denuncias, la última a fecha de 27 de febrero, y todas se refieren al monje Soler, siendo la mayoría menores de entre 15 y 17 años -en dos casos tienen 18 años-, con relatos muy similares.
El monje se acercaba a los menores "para ganarse su confianza y así poder abusar sexualmente de él" -aunque algunos casos no los conocía-, ya sea en una ocasión o repetidos en el tiempo, y en algún caso constatan violencia física, mientras que en otros fue un intento porque el niño lo logró evitar.
"Se observa, con el paso del tiempo, un agravamiento del delito y más urgencia en su realización", y los investigadores han constatado que tanto en los que fueron repetidos como en los que fue un solo abuso, la huella y las consecuencias emocionales y psicológicas son imborrables, como alertó el 'exscout' Miguel Hurtado, que fue el primero en sacar a la luz estos presuntos abusos a principios de año.
La comisión ha concluido que, en el caso de los abusos a escoltas que sitúa hasta 2000, "se omitió cualquier tipo de actuación", sin ninguna acción por parte del abad Sebastià Maria Bardolet (que estuvo entre 1989 y 2000), pero no puede concluir si se escondió o simplemente se actuó por desconocimiento, aunque relata que había rumorología suficiente para reunir a los padres, actuar contra Andreu Soler o apartarlo de los jóvenes.
El abad Josep Maria Soler tuvo conocimiento de esta denuncia seis meses después de su elección en 2000 y decidió apartar a Andreu Soler de los escoltas, lo envió al Monasterio del Milagro -sin contacto con menores- y se puso a disposición de la víctima y de su madre.
En 2016 se entrevistó con la Congregación de la Doctrina de la Fe (en el Vaticano), y en 2019, después de que el 'exscout' Hurtado hiciera público el caso, envió documentación a la Congregación, que respondió que no es procedente el proceso canónico debido a la muerte de Andreu Soler y al hecho de que no había recibido el orden sacerdotal.
En la entrevista de la comisión de investigación, el abad Soler manifestó que "actualmente actuaría de forma diferente, de acuerdo con la normativa civil y canónica".
Un segundo abusador
La comisión también recibió "un informe muy bien documentado, realizado por antiguos escolanes, sobre dos únicos casos de abuso por parte de V.T.M, monje de Montserrat" al que el abad Cassià Maria Just alejó del contacto con menores en 1968, tras entrevistarse con las víctimas, y sobre lo que la comisión considera que actuó con celeridad y transparencia.
En este caso, ve una diferencia a nivel psicológico y conductual con el monje Soler, y considera que en el caso de V.T.M. hubo "una reparación consistente en la admisión de la culpa y arrepentimiento", y considera que los dos abusos que presuntamente perpetró podrían formar parte de un cúmulo de circunstancias concretas que desconocen, y que no se repitieron.
Comisión de investigación
La comisión, constituida el 24 de enero, ha sido integrada por la abogada Cristina Vallejo, el médico Xavier Pomés y la psicóloga Begoña Elizalde, con participación, con voz y sin voto, del portavoz del monasterio, Bernat Juliol, que ha hecho tareas de secretario, coordinador y enlace con el monasterio.
Su trabajo ha consistido en la consulta de informaciones y archivos y entrevistas individuales a las que accedieron ocho denunciantes personas, así como con expertos en abusos a menores y con miembros de la comunidad monástica: el abad del monasterio, Josep Maria Soler; el abad emérito Sebastià Maria Bardolet y Josep Maria Sanromà (actualmente en Roma).
La comisión ha visto necesario realizar un acto público de reconocimiento y petición de perdón, aunque reconoce que el padre Josep Maria Soler cumplió con la petición de perdón y reconocimiento de los hechos en una misa en febrero, mientras que también recomienda un protocolo de protección a menores en el Monasterio que incluya la figura de Delegado de protección.
Reacción en Montserrat
En un comunicado este viernes, la comunidad de Montserrat y el abad Soler han afirmado que hacen suyo este informe, en el caso de ambos agresores: "Ante estos casos vergonzosos de abusos a menores cometidos por miembros de nuestra comunidad, pedimos perdón a todas las víctimas y nos ponemos a su disposición", a la vez que ha manifestado su compromiso de lucha contra esta problemática social.
Siguiendo las recomendaciones de la comisión, están elaborando el plan de protección de menores que mejorará la prevención y detección, y "en breve" nombrarán al Delegado que recomienda el informe, mientras que pondrá en conocimiento de Fiscalía, el Síndic de Greuges y los organismos competentes de la Santa Sede y la Congregación benedictina estas conclusiones.
El 'excout'
Miguel Ángel Hurtado, el primer 'exscout' en hacer públicos los presuntos abusos, ha afirmado en un comunicado que "existen serias dudas sobre la validez de las conclusiones del informe", tanto en el número total de víctimas, como de agresores, así como con la responsabilidad institucional de la abadía, al ver deficiente la metodología de investigación.
Ha vuelto a pedir la dimisión del actual abad de Montserrat y ha acusado a la comisión de tratar de "minimizar el daño reputacional de la institución", mientras que ha considerado que la Iglesia católica no puede investigarse a si misma, sino que es tarea de la justicia civil, ante lo que ha reclamado una reforma urgente del Código Penal para que la prescripción del delito empiece a calcularse después de que la víctima cumpla 40 años.