Cada dos minutos se informa de la desaparición de un niño en Europa. Esa es la escalofriante cifra que arroja la organización ‘Missing Children Europe’, de la Unión Europea, en su último informe público, fechado en 2017. Aquel año fueron 189.054 las llamadas que recibieron las líneas del 116 000, el número que provee la organización para servir apoyo emocional, psicológico, social, legal y administrativo para aquellos que acuden a él. El 19% de los casos en los que ofrecieron ese apoyo existía violencia, abuso, abandono o explotación.
Concretamente, según el análisis de la organización, –que cuenta con 32 países en Europa ofreciendo atención telefónica a través del 116 000 y 178 mediadores en la frontera para prevenir casos de secuestro parental–, la causa mayoritaria por la cual se ha acudido al teléfono para alertar de una desaparición ha sido por fuga; por niños que se escapan, ya sea de su casa o de centros de acogida. Son casos que representaron el 57%. Tras ellos están los secuestros parentales, –tanto en el ámbito nacional como en el cruce de fronteras–, con un 23,2%; las desapariciones por ninguna razón aparente, –en la cual los niños pueden haberse perdido o haber resultado heridos–, con un 14,3%; y los casos de migrantes cuya pista se pierde en el país en el que recalan por diferentes circunstancias, ocupando un 5% de los casos.
Más allá, las desapariciones clasificadas por casos de secuestro de cualquier persona que no sean los padres de la víctima o sus tutores autorizados, ocupan tan solo el 0,2%.
En España las cifras también impactan. Según los datos extraídos del informe ‘Personas desaparecidas en España 2019’ presentado esta misma semana por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, desde el año 2010 han sido 176.063 las denuncias recibidas, –el 66% relativas a desapariciones de menores–, siendo 12.330 las que permanecían activas al inicio de 2019.
No solo eso. En términos generales, la serie histórica refleja un ascenso casi continuo en el número de denuncias, siendo el último año registrado, el de 2018, el que más posee en todo el intervalo de tiempo.
Por otro lado, de las 12.330 denuncias, son 271 las consideradas de alto riesgo, mientras las restantes, que constituyen el 98%, se clasifican como “denuncias de riesgo limitado”. Entre ellas, destaca la división por sexo, que arroja que más del 58% de las denuncias por desaparición registradas corresponde a hombres, mientras que, atendiendo solo a las que permanecen activas, la proporción es de 10.877 frente a 1.296 entre las que afectan a hombres y a mujeres respectivamente.
Más allá, un 53% corresponden a menores, porcentaje que asciende al 79% (9.737) si lo que se tiene en cuenta es la condición de menor de edad justo en el momento en que se produjo la desaparición.
A este respecto, cabe reparar en dos aspectos: por un lado, que la inmensa parte de las denuncias activas sobre menores desaparecidos pertenecen a ciudadanos extranjeros (un 95,79%); y por otro, que la mayoría de éstas corresponden a fugas de centros de acogida, (con un 52%).
El 61% de los extranjeros con denuncia activa por desaparición procede de Marruecos.
Las comunidades autónomas que más denuncias registran son Andalucía y Cataluña, mientras Madrid y Barcelona son las ciudades que más hechos sobre desapariciones aglutinan.
La situación demanda soluciones y, en su búsqueda, Interior anunciaba recientemente un nuevo protocolo para las desapariciones en el que lo primero que se ha hecho es desterrar un mito a través de un contundente recordatorio: “No hace falta esperar 24 horas para poner una denuncia por desaparición aunque se trate de un adulto. Es un mito. De hecho, en estos casos, como a la hora de abordar un rescate, el tiempo es un factor decisivo y clave. Tanto a la hora de denunciar como a la hora de ponerse en marcha iniciando la investigación y la búsqueda.
Para ayudar a los agentes que recogen estas denuncias, una guía les ayudará de un modo similar en el que se utiliza en el sistema VioGén para las víctimas de la violencia de género. A través de una serie de preguntas, se valorará el riesgo. Para ello, se consultará si la desaparición es reiterada o no; si la persona desaparecida tiene amistades peligrosas; si puede ser víctima de malos tratos; si se trata de un anciano, qué enfermedad tiene y qué medicación toma… entre otras cuestiones, como precisa el Centro Nacional de Desaparecidos.
De esa forma, a través de ese conjunto de indicadores se procederá a clasificar como voluntaria, involuntaria o forzosa la desaparición. Los especialistas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía dependen de esas valoraciones que muchas veces quedan en manos del agente que recoge la denuncia. Por eso, el objetivo es mejorar ese protocolo, al igual que dar apoyo a las víctimas. Es fundamental que los afectados, la familia del desaparecido o desaparecida, mantengan una cercanía con el investigador para poder alumbrar en la búsqueda y, a la vez, recibir sustento durante todo el proceso.
Según Juan Carlos Quer, el padre de Diana Quer, –joven madrileña desaparecida en agosto de 2016 y hallada muerta en diciembre de 2017–, ha asegurado que este protocolo es “un paso adelante para dar visibilidad al problema de los desaparecidos” y para “dar protección a los derechos que debe tener cualquier familia”.
Desde ahora, habrá un coordinador policial de desaparecidos en cada provincia, y además se ha puesto en marcha, y en diferentes idiomas, una página web específica del Centro Nacional de Desaparecidos que va a servir para publicar alertas de desapariciones, consejos y prevenciones, así como para contactar con el organismo. El próximo reto es el Estatuto de la Persona Desaparecida, para que tengan los mismos derechos de otras víctimas de crímenes violentos.
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