La investigación de la muerte de Allende reabre dudas sobre sus últimos momentos

Dirigentes políticos de la oposición y organizaciones de derechos humanos celebraron la iniciativa impulsada por la fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago, Beatriz Pedrals, mientras que el Gobierno de derecha aseguró que respeta el inicio de las pesquisas.

"Respetamos todas las decisiones de los tribunales y como Gobierno creemos que todas las situaciones que tengan que ser investigadas se investiguen", indicó la portavoz del Ejecutivo, Ena Von Baer, en declaraciones a los periodistas en Arica, en el norte del país.

En tanto, la senadora del Partido Socialista Isabel Allende sostuvo este jueves ser partidaria de que la Husticia esclarezca la muerte de su padre.

A través de un comunicado, Isabel Allende, quien se encuentra en Palma de Mallorca, donde participa como jurado del Premio Jovellanos "Resistencia y Libertad", afirmó que lo ocurrido el 11 de septiembre de 1973 fue un "ataque premeditado de las Fuerzas Armadas.

"Ellos conspiraron para derrocar al Presidente constitucionalmente elegido, al atacar bombardeando la casa de Gobierno, en el instante que se encontraban numerosas personas, incluyendo al presidente Allende, su familia y varios de sus asesores", añadió.

Sostuvo que dicho acto buscaba, además de derrocar a las autoridades legítimamente elegidas, "doblegar la voluntad del presidente, humillarlo y finalmente eliminarlo físicamente. Así se ha evidenciado en los registros de las conversaciones de (Augusto) Pinochet con el resto de los conspiradores".

El caso del mandatario de la Unidad Popular (UP) se encuentra entre las 726 querellas por violaciones a los derechos humanos que fueron presentadas ayer por la fiscal Pedrals ante el juez especial Mario Carroza, en su calidad de representante del Ministerio Público Judicial.

Las causas presentadas corresponden a casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura de Pinochet (1973-1990) respecto de las cuales no se habían abierto hasta ahora acciones judiciales.

La noticia fue bien recibida por el diputado Osvaldo Andrade, presidente del Partido Socialista (PS), al cual pertenecía Allende, quien se mostró esperanzado en que esta investigación permita corregir el "déficit de verdad y justicia" que hay en Chile.

El diputado del Partido Comunista Hugo Gutiérrez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, aseguró a Efe que siempre fue partidario de la apertura de una investigación judicial para dilucidar la muerte del ex mandatario.

La versión más difundida hasta ahora señala que Allende se mató el 11 de septiembre de 1973, disparándose en la barbilla con un fusil de asalto AK-47, de culata plegable, que le había regalado Fidel Castro, mientras La Moneda (sede de Gobierno) ardía tras ser bombardeada desde aire y tierra durante un golpe de Estado.

Tal explicación ha sido aceptada incluso por familiares y el Partido Socialista, tras décadas en que los cercanos al mandatario defendían la versión de que había caído combatiendo, pero que a la larga se diluyó tras testimonios directos de los médicos Patricio Guijón y José Quiroga, colaboradores de Allende, en 1990.

Según han reiterado ambos en diversas ocasiones, a eso de las 13.50 hora local, Allende ordenó a sus leales rendirse y todos formaron una fila que bajaba desde el segundo piso hasta una puerta lateral de la sede gubernamental.

Allende recorrió la fila de abajo hacia arriba, estrechó las manos de todos, agradeció su lealtad y en seguida entró al salón 'Independencia', en el ala noreste del segundo piso de La Moneda.

En ese momento, relató el doctor Guijón, él regresó al segundo piso para llevarse como recuerdo su máscara antigás y abrió la puerta del salón justo para ver a Allende dispararse. Desde otro ángulo y también a través de una puerta abierta, el doctor Quiroga presenció la misma escena.

A favor de la tesis del homicidio existe un informe del experto forense Luis Ravanal, que detectó anomalías en el análisis de la autopsia de Allende, hecho en su tiempo por el médico José Luis Vásquez, que no menciona, por ejemplo, que el orificio de salida del proyectil no concuerda con el arma utilizada, según explicó a Efe.

"Las características del orificio de salida de la bala no son concordantes con un disparo de arma de guerra, como se afirmó oficialmente", dijo el doctor, quien puso su informe a disposición del juez Carroza, que investigará el caso.

El magistrado dijo hoy que encabezar la indagación de las 726 querellas es "responsabilidad tremenda", y añadió que en el marco de las pericias pedirá informes al Servicio Médico Legal (SML), a la Vicaría de la Solidaridad y al juez Juan Fuentes Belmar, que lleva el juicio por los asesores de Allende detenidos en La Moneda que permanecen desaparecidos.