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Cada una hora desaparece una mujer en Perú. Es el dato que revelan las organizaciones de familiares de víctimas que exigen al Estado “soluciones urgentes” y un protocolo efectivo de búsqueda con enfoque de género, que aborde los casos como violencia machista y desapariciones forzadas.
La mayor parte de los casos implican feminicidios, violaciones sexuales o trata de personas, explicó en una conferencia de prensa virtual la directora ejecutiva de Amnistía Internacional (AI) en Perú, Marina Navarro.
“Es una grave violación de derechos humanos. Casi el 70 % de las desapariciones en Perú son mujeres. Es una situación de violencia de género y se debe tratar como tal”, denunció Navarro, cuya organización es promotora de esta campaña junto a la organización feminista Flora Tristán y colectivo Mujeres Desaparecidas Perú.
El último informe de la Defensoría del Pueblo cifraba en 4.052 las niñas y mujeres desaparecidas en Perú en que lo va de 2020, pero las organizaciones aseguran que son más de 8.275, y consideran insuficiente el sistema de búsqueda de personas desaparecidas del Gobierno.
Este sistema comenzó a funcionar desde el 15 de octubre y cuenta con una página web con las fotografías de las personas desaparecidas, pero sólo de aquellas cuya denuncia fue presentada desde 2018, y no todos los casos desde entonces tienen su foto publicada.
El portal del sistema nacional de búsqueda es “un registro totalmente incompleto” a partir de los datos facilitados al público en general para ubicar a las desaparecidas, a criterio de Navarro.
“¿Qué ocurre con los casos? No hay atisbo de la interseccionalidad. ¿Se trata de mujeres indígenas, campesinas, extranjeras?”, se preguntó la representante de Amnistía Internacional.
En ese sentido, la directora del Centro de la Mujer Peruana (CMP) Flora Tristán, Liz Meléndez, apuntó que “los estereotipos de género no permiten una investigación rápida y diligente de estos casos, lo que pone en riesgo la vida de las mujeres”.
Por ello, Katherine Soto, fundadora de Mujeres Desaparecidas Perú, exigió que en menos de 24 horas se pueda acceder a la geolocalización y al registro de llamadas del teléfono móvil de la víctima para facilitar su ubicación.
También planteó un banco de muestras de ADN similar al que ya se utiliza para la identificación de desaparecidos del conflicto armado interno (1980-2000) que permita identificar rápidamente un cuerpo.
Soto recordó que la búsqueda no termina cuando aparece una mujer viva y puso como ejemplo el caso de una niña de 13 años que apareció con vida, pero embarazada, víctima de una violación durante su desaparición.