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La Inspección de Trabajo ha ordenado archivar el caso de la trabajadora de Iveco que se suicidó tras difundirse en las redes sociales un vídeo suyo de contenido sexual. La decisión desestima la denuncia de CC. OO. contra la empresa por no proteger a su empleada y no activar el protocolo contra el acoso, según informa El Periódico de Cataluña.
Según el organismo administrativo, la "única preocupación" de la víctima era conseguir un cambio de turno para poder cuidar a sus hijos. Por ello concluye que "el problema de la trabajadora no se encontraba tanto en el entorno laboral, sino en el personal".
En su resolución, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, afirma que lo que le preocupa era que las imágenes pudieran llegar a su entorno familiar, especialmente a su marido.
Se trata del segundo archivo de este caso. El primero tuvo lugar el pasado 25 de mayo cuando el Juzgado de Instrucción número 5 de Alcalá de Henares decidió dar carpetazo a las diligencias abiertas para investigar el origen de la difusión de un vídeo sexual en mayo de 2019 de una madre de 32 años trabajadora de la fábrica de Iveco de San Fernando de Henares que se quitó la vida como consecuencia de ello.
El archivo se produce por "falta de autor conocido" del delito de descubrimiento y revelación de secretos investigado, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas. La juez Ana María Gallegos se hizo cargo del caso tras recibir el atestado policial del suicidio, que investigó si fue una antigua pareja de la fallecida o ella misma por un error la que propagó por primera vez esas imágenes íntimas.
Los agentes analizaron el vídeo que se filtró y comprobando quiénes lo compartieron y si la mujer pudo sufrir acoso por este motivo por parte de algunas personas de la empresa que trabajaba, del grupo Iveco.
La mujer, de 32 años y madre de dos hijos pequeños, estaba preocupada tras la difusión del vídeo entre sus compañeros de trabajo por lo que opinaría su marido, que lo vio tras su difusión. En ese momento, la mujer padeció una crisis nerviosa. Al día siguiente, se suicidó en su casa de Alcalá de Henares.
Tras la reforma del Código Penal de 2015, a raíz del caso de Olvido Hormigos, se estableció una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses al que, "sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquella que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona".