Hace dos días Tomás Pardo, conocido como El violador de Martorell, reconoció en la Audiencia de Barcelona que en el trascurso de un permiso penitenciario secuestró, violó y apuñaló a una mujer, a quien después abandonó. Sin embargo, según expresa Rocío Gómez, psicóloga forense en los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria de Madrid, Tomás Pardo no habría disfrutado “probablemente” de dicho permiso en la capital gracias al correspondiente análisis psicológico de peligrosidad de un psicólogo forense.

Tal y como expresa la experta “no hay psicólogos forenses en Cataluña en vigilancia penitenciaria”, algo importante en la concesión del permiso a Pardo ya que “al que cuentan con este servicio son Madrid y Asturias”. En la misma línea, desde la Asociación de Psicólogos Forenses de la Administración de Justicia, corroboran que “solo hay este tipo de gabinetes en Madrid y Asturias”.

Para la psicóloga forense, un sujeto que ha estado preso por violación puede reinsertarse en la sociedad pero “hacen falta más tratamientos psicológicos individualizados, lo que requeriría más financiación y psicólogos en centros de inserción social de carácter público”.

Otros expertos que también creen en la reinserción son Andrés Puello, profesor de Psicología en la Universidad de Barcelona, y Miguel Pérez, profesor de psicopatología en la Universidad de Salamanca, aunque coinciden en que no es posible en todos los casos. “Se puede ser un poco optimista, pero realista a la vez. La rehabilitación de los delincuentes sexuales es posible, pero es difícil o muy difícil”, dice Pueyo mientras que Pérez asevera que “las infraestructuras de nuestra sociedad no tienen recursos suficientes para atender la reinserción de este tipo de presos”.

“Desde hace muchos años psicólogos y otros profesionales de la ejecución penal, que trabajan mayoritariamente en las prisiones, se han esforzado en desarrollar iniciativas, de diverso tipo, que están dando resultados prometedores. Entre los tratamientos existentes, destacan especialmente las llamadas terapias cognitivo-conductuales, que están destinadas a cambiar las actitudes, creencias y disposiciones violentas propias de los violadores”, concluye Pueyo.

Sin embargo, Blanca Estrella Ruiz, presidente de la Asociación Clara Campoamor, es contraria a la vuelta de un violador a la vida social, ya que “no hay reinserción que repare una violación”. Asimismo denuncia que muchos violadores no acudían en prisión a talleres sobre igualdad, que desde la misma asociación diseñaron.

En diciembre del 2018, un grupo de expertos pidió al Ministerio de Justicia la modificación del Código Penal para que el delito de abuso sexual quedara englobado bajo agresión sexual o violación, quedando este último delito con una pena máxima de 15 años de prisión. Sin embargo, dicho cambio del Código Penal ha quedado truncado hasta que no se vuelvan a formar las Cortes Generales que saldrán de las próximas elecciones generales del 22 de abril.